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Vecinos extrañan la "seguridad" del muro narco de su barrio
El sol calentaba las paredes revestidas de ladrillos del Complejo Quevedo (Juan Quevedo y Barros Arana) mientras unos niños que hasta hace instantes pateaban una pelota de fútbol deshilachada se refrescaban con un balde de agua fría. En medio del feriado de este lunes, unas mujeres aprovechaban para compartir un mate sentadas en reposeras y un hombre miraba televisión desde la sala de su vivienda, que se encuentra con la puerta abierta de par en par para dejar entrar un poco de aire fresco.
Aquella tranquila vecindad era hasta hace dos semanas una fortaleza impenetrable. La fiscal de estupefacientes, Mónica Ferrero, que estuvo detrás de la investigación para desarticular el clan familiar que se dedicaba a la venta de drogas en el lugar, y que culminó el pasado viernes 5 de octubre con seis personas detenidas y los dos líderes del grupo tras las rejas, lo había definido como un verdadero “fortín narco”.
Un muro perimetral con alambre de púas construido sin permiso de la Intendencia y financiado por la banda criminal, guardias armados que custodiaban quién entraba y quién salía, y 36 cámaras de vigilancia que eran monitoreadas desde el celular de la líder del grupo, daban al llamado Clan Figueroa total control de este complejo de 48 viviendas que había sido inaugurado en mayo de 2015 como parte de un realojo de familias del asentamiento Siete Manzanas.
Sin embargo, de aquel “fortín narco” no queda casi nada. Tras cerrar la boca de droga y el almacén que la familia utilizaba como pantalla de su negocio ilegal, el pasado miércoles el Ministerio del Interior derrumbó el muro perimetral y quitó las cámaras que servían de ojos para los Figueroa.
“Es una cagada para el barrio”, se lamentó Mario (no es su verdadero nombre), quien vive en una de las viviendas del complejo. Con un niño menor a su cuidado, este hombre –que prefirió no dar su nombre en esta nota- siente que desde que el Ministerio del Interior desarticuló al clan Figueroa y tiró abajo sus medidas de control, se perdió seguridad.
“Estoy pensando en ponerle reja a mi ventana y ahora tengo que tener más cuidado con el nene”, explicó.
Varios vecinos contaron a El Observador que el dinero para la construcción del muro perimetral fue suministrado por el hombre que junto a su pareja lideraba el grupo criminal. “El loco era buen tipo”, aseguró Mario, aunque reconoció que todos sabían que tenía una boca de droga. Era un “desfile de adictos”, recuerda.
“Andaban en la suya, pero eran buenos”, concluyó sobre los Figueroa.
Mientras el líder narco puso el dinero para los materiales, varios vecinos participaron de la obra. Mario dijo que ya hubo una reunión en el barrio en la que se definió que intentarán volver a construir el muro, esta vez con permiso de la Intendencia.
Mientras tanto, una mujer de unos cincuenta y tantos que tomaba mate con otra vecina sentada en una reposera, también cuestionó que el muro haya sido derrumbado. “Nos daba seguridad”, aseguró, y prefirió evadir la pregunta sobre quién había financiado la obra. “Cada uno en su casa, yo me hablo y saludo a todo el mundo, pero el chusmerio no corre conmigo”, explicó.
Otro hombre, de pelo canoso y de unos 60 años, contó que gracias a aquel muro el barrio se sentía seguro. “Antes nos robaban de todo, a mi me llevaron hasta la batería de un auto” aseguró. Cuando El Observador le pregunta sobre el hombre que financió la obra, cortó la conversación en seco: “yo en eso no me meto”.
El muro y un muerto
Un homicidio en el barrio ocurrido meses antes de la intervención de la policía en el lugar es para la fiscalía un ejemplo de hasta qué punto el muro del Complejo Quevedo era más una protección contra las autoridades que una protección para los vecinos.
Según contó la fiscal durante la audiencia en la que se fijó la prisión preventiva para los líderes del grupo, un hombre que fue baleado en el lugar murió cuando uno de los integrantes del clan criminal decidió trasladarlo a un centro de salud, en lugar de llamar a una ambulancia.
Para los investigadores, se evitó llamar a personal de la salud para que al lugar ni ingresen extraños, ni mucho menos la policía, como hubiera ocurrido en este caso ya que el herido tenía un impacto de bala.
Sin embargo, un vecino consultado por El Observador, aseguró que las ambulancias sí entraban al complejo, aunque admitió que la policía y los extraños tenían la entrada restringida.
Los expulsados
Los Figueroa controlaban nueve de las 48 viviendas del complejo, a las que se mudaron familiares y allegados al grupo criminal. La fiscal aseguró que tiene pruebas de que los dueños originales de algunas de ellas se fueron expulsados bajo amenaza del clan familiar, una modalidad similar a la aplicada por la banda de los Chingas en Los Palomares.
De los seis detenidos llevados ante la Justicia, dos fueron señalados por usurpación, uno es el padre del líder del grupo, y el otro, una mujer que llegó al barrio después de supuestamente alquilar la vivienda. Esta última reconoció que estaba usurpando la casa–ya que la misma no podía ser puesta en alquiler- lo que le permitió evitar ser condenada con prisión.
El hombre, en tanto, fue enviado a la cárcel con prisión preventiva por 60 días a la espera de un juicio definitivo.
Sin embargo, varios vecinos negaron que tales expulsiones existieran. “Nadie fue sacado de su casa”, aseguró el hombre de unos 60 años. “Acá nadie se metió de vivo en la casa de nadie”, agregó la señora en la reposera.
Este punto continúa siendo investigado por la Fiscalía. Según adelantó el director de Convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, más personas serán enviadas ante la Justicia para que respondan por haber usurpado viviendas en el complejo. Asimismo, al igual que se hizo en Los Palomares, se verá si alguno de estos ocupantes hurtó luz o agua.
El silencio
Cuando El Observador llegó al Complejo Quevedo el pasado 4 de octubre, el mismo día en que la policía había cerrado la boca y arrestado a seis personas vinculadas con el grupo criminal, el muro todavía estaba allí. Unos adolescentes del lado de adentro de la reja aseguraron entonces que nada había pasado allí, que no existían tales expulsiones, que no había boca de droga y que se trataba de un barrio seguro.
Este lunes, a pesar de que el muro ya no está, los vecinos prefirieron mantener silencio respecto del hombre que financió aquella protección que hoy reclaman. “Yo no me meto”, se excusó la mujer en la reposera y volvió a llevarse la bombilla del mate a la boca.
