Otra de las empresas que ofrecía inversiones en el rubro ganadero, Portfolio Ganadero, entró en cesación de pagos y fue denunciada penalmente esta semana. Estamos frente a otro caso de cientos de personas afectadas por confiar sus ahorros a una empresa que incumplió con lo pactado en un contrato.
Mientras se destapa esta situación y empiezan a llover las denuncias que investigará Delitos Financieros del Ministerio del Interior, la Fiscalía de Lavado avanza en la causa de Conexión Ganadera, la estafa más grande que se ha conocido en Uruguay por la magnitud y la cantidad de personas afectadas.
En los últimos años se han sucedido numerosas estafas millonarias que han dejado a miles de uruguayos “adentro”. Son millones de dólares que se han esfumado y sus responsables, salvo algún caso contado, no han pasado ni un día en la cárcel.
¿Se puede esperar que los responsables de Conexión Ganadera vayan a prisión? ¿Cuántos años les podrán recaer? ¿Qué es lo que hace propicio este tipo de estafas que se repiten y afectan a personas de toda clase social? Esas son algunas de las preguntas que intentaré responder en esta newsletter EnClave.
A dónde apunta la investigación de Conexión Ganadera
Este jueves el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez terminó de tomar declaración al círculo amplio de la empresa: mandos medios, trabajadores de confianza de los directores, empresarios con los que Gustavo Basso hacía negocios.
Ahora llegará el turno de interrogar a Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow, la vuida de Basso, Daniela Cabral, las hijas y el yerno, Alfredo Rava. Y es probable que resuelva varias imputaciones en la causa.
Varios abogados que han seguido el caso aseguran que antes de la feria de julio el fiscal pedirá las primeras imputaciones.
Para hacerlo, el fiscal estaba esperando concluir con la primera tanda de interrogatorios y que le llegara información relevante de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central y de la Secretaría Antilavado que viene asistiendo al fiscal. Según me comentó una fuente del caso se han detectado bienes en España y cuentas en el exterior.
A mi juicio de los interrogatorios hasta el momento han surgido tres revelaciones o puntos oscuros de los que tirar de la piola:
- El dinero de los inversores no ingresaba a la empresa Conexión Ganadera por lo que había una contabilidad paralela. Según lo que declaró el contador Juan Carlos Santeugini, quien está en la empresa desde los inicios en 1999 y trabajaba directamente con Gustavo Basso, Conexión Ganadera Sociedad Limitada “no recibía el aporte de los inversores. Lo único que hacía esta empresa era que comisionaba entre Hernandarias con los dueños de los campos o con los arrendadores pero la plata de inversores no entraba acá en esta empresa, es más, la empresa nunca debió nada durante toda Conexión Ganadera Limitada, nunca debió a ningún inversor, no había pasivo…”.
- Basso permitía que empresas con las que trabajaba se endeudaran de manera escandalosa. Es otro de los puntos oscuros de la investigación la deuda que el frigorífico de Paysandú, Casa Blanca, mantenía con Gustavo Basso y que según dijo el gerente general Carlos Fuidio llegó a US$ 25,5 millones, sin que Basso jamás le reclamara un pago. “A mí Basso nunca me dijo, esto me lo tenés que pagar en 10 años, 15 o 18”, declaró tras aclarar que no había un plan de pago. Quienes conocen del rubro señalan que es probable que Basso se quisiera quedar con el frigorífico y por eso no reclamara que le pagaran.
- Gladenur y el empresario turco exportador de ganado que figura como tenedor de ganado y no reconoce su firma en los contratos. Otro punto oscuro en el que la fiscalía trata de averiguar quién miente y qué papel jugó esta empresa en la mecánica financiera por la que presuntamente se lavaba dinero. El empresario Mohamed Montazel negó haber tenido ganado de Conexión Ganadera a su cuidado pero el gerente operativo Rodolfo Flores y el responsable de la trazabilidad del ganado Diego Quiroga, confirmaron que Gladenur era tomador de ganado y que conocían y veían con frecuencia al ciudadano tunesino, al que se referían como "el Turco". De todos modos, otras empleadas que declararon este jueves dijeron que quien le llevaba los papeles para firmar era Basso en persona.
La deuda de Conexión Ganadera asciende a los US$ 250 millones, mientras que la de República Ganadera es de US$ 90 millones y la de Grupo Larrarte de US$ 12 millones.
En abril la jueza de garantía Marcela Vargas decretó cuatro meses de prisión preventiva para Jairo Larrarte, imputado por estafa, apropiación indebida y libramiento de cheque sin fondo. Ese hecho, sin duda marcó una diferencia a lo que pasa habitualmente con los estafadores, que cumplen la condena en su casa tranquilamente. También generó en el ambiente judicial la convicción de que los directores de República Ganadera y de Conexión Ganadera correrán la misma suerte e irán a prisión.
