Uruguay, ¿un país que debate siempre de lo mismo? Los temas de la agenda de antes y de ahora

El ejemplo es solo una muestra de que pese al correr de los años, la agenda política, social y económica de Uruguay está cargada de temas que nunca se fueron.

La reforma de las empresas públicas, la viabilidad del sistema previsional, los debates sobre cambios para la enseñanza, la seguridad pública y el rumbo del Mercosur, atravesaron los gobiernos cualquiera sea su color político.

Los líos en el puerto fueron otros de los temas que por uno u otro motivo también siempre estuvieron, junto a Pluna -hasta su cierre pero después también-, el rol de las Fuerzas Armadas, la sucesión de mutualistas en crisis, el duelo en Montevideo entre la intendencia y el sindicato de municipales (Adeom) con los problemas por la recolección de la basura, las inundaciones sobre todo en el interior del país, y hasta el ansiado tren de avenida Italia.

La seguridad social

Tras años de debates sobre los porcentajes de los aportes, las tasas de interés, que siguieron incluso tras su aprobación, la reforma de la seguridad social, que se discutía desde el primer número, entró en vigencia el 1° de abril de 1996. 

Uruguay instaló desde entonces un sistema mixto que combinó el tradicional régimen de solidaridad intergeneracional con uno de ahorro individual mediante las AFAPs. Ese nuevo régimen fue obligatorio para los menores de 40 años y la edad mínima para jubilarse pasó a ser de 60 años (para las mujeres era de 55 hasta entonces) junto a un registro laboral de al menos 35 años.

“Luego de varios años de acaloradas discusiones con buena parte del espectro social y político y en medio de un mar de dudas e incertidumbres de la gente, mañana se pondrá en práctica una de las reformas más profundas que se ha llevado a cabo en el país en las últimas décadas, la de la seguridad social”, explicó la nota de El Observador en la edición 1.214 del 31 de marzo de ese año.

El sistema previsional volvió a estar en el primer lugar de la agenda por estos días, cuando el sistema político ultima detalles para presentar un nuevo proyecto de reforma. 

Pero también tuvo varias discusiones en el durante, cambios a la edad para acceder a la causal jubilatoria, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social de 2009 declarado inconstitucional años después, y la ley de los cincuentones en los gobiernos frenteamplistas. 

Empresas públicas

Las reformas en el estado y en particular de las empresas públicas fue otro punto que fue y vino en la agenda de las 10.000 ediciones. 

La ley de empresas públicas del gobierno de Luis Alberto Lacalle fue derogada de forma parcial en 1992 mediante un referéndum. Los artículos impugnados fueron el 1,2 y 3 que daban potestades al Poder Ejecutivo para otorgar a capitales privados acciones en compañías estatales, el artículo 10 referido a Antel, y el 32 sobre otras normativas vigentes.

“El tema no es privatización sí o no, sino la discusión en su conjunto de la reforma del Estado y su rol en el Siglo XXI”, dijo el por entonces intendente de Montevideo Tabaré Vázquez. Otra edición de octubre de ese año dio cuenta de otras aristas de la agenda pública del momento. “Las reformas institucional, educativa y salud son prioridad para los políticos”, fue el título de un informe sobre las prioridades del período legislativo en la que opinaron el blanco Sergio Abreu, el colorado Alejandro Atchugarry y el frenteamplista Danilo Astori.

El triunfo del Sí ocurrió el domingo 13 de diciembre de 1992 y fue consignado en la edición 284 del lunes siguiente. Una vez conocido el resultado, el presidente Lacalle manifestó que la votación “no hace detener la reforma del Estado”. Por su parte, el colorado y quincista Jorge Batlle evaluó que hubo “un voto castigo contra el gobierno”.

Pero también ese período abrió el camino para la privatización de Pluna y habilitó a UTE a vender energía a terceros.

“El proceso de reforma del Estado es complejo y no se reduce a privatizaciones. Ese fue un esquematismo hoy superado”, dijo en la entrevista que concedió a un año de asumir Julio María Sanguinetti el 1° de marzo de 1996 en la edición 1.185, y agregó que “se ha impulsado un real cambio estructural aún no bien apreciado”.

Allí enumeró la implementación de la reforma previsional, “las bases” de nuevos cambios en la enseñanza y “un profundo proceso de cambios en material penal”. 

En la edición siguiente del sábado 2, Astori y Vázquez, reunidos en la previa de un Plenario del Frente Amplio, daban cuenta de “algunas puntos de vista diferentes” entre ellos, aunque ante los medios aseguraron que eran “muchas más las coincidencias”.

