El año que viene el Ministerio de Vivienda realizará un censo específico para poder determinar exactamente cuántos asentamientos irregulares existen en el país. Un dato con el que hoy no se cuenta y para los que hay distintas estimaciones, según los parámetros que se utilicen. Según las proyecciones hoy ese número estaría entre 650 y 660. La mitad, entre 300 y 350, están en Montevideo. Después siguen Canelones y Artigas. También hay en Rivera y en Salto.
Se trata de una “foto” conformada en buena parte con la información que aportan las respectivas intendencias. El nuevo relevamiento, por lo tanto, persigue el objetivo de conocer la película. “La película la tendremos el año que viene”, adelantó en el Parlamento el subsecretario Tabaré Hachembruch, que dijo esperar un resultado por lo menos ajustado a las estimaciones actuales. “Ojalá no nos llevemos ninguna sorpresa”, expresó.
Una “sorpresa” que puede llegar cuando el gobierno prevé que se produzcan los mayores avances del Plan Avanzar, el nombre por el que se optó por designar al proyecto por el que se prevén acciones concretas que permitan, justamente, erradicar asentamientos. El plan fue presentado oficialmente el 13 de mayo y para su implementación está pronto (casi) todo. La plata está. También los recursos y las herramientas legales, así como también el apoyo político y el conocimiento acumulado.
Lo que preocupa y mucho a las autoridades es un viejo problema de la gestión del Estado: no poder traducir todos estos recursos en resultados. “Nos preocupa la capacidad de ejecución” admitió Hackembruch este martes, ante la Comisión de Vivienda del Senado. “Es una preocupación que tenemos todos” insistió, “Si no funciona claramente habrá algunos responsables, entre los que nos incluimos”.
Si bien se va a trabajar “con todos los brazos ejecutores del ministerio, en todo el país y la mismo tiempo”, el desafío principal pasa por ejecutar, en los escasos dos años y medio que quedan de esta administración, el gran de dinero que se destinará a este proyecto.
El Presupuesto quinquenal preveía US$ 240 millones para la erradicación de asentamientos. Una cifra similar adicional fue adjudicada específicamente para el plan a través del Fideicomiso de Integración Social y Urbana que, técnicamente, no empezó a regir. Según precisó la ministra Irene Moreira, se está en la última etapa de procedimientos, a los efectos de poder contar con los recursos. “Faltan algunas semanas más”, expresó. Hay tres fideicomitentes: Economía y Finanzas, Ganadería y Vivienda, que será el gestor a través de la nueva Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu). El fiducidario será Conafin Afisa.
“En esto nos tiene que ir bien a todos” insistió la ministra Moreira,, al recordar que hoy 200 mil uruguayos “están en una casa de lata, de chapa, con constaneros, aislándose del frío y la lluvia con nylon”. En su visión, lo importante es darle solución a esa gente más allá de banderas políticas. “Recorriendo los asentamientos hemos visto niños viviendo dentro de un vertedero municipal, descalzos, comiendo allí”, lamentó. “Como madre y mujer, ne niego a esa realidad”.
Moreira admitió que, tradicionalmente, el Estado ha respondido a una velocidad mucho menor a la los asentamientos crecen. Su deseo, adelantó, es que este plan sea tratado como una “política de Estado” más allá de los gobiernos que vengan. Al presentar hace dos meses el plan el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, estimó que a fines de año se espera “tener los planes” para arrancar las obras, avanzar con el plan en el primer semestre de 2023 y, a fines de 2024, “estar inaugurando”.
Acortar los tiempos
Para su aplicación fue creada la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu). Más que regularizar su titular, Florencia Arbeleche, prefiere hablar de “consolidar”: habrá que dotar de calles, infraestructura y todo lo necesario para así “crear ciudad”.
“Cuando uno empieza a trabajar en estos proyectos se da cuenta de que algunos salen bien rápido pero otros,en los que deberá haber relocalizaciones, requieren procesos largos”. Así, dijo, el gran desafío es acortar esos tiempos. Al respecto, precisó, solo hay estimaciones de tiempo y de costo. Arbeleche opto por ser cuidadosa a la hora de arriesgar una definición. “Vamos a ver cada proyecto y, a partir de eso, afinaremos más el lápiz para ver de cuánto estamos hablando”.
De los 120 asentamientos seleccionados, 40 ya estaban previstos en el plan quinquenal. Otros 20 contaban con un trabajo previo a través de los programas ministeriales, como el de Mejoramiento de Barrios. Los restantes 60 sí serán intervenidos por primera vez a través del Plan Avanzar. En total, estarán involucradas unas 15 mil viviendas.
El ministerio firmó un convenio marco con el Congreso de Intendentes para la implementación del plan y ahora se avanza en acuerdos específicos. Ya se suscribieron con Maldonado, Durazno, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y San José. El rol más importante que se pretende de las comunas es de la “prevención” por la que, a través de la provisión de servicios y el fraccionamiento de lotes, evitando así que se extienda la “mancha urbana” de asentamientos.
Al respecto, en agosto será enviado al Parlamento un proyecto con modificaciones a la ley de Ordenamiento Territorial que, según la ministra, “vuelve el péndulo un poco más” hacia los departamentos. La idea es ver cómo se pueden ir generando espacios para que los servicios “vayan adelante” de esa mancha urbana.
Para poder comenzar a trabajar cuanto antes, se apelará a la “herramienta” de Mevir, que se maneja a través del derecho privado, lo que permitirá una mayor “fluidez” en la respuesta. Por esa vía, indicó la ministra, se estará actuando en 20 proyectos.
Consultada por los legisladores, la ministra consideró que es muy díficil determinar cuánto dinero se destinará por cada asentamiento. Tanto por el número de habitantes como por el tipo de respuesta que requieren, “no hay uno igual a otro”.
Ante los senadores el ministerio no supo expresar cuánto dinero costará específicamente cada vivienda que se construya a través de este plan. Todo depende, se insistió, si se trata de una regularización, relocalización o de una atención puntual.
Si apela a la “cuenta” de todo lo que se ha invertido en el Plan de Mejoramiento de Barrios y la cantidad de hogares que se atendió por esa vía a lo largo de la historia, se puede llegar a una cifra cercana a los US$ 24 mil por hogar. Un dato que el ministerio considera “razonable” a la hora de evaluar la inversión caso a caso que demandará este nuevo programa.
Otro de los fideicomisos está relacionado con el plan Entre Todos - Sueños en Obra, pensado según la ministra para un público de “clase media trabajadora” que hoy paga un alquiler y que ve imposible tener un ahorro previo inicial para comprar. Será una participación pública privada y diseñada para extender los efectos de la ley de Vivienda Promovida al interior del país.
Según Moreira, el 79% de la inversión promovida por esa vía se concentró en Montevideo. Hay nueve departamentos que no cuentan con ninguna unidad construida por ese mecanismo.