Sin embargo, en el caso de Conexión Ganadera ya se habla de que además de estafa y apropiación indebida la fiscalía podría pedir otros delitos que engorden la causa como lavado y asociación para delinquir. Si eso ocurre la pena podría pasar de meses a varios años y garantizar prisión preventiva.
La "hipertrofia" de las penas según los delitos
Manifestación Conexión Ganadera
¿Qué suerte han corrido otros grandes estafadores?
Otro de los últimos casos que ha generado conmoción fue el del exrugbier Gonzalo Campomar, quien se fue del país cuando trascendió que había cometido una estafa y recibió amenazas a su familia.
Si bien la Justicia libró una orden de detención, por ahora está a salvo, se presume, en Estados Unidos. No está claro a cuánto asciende la estafa porque muy pocos se han animado a denunciarlo pero se habló de US$ 60 millones. La única denuncia que actualmente es investigada la presentó el abogado Enrique Moller en representación de dos personas que habían invertido US$ 600 mil. El caso había recaído en la fiscal Silvia Porteiro quien acaba de ser trasladada, luego de ser recusada por el exsenador Charles Carrera a quien le había pedido el desafuero. Por lo tanto el caso no había avanzado a nivel de la indagatoria penal. En febrero, llegó a un acuerdo con otro de los denunciantes, representado por el abogado Ignacio Durán, a quien se comprometió a devolverle US$ 1 millón a cambio de que retirara la denuncia.
Luego, en marzo pasado recayeron varias denuncias contra Ignacio González Palombo, quien se presentaba como empleado de la sociedad de bolsa Pérez Marexiano. A fines de abril la justicia impuso medidas limitativas para que no pueda salir del país por 180 días mientras transcurre la investigación penal que también llevaba adelante Porteiro y ahora pasará a dirigir la fiscal que la sustituyó, Sandra Fleitas.
El penalista Jorge Barrera, quien también es defensor de Campomar y de Pablo Carrasco, en representación de Pérez Marexiano denunció a González Palombo por estafa y apropiación indebida y sostiene que la empresa no estaba al tanto de las maniobras de González Palombo con sus clientes. Los inversores entienden que la empresa estaba al tanto y piden que se la investigue.
Por fuera de estos casos, otra estafa millonaria fue la de la corredora Sara Goldring, titular de las empresas Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) y United Brokers. En ese caso la estafa asciende a US$ 150 millones y fue imputada por un delito de apropiación indebida por el que no pasó ni un día en prisión. El fiscal del caso que es mismo de Conexión Ganadera y República Ganadera, pidió información a Estados Unidos para acusar a la corredora de bolsa y sumarle otros delitos como el de estafa.
Otro caso sonado tuvo su desenlace en 2022 cuando fue condenada una empleada de la corredora de bolsa De Baeremaecker y Perera, quien cometió una estafa que ascendió a entre US$ 5 y US$ 7 millones. Esa mujer llegó a un acuerdo abreviado con el fiscal por 24 meses de arresto domiciliario. El fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez no encontró “elementos suficientes” para imputar a los corredores de bolsa Carlos Perera y Carlos de Baeremaecker, “salvo eventuales y ulteriores resultancias que pudieran emerger”, cosa que no sucedió.
En contraposición a los meses de condena o de imputación que la Justicia decreta para estas personas quien compete una rapiña en la que amenazó con un cuchillo a una persona para robarle su celular, se enfrenta a una pena que va de los 4 a 16 años de penitenciaría.
En materia de drogas por ejemplo, un hombre de 25 años a quien se le descubrió que tenía plantas de marihuana y vendía porros en Las Piedras se le impuso una condena de 2 años y 4 meses, mientras que a una mujer que colaboró con una organización prestando su nombre para trear droga en paquetes que ella recibía, se le asignó una condena de tres años y medio (en ese caso se le imputó asociación para delinquir).
Por su parte el homicidio simple, es decir decidir dar muerte a alguien, tiene una pena que va de los 4 a 18 años, y si hay circunstancias atenuantes, la pena mínima puede ser de 2 años de penitenciaría.
El catedrático de Derecho Penal Gemán Aller ha calificado como una “hipertrofia del derecho penal” las incongruencias que se dan con las penas.
Entre los muchos aprendizajes que dejarán casos como el de Conexión Ganadera (todo un capítulo aparte son los controles inexistentes para una actividad que creció a sus anchas) uno es que llegó la hora de ajustar el Código Penal y regular las penas a la luz de los hechos y los daños que ocasionan en quienes los sufren. Es una reforma que no implica costos. Solo exige coherencia y justicia.