El gobierno de Jorge Batlle aprobó en el año 2000 dos leyes de urgencia sobre temas relativos a la industria, los entes, el agro, el empleo, la seguridad y la vivienda, entre otros temas, todavía antes de que comenzara la crisis que llevó a su administración a un pozo.

Batlle además volvió a impulsar cambios en las empresas públicas, en este caso en Antel, pero en 2002 el PIT-CNT forzó al oficialismo a derogar la normativa que habilitaba la asociación de la compañía con privados. 

Con un presidente ya cascoteado, al año siguiente fue derogada una ley que permitía la asociación de ANCAP con privados, un texto sometido a un referéndum realizado el 7 de diciembre de 2003, en una jornada en la que el Frente Amplio ató la votación a lo que sucedería al año siguiente. 

Pero la polémica por ANCAP también volvió, y se hizo fuerte durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, cuando el Poder Ejecutivo debió capitalizar la empresa por más de US$ 850 millones en diciembre de 2015 tras la gestión del por entonces vicepresidente, Raúl Sendic, en medio de un fuego cruzado entre protagonistas del oficialismo y los reclamos de la oposición liderada ya en ese momento por Luis Lacalle Pou. “El dinero que falta en ANCAP está en el gobierno central”, dijo Sendic en agosto de 2015. Y Astori respondió unos días después: “Jamás se puede decir, ni siquiera en términos metafóricos, que el dinero de las pérdidas de ANCAP está en el MEF”.

Sendic terminó renunciando a su cargo por el uso que dio a las tarjetas corporativas del ente. Eso ocurrió en setiembre de 2017, tras un nuevo proceso de marchas y contramarchas de los referentes frenteamplistas José Mujica y Tabaré Vázquez sobre la figura del exvicepresidente.

“Pienso que, al lado de las situaciones que nos tocó gestionar, es un detalle. Puede haber errores y lo reconozco y pido disculpas por los errores que pueda haber, pero no pienso entrar en esos detalles ahora”, había respondido dos semanas antes de renunciar Sendic a El Observador (en la edición 8.834) al ser consultado sobre el uso que dio a las tarjetas, durante una recorrida que realizó en el día del comité de base.

La discusión sobre el rumbo del ente petrolero volvió a estar sobre la mesa con el cambio de signo político en el gobierno. El fin del monopolio de ANCAP promovido por el Partido Nacional y discutido durante la ley de urgencia presentada por Lacalle Pou derivó en una negociación que se encaminó hacia la paridad de los precios de importación de los combustibles pero en la que naufragó la libre importación. 

Puertos y Pluna

En 1992 la votación de la Ley de Puertos en el Parlamento terminó con cruces entre oficialistas y opositores y las barras de la Cámara de Diputados fueron desalojadas. Allí estaban los trabajadores portuarios que reaccionaron con gritos ante la votación.

En los últimos años el puerto protagonizó distintos conflictos: uno con Buenos Aires por las cargas; y otro en su interna que enfrentó a Katoen Natie con Montecon, ahora  recrudecido tras la concesión por 50 años para la Terminal Cuenca del Plata.

Pluna también dio varios dolores de cabeza a distintos gobiernos y fue otro de los temas recurrentes de la agenda. La asociación con Varig de 1995 no dio resultado, tampoco la posterior con Leadgate de Matías Campiani en 2007, en una empresa que fue liquidada el 12 de julio de 2012, durante el gobierno de Mujica.

El cierre estuvo marcado, además, por la venta de sus aviones que ante la falta de interesados terminó en un escándalo público que quedó al descubierto con la icónica foto que mostró un almuerzo en Ciudad Vieja entre el por entonces ministro de Economía Fernando Lorenzo, el dueño de Buquebus Juan Carlos López, y el caballero a la derecha, que apareció en el remate de las aeronaves en la rural del Prado como representante de Cosmo. Como consecuencia terminaron imputados el ministro Lorenzo y el presidente del BROU, Fernando Calloia.

Educación

Las reformas en la enseñanza tuvieron también varios capítulos conflictivos, en un asunto que enfrentó a distintos gobiernos con los sindicatos docentes. 

Agosto de 1996 es recordado por las ocupaciones estudiantiles a los liceos contra la reforma promovida por Germán Rama y apuntalada por Sanguinetti. El denominado plan 96 promovió las escuelas de tiempo completo en zonas de contexto crítico, los comedores escolares, la descentralización de la formación docente y la organización de las asignaturas en seis áreas de conocimiento. 

