La discusión no es si queremos menos tecnología. Es si estamos dispuestos a gobernarla.
Durante años, el debate sobre redes sociales y menores estuvo atrapado en una falsa dicotomía: prohibir o educar. Mientras tanto, las plataformas crecían, los algoritmos se sofisticaban y la infancia se digitalizaba sin que los Estados intervinieran de manera estructural. Ese escenario empezó a cambiar.
Australia decidió dar un paso que hasta hace poco parecía impensable: prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y trasladar la responsabilidad de control a las propias plataformas. En varios países europeos —con distintos matices— se endurecieron las condiciones de edad mínima, consentimiento parental y verificación. Ya no se trata solo de recomendaciones. Se trata de legislación.
El giro no es menor. Durante años, la carga estuvo puesta casi exclusivamente en las familias y en las escuelas. Si algo salía mal, el problema era la falta de supervisión adulta. Hoy, en cambio, la discusión se desplaza hacia el diseño mismo del ecosistema digital: algoritmos que optimizan atención, sistemas de recompensa que estimulan la permanencia, modelos de negocio que monetizan cada segundo de conexión.
En ese contexto global, Uruguay no está al margen. En 2025 el país inició un diálogo multiactor para avanzar hacia una regulación democrática de las plataformas digitales, con apoyo de UNESCO y la participación de Parlamento, sociedad civil, academia y sector privado. No es una reacción impulsiva ni una cruzada moral contra la tecnología. Es un intento de construir reglas claras en un entorno que hasta ahora operó con escasa rendición de cuentas.
El foco no está puesto exclusivamente en la infancia, pero la discusión inevitablemente la atraviesa. Porque si más del 90 % de la población uruguaya usa internet y más de tres cuartas partes está activa en redes sociales, el entorno digital no es un espacio marginal: es parte de la vida cotidiana desde edades tempranas.
La pregunta, entonces, no es si las pantallas existen. Existen. No es si los niños están conectados. Están. La cuestión es en qué condiciones.
En las aulas, los efectos empiezan a ser visibles. Docentes describen una caída en la capacidad de concentración sostenida, mayor dificultad para tolerar el aburrimiento y una necesidad constante de estímulo inmediato. La sobreexposición a dinámicas de validación y recompensa propias de las redes puede derivar en fenómenos como la anhedonia: la pérdida de interés o placer en actividades fuera de la pantalla. No se trata de demonizar la tecnología, sino de reconocer que un entorno digital diseñado para captar atención de manera permanente modifica hábitos, expectativas y formas de relacionarse con el aprendizaje.
Reducir el debate a “pantallas sí o no” es tan simplista como plantear que el único camino posible es la prohibición absoluta. Pero también es ingenuo suponer que la educación, por sí sola, puede equilibrar un entorno diseñado para captar atención de manera constante.
Regular no es demonizar. Tampoco es retroceder en innovación. Es reconocer que el espacio digital es hoy un espacio público ampliado, donde se juegan derechos, desarrollo emocional, socialización y formación ciudadana. Y como todo espacio público, necesita reglas.
La experiencia internacional muestra que los Estados están dejando de confiar únicamente en la autorregulación corporativa. No porque desconfíen de la tecnología, sino porque entienden que el poder concentrado de las grandes plataformas tiene impacto real sobre la vida democrática y sobre la infancia.
Pero no hay que dejar de lado un aspecto fundamental: antes de discutir prohibiciones aisladas, es necesario debatir el marco. Qué se exige a las plataformas. Cómo se protege la libertad de expresión sin renunciar a la protección de derechos. Qué herramientas tienen las familias y las escuelas dentro de un ecosistema regulado.
La conversación recién empieza, pero ya es significativa. Porque implica admitir que la infancia digital no puede quedar librada únicamente a lógicas de mercado.
Tal vez el desafío no sea elegir entre prohibir o educar. Tal vez el verdadero desafío sea asumir que educar requiere límites claros y que regular puede ser, precisamente, una forma de cuidar sin caer en el pánico. La discusión no es si queremos menos tecnología. Es si estamos dispuestos a gobernarla.