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20 de junio 2024 - 11:35hs

Por Juan Martin Fernández (*)

Uruguay es uno de los países más igualitarios de América Latina, pero tras estas cifras generales se oculta una realidad muy distinta. Nuestra sociedad está marcada por una fuerte fragmentación social que va en aumento. Lejos de aquel ideal de “país de cercanías”.

La experiencia de vida de los uruguayos y uruguayas está condicionada fuertemente según el lugar donde les toca nacer y vivir. No es lo mismo la realidad que viven las familias en Casavalle que en Pocitos y tampoco son las mismas posibilidades que tiene alguien nacido en Artigas o Cerro Largo que en Colonia.

En primer lugar, porque la pobreza está concentrada marcadamente en algunos barrios de la zona metropolitana y en algunos departamentos del noreste del país.

En Montevideo la pobreza se concentra en los barrios periféricos de los municipios A, D, F y G, en los cuales la proporción de personas en situación de pobreza es de más del doble del promedio del departamento. A nivel nacional, la pobreza medida por el método del ingreso es mucho más elevada en Montevideo y los departamentos del noreste del país (Artigas, Rivera, Cerro Largo), donde la pobreza casi duplica el promedio país.

Como ya lo advertía Juan Pablo Terra en sus trabajos sobre pobreza infantil en Uruguay, esta realidad afecta principalmente a los niños y niñas. Según los datos de 2023, en Uruguay el 7,0% de hogares vive en condiciones de pobreza lo que comprende el 10,1 % de la población y en el caso de los menores de 6 años este dato trepa a 20,1%.

La fragmentación socio territorial también se refleja en otros aspectos.

La inseguridad es una de las mayores preocupaciones de todos los uruguayos y uruguayas, pero esta impacta especialmente a los barrios populares en donde el deterioro de la seguridad pública, el avance del narcotráfico y el debilitamiento de las condiciones de convivencia ciudadana, son notorios y alteran significativamente la integración social y la vida en comunidad.

En los barrios populares, los jóvenes mueren en condiciones violentas como nunca lo habíamos visto en nuestro país. Se han instalado nuevas modalidades de violencia, producto del narcotráfico y la marginación, que lamentablemente son cada vez más comunes. Según el Ministerio del Interior, en 2023 hubo 382 homicidios en Uruguay. Más de uno por día.

Los resultados educativos también están desigualmente distribuidos en el territorio, más allá de los avances generales que se han logrado en los últimos 20 años, persiste una fuerte segregación socioterritorial.

Un estudio reciente del BID (https://blogs.iadb.org/educacion/es/barrio-resultados-educativos-uruguay/) muestra que en Montevideo existe una elevada desigualdad de resultados educativos entre barrios según el nivel de ingreso. “Los barrios de ingresos altos tienen tasas de egreso de educación media que pueden llegar al 90% y tasas de matriculación universitaria de más de 70%. En barrios de ingresos medios dichos valores pueden caer a menos de 70% y 50%, respectivamente, mientras que son aún menores en barrios de ingresos bajos donde la tasa de egreso de la secundaria puede llegar a niveles de solo 20% y la matriculación universitaria no llega al 10%”, señala el informe. Esta realidad condiciona fuertemente las posibilidades futuras de inserción laboral y desarrollo personal.

¿Cómo cambiar esta realidad?

Enfrentar la fractura socioterritorial debe ser una prioridad política y presupuestal. Transformar esta realidad exige un compromiso sostenido en el tiempo. No se puede lograr de un día para otro, requiere de recursos y de un set de políticas coordinadas, profundas e integrales: trabajo, vivienda, educación, salud, seguridad, cuidados. Enmarcadas en un nuevo paradigma de políticas que se construyan desde y con el territorio.

Para abordar el carácter estructural de la fragmentación socioterritorial, estas políticas deben ser acompañadas de una expansión de los bienes y servicios públicos desplegados en ciertos territorios, fundamentales para el bienestar y la integración social.

Algunas prioridades deberían ser: fortalecer los programas de transferencias directas a hogares en situación de pobreza, especialmente aquellos con niños, niñas y adolescentes; realizar un shock de infraestructura para atender el déficit habitacional y generar condiciones de habitabilidad en ciertas zonas del país, en especial en el área metropolitana; desarrollar centros comunitarios de convivencia en algunas zonas y fortalecer la presencia policial; profundizar el sistema de cuidados y universalizar el acceso a los CAIF; priorizar los programas de acompañamiento educativo para favorecer la culminación de ciclos, en particular en educación media y promover oportunidades de empleo de calidad para jóvenes.

Todo esto requiere voluntad política y recursos. Sin mayor inversión social no hay cambio posible. Para eso Uruguay debe recuperar la senda de crecimiento sostenido, con políticas orientadas hacia el desarrollo lideradas por el sector público. Pero también se requiere una especie de nuevo “acuerdo social”, que comprometa a toda la sociedad uruguaya en un proyecto país que nos incluya a todos y todas.

No es una utopía. En Uruguay es posible. Sin atajos, sin fórmulas mágicas, pero con mucha determinación y creatividad, podremos avanzar hacia una sociedad más justa e integrada.

(*) Economista y estudiante del profesorado de Historia. Trabaja como educador desde 2014 en la Escuela de Oficios "Don Bosco" del Movimiento Tacurú.

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