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Ministerio de Ambiente multó a UPM en $ 1 millón
El Ministerio de Ambiente multó a UPM con 700 unidades reajustables ($ 1.046.000, unos US$ 25.000) por usar productos contaminantes no habilitados en el vivero que tiene a orillas del arroyo Santana, en Paysandú, y por omisiones en el manejo de los efluentes de ese establecimiento, como había informado El Observador.
La multa se establece “por haber derivado desde el vivero (…) sustancias contaminantes (plaguicidas) hacia la cañada y el arroyo Santana, en contravención de la previsión del artículo 144 del decreto-ley 14.859”, dice la resolución.
“Es importante que quede claro que la autoridad ambiental actúa con esta empresa como con cualquier otra”, dijo el ministro Adrián Peña a El Observador.
UPM tiene ahora 10 días hábiles para hacer sus descargos que eventualmente podrían modificar la decisión del Ministerio de Ambiente. En un comunicado, la empresa señaló que la resolución del Ministerio de Ambiente “está siendo analizada” y “será respondida con los descargos correspondientes en los plazos formales”.
La resolución del ministerio, fechada el 14 de octubre, señala que el proceso que terminó con la multa se inició cuando “fueron recibidas denuncias y se realizaron constataciones por la mortandad de peces en la zona de desagüe del vivero Santana”.
Se trata de un establecimiento que se encuentra en el kilómetro 392 de la ruta 4, cerca de la localidad de Guichón.
La resolución con la multa es el corolario de una serie de actuaciones del Estado respecto al vivero. “El Ministerio ha sido activo y ha estado atento a todo el proceso”, afirmó Peña.
El 4 de mayo se había intimado a la empresa a que cesara “todo vertido de aguas potencialmente contaminadas” y que presentara un “listado de plaguicidas utilizados” y el “detalle de las canalizaciones” por las que discurren los efluentes del vivero.
El 5 de octubre, el área de Información, Planificación y Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente constató que existían zonas del vivero “que no tenían sistemas de conducción y canalización de excedentes de riego” y que estos “culminaban en una cañada afluente del arroyo Santana”.
Además, la Dirección General de Servicios Agropecuarios estableció que solo 2 de los 17 productos químicos empleados por la empresa están habilitados para ser usados en viveros.
En las consideraciones que justifican la sanción impuesta, el Ministerio de Ambiente establece “que la empresa reconoció la existencia de vertidos y presentó información dando cuenta de las acciones realizadas para eliminarlos, cuando en estos mismos obrados había informado anteriormente que no existían vertidos directos de ningún tipo, utilizando plaguicidas no registrados, cuyos principios activos son considerados tóxicos o muy tóxicos para la vida acuática”.
Además de la multa, UPM “deberá complementar, aclarar y justificar la información presentada respecto al sistema de recuperación de agua de riego”. También “incorporar en el programa de monitoreo comprometido, la totalidad de los principios activos que sean utilizados en el vivero (…) realizando los monitoreos con una frecuencia acorde a las aplicaciones de tales productos”.
Asimismo, se le dio a UPM un mes para conseguir la aprobación de la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) y se la intimó a “cesar en forma inmediata y definitiva el uso de agroquímicos que no cuentan con registro habilitante ante el MGAP”.
Denuncias desde 2011
“Reconocemos y saludamos las actuaciones del Ministerio de Ambiente y de la Dirección de Servicios Agropecuarios”, dijo Marcelo Fernández, vocero de la organización Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales.
“Estas resoluciones –agregó– terminan de confirmar todas nuestras denuncias. Queda claro que la empresa no dice la verdad e incumple la normativa”.
Una delegación de ciudadanos de Guichón, encabezada por el alcalde Martín Álvarez, se había presentado la semana pasada ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado para plantear su preocupación respecto a las actividades del vivero de UPM. Tras la reunión, la senadora Gloria Rodríguez dijo que se comprometieron a hacer gestiones ante las distintas reparticiones involucradas en el asunto para que actúen y también el de acelerar proyectos que establezcan delitos ambientales.
La contaminación del arroyo Santana viene siendo denunciada desde hace años por los vecinos. Un memorándum del Ministerio de Ambiente al que accedió El Observador dice que los vecinos ya comenzaron a manifestar su preocupación en 2011, antes de que el vivero se instalara. Las primeras quejas se recibieron en la Dinama en 2014. El memorándum resalta en letras negritas que “la empresa en las distintas actuaciones realizadas por el Ministerio” había señalado que “el vivero debería operar sin vertidos directos de ningún tipo a la cañada afluente del arroyo Santana”.
Sin embargo, los técnicos que actuaron en el caso comprobaron que, por el contrario, “el exceso de riego” en el vivero generó “el vertido de agua con potencial contaminación de plaguicidas”. Además, agregaron que UPM también provocó vertidos debido a que colocó plantines en “áreas que no contaban con infraestructura de captación y canalización de exceso de riego”. También se generaron vertidos por “problemas de mantenimiento y operación de las infraestructuras para canalizar y almacenar las aguas para su reutilización”.
En el comunicado que emitió tras conocerse la multa, UPM reiteró lo que ya había manifestado en un comunicado anterior, emitido luego de que la Dirección General de Recursos Agropecuarios dictaminara que solo dos de los 17 productos usados en el vivero estaban habilitados para ese uso.
La comunicación empresarial señala que “UPM y el sector forestal uruguayo en su conjunto” están haciendo gestiones para que los productos que emplean sean habilitados para viveros. Y agrega que “todos los productos referidos ya están autorizados en el país para uso intensivo en el sector agrícola u hortifrutícola”.
Los agroquímicos en cuestión “no se encuentran registrados para uso forestal, pero su uso no está prohibido por ley”, señaló un comunicado de la Sociedad de Productores Forestales.
En los comunicados de la empresa y de la sociedad forestal no hay referencias a los vertidos directos constatados por los técnicos del Ministerio de Ambiente.
Según el Código de Aguas está prohibido introducir en las aguas o colocar en lugares desde donde puedan derivar hacia ellas, sustancias susceptibles de poner en peligro la salud humana o animal, deteriorar el ambiente natural o provocar daños.
