La Suprema Corte de Justicia trasladó a los jueces una carta firmada por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, donde pide que reduzcan la disposición de custodia policial para personas víctimas de violencia de género y aumenten la implementación de las tobilleras electrónicas.
"Genera que pese a contar con stock suficiente de tobilleras electrónicas, para atender esta problemática que tanto nos preocupa a todos, se tengan que desviar vehículos y personal policial que suelen estar abocados al patrullaje de la seguridad pública", indica la carta de Heber.
Fuentes de la Corte dijeron a El Observador que darle traslado a la carta de Heber a los jueces tiene como intención ponerlos en conocimiento del pedido y que cada uno de ellos decida, en base a su independencia técnica, qué es lo mejor para cada caso concreto. El texto que envió el ministro, y que estaba dirigido al presidente de la Corte, John Pérez, informa que, hasta el 12 de diciembre en Montevideo se estaban destinando 28 patrulleros y 168 policías a la custodia de víctimas de violencia de género.
A su vez, expuso: "El sistema de tobilleras electrónicas que se aplica a través de la Dirección de Monitoreo Electrónico (Dimoe) ha demostrado ser eficiente y eficaz y como se señaló, existiendo disponibilidad de las mismas, se considera que optar por la aplicación de las mismas evitaría tener que resentir recursos humanos y materiales destinados la seguridad pública".
La decisión de qué medida cautelar –custodia o tobillera– se debe de imponer en un caso de violencia de género la toma un juez de Familia Especializada. Si el imputado vulnerara la medida, puede ser imputado por desacato. Cuando una tobillera se rompe, se envía una señal inmediata al Centro de Comando Unificado (CCU) y se intenta contactar al imputado y a la víctima. Si alguno de los dos no contesta, tienen la obligación de ir inmediatamente al lugar a constatar la situación y tomar los recaudos necesarios para el resguardo de la víctima.
En marzo de 2020 el gobierno dispuso la compra de 500 tobilleras electrónicas para darle un respiro a un sistema que estaba exigido. En la rendición de cuentas de 2022 se dispuso la compra de otras 800: 600 para las medidas alternativas y 200 para personas con prisión domiciliaria.
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