UPM advirtió al gobierno por posibles despidos tras sanciones por uso de agroquímicos

Se trató de una jornada de celebración para la que vinieron las principales autoridades de la empresa desde Finlandia, y que fue definida por el mandatario como una muestra del “mejor Uruguay” ya que un número importante de jerarcas de la segunda administración de Tabaré Vázquez dijeron presente e incluso uno de ellos, el exministro Víctor Rossi, subió al estrado a cortar la cinta.

Si bien estaban casi todas las figuras del gobierno actual, hubo una ausencia que no pasó desapercibida: la del ministro de Ambiente, Adrián Peña. El jerarca desistió de participar debido a que la terminal no tenía la autorización ambiental de operaciones, por lo que estaba siendo inaugurada pero aún no podía comenzar a funcionar. 

Los técnicos habían dado un aval primario para esa fecha y la autorización definitiva llegó a fines de octubre, lo que habilitó que a principios de noviembre la terminal recibiera la primera embarcación con los insumos necesarios para lo que será la futura puesta en marcha de la fábrica en Pueblo Centenario el primer trimestre del 2023.

La inauguración fue coordinada por UPM con Presidencia en reuniones en las que la empresa finlandesa pidió hacer los máximos esfuerzos para que la autorización estuviera emitida en el momento del corte de cinta. 

La empresa argumentaba que era importante que la luz verde estuviera en ese momento ya que el anuncio se realizaría a nivel mundial mediante una comunicación a los accionistas dado que UPM cotiza en bolsa. 

El caso –que para algunos resulta simbólico y para otros anecdótico– describe las idas y vueltas entre el gobierno y la empresa en los últimos meses.

Según confirmó El Observador con fuentes del Poder Ejecutivo, la empresa transmitió que la prohibición de usar una serie de agroquímicos en los viveros forestales –razón por la que será multada por los ministerios de Ambiente (MA) y Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)– hacía inviable la producción por lo que tendría que enviar a seguro de paro a trabajadores, una situación que se repetiría con otras empresas radicadas en la Sociedad de Productores Forestales (SPF). 

En Santana, el vivero en Guichón donde se detectaron las irregularidades, trabajan aproximadamente 150 personas, de acuerdo con la empresa.

Sanciones

El 14 de octubre, Ambiente emitió una resolución en la que señaló que UPM había “derivado” desde el vivero “sustancias contaminantes” hacia la cañada y el arroyo Santana por lo que era “pasible de ser sancionada” con una multa de hasta $1 millón (700 UR). 

La empresa presentó dentro de los diez días que tenía sus descargos y ahora Ambiente tiene 120 días para terminar de definir las multas. La resolución también indicaba que UPM debía presentar una serie de datos ante organismos públicos, hacer modificaciones en el vivero para evitar que los residuos terminen en el agua, y “cesar en forma inmediata y definitiva el uso de agroquímicos que no cuenten con el registro habilitante ante el MGAP”. 

Este último punto fue el que provocó el reclamo de la empresa en Presidencia y ante los ministerios.

Dos semanas antes de esta resolución, el departamento de Fiscalización del MGAP emitió un informe que señaló que solo 2 de los 19 agroquímicos que UPM utilizaba en Santana estaban autorizados.

Esta semana, pese a que tanto el ministro como el subsecretario ya lo habían anunciado, el MGAP también le comunicó oficialmente a la empresa que será sancionada, aunque aún no se estableció de cuánto será el monto.

“Desde hace varios años la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) viene solicitando al sector (entre ellos a UPM) que envíe un listado de posibles productos, cuyo modo de uso pueda ser agregado a los registros existentes”, señala el documento del departamento de Fiscalización.

Vía rápida

Pese a esto, la SPF solicitó recién el 7 de octubre la autorización de uso en viveros forestales de una serie de agroquímicos. Casi un mes antes, el 16 de setiembre se había presentado el “primer listado” de productos para ser evaluados, lo que no constituye un trámite formal.

Una vez que son presentados los productos, la DGSA tiene un plazo de 90 días para definir si los aprueba.

De acuerdo con expedientes públicos revisados por El Observador, lo habitual es que el gobierno demore entre dos y tres meses para aprobar las autorizaciones por la cantidad de información que se solicita, pero en este caso se produjo a los 18 días.

El 25 de octubre, el director de Servicios Agrícolas, Leonardo Olivera, autorizó el uso de nueve productos que venían siendo utilizados por las empresas en los viveros forestales. En la resolución, Olivera señaló que las dosis habilitadas “no representan riesgos para el ambiente y organismos no objetivo debido a su modo de uso en vivero o invernáculos” aunque el documento menciona que los trabajadores que los apliquen deberán usar guantes de látex, mameluco impermeable, botas, careta antiparras, y máscara de tipo N100 con filtros de partículas y vapores orgánicos como medidas de mitigación para la “salud humana”.

A su vez, la resolución subraya que cinco de los nueve productos autorizados son “altamente” tóxicos para organismos acuáticos, mientras que otro es “muy tóxico”, otros dos son “moderadamente” tóxicos y uno “ligeramente” tóxico. Respecto a las aves y abejas, hay uno de los productos que es “altamente tóxico”.

Esta semana, la DGSA tenía previsto autorizar otros seis productos, pero la decisión quedó en suspenso.

La Asociación de Vecinos de Guichón había denunciado que a ellos les costó “más de 10 años lograr que el Estado confirmara todas las denuncias” y la empresa “en una semana” hizo que el MGAP le autorice los productos que usó “por años sin autorización y que han causado ecocidio en la zona”.

Desde la SPF dijeron a El Observador que los productos autorizados están registrados en Uruguay para uso en horticultura, fruticultura y agricultura, por lo que ya estaba demostrado que cumplían con temas agronómicos, toxicológicos y ambientales.

A su vez, remitieron a un comunicado que menciona que las empresas forestales aplican estos productos en condiciones controladas y en el marco de certificaciones internacionales que son evaluados periódicamente por auditores independientes. “Por otro lado, estos productos se utilizan en toda la región (Argentina, Brasil, Chile y Paraguay) en producción de alimentos y forestación con fines comerciales, con los registros correspondientes”, sentenciaron.

La situación fue analizada por los diputados que integran la comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes. En la sesión, el legislador del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, dijo que el MGAP “siempre actúa como teniendo en cuenta el negocio”, mientras que Rafael Menéndez de Cabildo Abierto agregó que le causó “impresión” la “celeridad” con la que se autorizaron los productos. A su vez, Diver Fernández del Partido Colorado mencionó que el Ministerio de Salud Pública estaba “omiso” y que había un “manejo indiscriminado de agrotóxicos”.

“Hay falta de información y de coordinación a nivel del Estado. Hay tres ministerios: el de Ambiente, el de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el de Salud Pública, que se dedican a otras cosas y no a esto. Estos productos se venden indiscriminadamente y los que son autorizados también son malos”, sentenció.

Los diputados irán el viernes 18 a Guichón a ver cómo funciona el vivero Santana y hablar con los vecinos.

En tanto, los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ambiente, y Salud Pública serán convocados a diferentes de comisiones del Parlamento para que expliquen si existen riesgos por la utilización de los agroquímicos que recientemente fueron autorizados en los viveros forestales.