El Frente Amplio promovió al asumir nuevos cambios curriculares a partir de 2006 y votó en 2008 la Ley General de Educación que habilitó entre otras cosas la representación docente en la conducción de la enseñanza. Pero también debió enfrentarse a los sindicatos, tanto por el estado edilicio de los centros educativos durante el gobierno de Mujica o cuando Vázquez decretó la esencialidad de la enseñanza en agosto de 2016 que luego debió levantar por la presión sindical y de sectores del Frente Amplio. . 

El dirigente frenteamplista prometió un cambio del ADN de la enseñanza que nunca pudo concretar, y eso tampoco lo pudo cumplir Mujica.

Los cambios en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) vuelven ahora a estar sobre la mesa, con una reforma en la estructura de los órganos de conducción y el anuncio de cambios curriculares que otra vez levantarán polémica.

Fuerzas Armadas y Mercosur

Otros temas recurrentes a lo largo de las 10.000 ediciones fueron las mutualistas en crisis, y las inundaciones sobre todo en la zona del litoral y el centro del país.

En Montevideo, la gestión de la ciudad, estuvo marcada por una tirante relación entre la administración frenteamplista y Adeom, con algunos momentos de paz sindical, pero bajo la constante del problema de la basura como escenario repetido en las calles de la ciudad.

Seguridad

Con la llegada del FA al poder, ya no hubo plebiscitos sobre empresas públicas. Las últimas consultas populares se volcaron desde entonces para el área de la seguridad, otro de los temas de la agenda desde siempre. 

En 2014 se puso a consideración de la población bajar la edad de imputabilidad y en 2019 la reforma Vivir sin miedo. Si bien las dos votaciones naufragaron, pusieron sobre la mesa una de las principales preocupaciones de los uruguayos. 

Como prueba de que el tema persistió en el tiempo, al asumir Sanguinetti en 1995 prometió un “gran esfuerzo” por la seguridad pública. 

Aumento de penas, modificaciones al régimen de salidas transitorias mediante la Ley de Seguridad Ciudadana, otros cambios normativos y reformas del proceso penal fueron también parte de los debates que tuvo ese período y que volverían una y otra vez.

El Parlamento sancionó entre 1996 y 1997 una reforma del proceso penal para abandonar el viejo sistema inquisitivo y pasar al acusatorio (más garantista porque el juez sólo juzga lo que el fiscal investiga) que tras años de negociaciones, y varias marchas y contramarchas, se dejó en suspenso. Recién en 2017 se aplicó el nuevo Código del Proceso Penal.

Durante los gobiernos frenteamplistas la oposición cuestionó la gestión en seguridad en los 10 años que Eduardo Bonomi lideró el Ministerio del Interior pero también, una de las mayores críticas que se llevó el primer período de Vázquez fue la ley de humanización carcelaria que habilitó la liberación de presos.

Los cambios en la Ley de Urgente Consideración son nuevas herramientas que también están en discusión. En tanto, en los últimos años ganaron visibilidad los casos de violencia de género.

Los temas que dejaron de estar

Pero en seguridad, como en otras áreas, hubo temas que quedaron en el olvido. Algunas modalidades delictivas como las superbandas que a finales de la década de 1990 robaron instituciones financieras o la ola de explosión a cajeros en 2018 y 2019, o las fugas de menores de los centros de reclusión que tuvieron un pico sin precedentes en 2011.

En 1997 un hotel rompió la unidad del Frente Amplio cuando un episodio protagonizado por el entonces edil Jorge Zabalza desencadenó en la renuncia de Tabaré Vázquez a la presidencia del Frente Amplio. 

Desde su lugar, el tupamaro se opuso a la privatización del Hotel Carrasco, incumplió el mandato del Plenario Nacional, y forzó la salida del dirigente. Pero ese sería solo uno de los problemas que enfrentaría la IMM con este hotel, ahora gestionado por Sofitel. Luego de varias idas y vueltas y fracasos en las concesiones, su apertura ocurrió en marzo 2013 tras varios atrasos en los trabajos de refacción.

También quedó por el camino en impulso de reelección presencial de Vázquez, que tuvo el Frente Amplio pero naufragó.

El tren del TLC con Estados Unidos pasó y el conflicto con Argentina por las papeleras parece superado luego de una larga tensión que terminó en la Corte Internacional de La Haya y los puentes binacionales cortados entre 2006 y 2010.

El cepo ya no está en las ruedas de los autos, ni la guerra de patentes, aunque los que tampoco prosperaron fueron proyectos varias veces en carpeta como el puente Colonia Buenos Aires o el tren por avenida Italia.