Asimismo, las imágenes que circulan en el mundo, y no solo en nuestra región, son de presidentes, anteriores y el actual, que conversan naturalmente, coproducen libros, comparten conferencias, coloquios y homenajes, y en general, cada vez que se encuentran, se abrazan afectuosamente. No es un hecho menor en un mundo tan cargado de odios, crispaciones y de buscar exterminar al otro estigmatizado como enemigo. Por suerte en Uruguay predominan los correligionarios, los compañeros y los contendientes en política.
No obstante, lo cual, nuestra democracia se encuentra estancada en cuanto a lograr una simbiosis entre libertad e igualdad, inclusión y cohesión, excelencia y solidaridad, bienestar y desarrollo, convivencia y seguridad, que cimiente mejoras sensibles, efectivas y universales en la calidad de vida de la gente y de las comunidades. Nos parece que existe brechas inaceptables entre una democracia liberal, de pleno ejercicio de los derechos políticos, y debes pendientes de larga data en lograr igualar en oportunidades de progreso y movilidad social. En particular, el conjunto de las políticas públicas, que representan predominantemente una visión de estado social sobre la cual la mayoría de la población está de acuerdo, y que fue fundamental para amortiguar los múltiples efectos regresivos del covid-19, no está preparada ni formateada para recrear las bases culturales, sociales, políticas y económicas de cuatro aspiraciones vinculantes: sostenibilidad, bienestar, convivencia e inclusión.
El primer insumo tiene que ver con resignificar a las políticas públicas como una vía insoslayable para discutir y acordar, entre diversidad de actores e instituciones, denominadores comunes sobre la visión de desarrollo del país. Se trata de avanzar en procesos inclusivos de políticas públicas que permita la construcción colectiva entre ideologías, credos y posicionamientos diversos. No es cuestión de imponer una visión de país, anclada en una ideología, sino la concreción de la voluntad política, la apertura intelectual y la robustez programática de abrirse a discutir y acordar en cuestiones fundamentales que tendrían que ponerse en perspectiva de mediano y largo plazo más allá de los énfasis propios de cada gobierno. La política pública solo entendida como política de gobierno, ideologizada y politizada, es de recorrido corto, frecuentemente discontinuada entre períodos de gobierno y de bajo impacto en mejorar la calidad de vida de la gente.
El segundo insumo alude al desafío de forjar y legitimar una visión intergeneracional de las políticas públicas que pondere e integre ideas, conceptos y prácticas relativas a la justicia, igualdad, empatía y cohesión intergeneracional.
Por un lado, esto implica que las políticas de priorización programática, y de inversión y gasto, articuladas en torno a ciclos vitales tales como la infancia, niñez, adolescencia y juventud, se enmarquen en una perspectiva intergeneracional sobre cuales apoyos son requeridos – por ejemplo, con relación a políticas de familia y trabajo, para sostenerlas y que tengan efectivo impacto. También es necesario tener en cuenta y abordar las brechas intra generacionales cualquiera sea el ciclo vital, y que va en la línea de avanzar hacia forjar una sociedad más justa.
Por otro lado, una impronta intergeneracional permite visualizar en mejor medida la relevancia de la inteligencia colectiva de la sociedad, esto es, la capacidad de compartir habilidades, conocimientos y experiencias entre generaciones para estimular, por ejemplo, los aprendizajes inter e intra generacionales en abordar temas vinculados al bienestar individual y colectivo, y a estilos de vida saludables, sostenibles y solidarios. Toda persona es activa a lo largo de toda su vida en cuanto a aportar su experiencia y sabiduría a los bienes comunes de la sociedad como son, por ejemplo, la educación y la salud.
Un tercer insumo refiere a multiplicar las oportunidades y los espacios para idear y concretar las políticas públicas. No nos permiten avanzar visiones estado céntricas, que alimentan sospechas de lo “privado y societal”, y libertarias que reniegan del rol del estado como orientador y garante de una sociedad que iguale en oportunidades. En contraposición a estas visiones, se entiende que las políticas públicas se efectivizan a través de un estado estratega y garante de oportunidades, que, en alianza con el sector privado y la sociedad civil, promueve la interacción de enfoques intersectoriales, interinstitucionales, intergeneracionales y con sustento en las comunidades localizadas en su territorio. Se busca superar las mentalidades y las prácticas de chacra sectorial que terminan por torpedear intentos loables de transversalidad de las políticas y los programas.
Un cuarto insumo versa sobre cambiar los modus de gobernanza y de gestión que permita sostener renovados enfoques programáticos. Difícilmente se puedan esperar avances significativos y sostenibles de mantenerse los actuales modelos fragmentados, en silos institucionales, de concepción, gestión y rendición de cuentas de las políticas públicas. Nos parece necesario avanzar hacia espacios horizontales de gestión de las políticas públicas, con base a temas transversales que den cuenta de los énfasis programáticos, y donde se generen círculos virtuosos, con responsabilidades compartidas, entre los niveles locales y nacionales, e involucrando diversidad de instituciones y actores. Mayores grados de localización de las políticas públicas podría tener impactos positivos en la medida en que exista una conducción unitaria sólida, flexible y componedora a nivel central, que congenie comarca y mundo.
Un quinto insumo yace en la conformación de equipos de alta profesionalidad, plurales, proactivos y articulados en torno a los temas transversales. Los equipos intelectual y políticamente uniformes sólo permiten conversar y construir con los iguales o similares de pensamiento. No solo es cuestión de superar los silos sectoriales e institucionales, sino esencialmente de conectar diversidad de sensibilidades, ideas, enfoques, conocimientos, estrategias y prácticas que permitan encarar la complejidad de temas que son intrínsicamente transversales a múltiples unidades del estado. Por ejemplo, si el objetivo es contrarrestar las múltiples dimensiones interconectadas de la pobreza infantil, es necesario integrar enfoques disciplinares, inter y transdisciplinares que convoquen y hagan que profesionales de muy diversas ramas del saber trabajen conjuntamente. Resulta esencial generar la confianza requeridas para construir colectivamente respuestas que vayan más allá de asignar roles y recursos por unidades del estado, frecuentemente de manera inercial.
Un sexto insumo estriba en alinear la calidad y la cantidad del gasto y de la inversión al corpus programático de las políticas públicas en base a objetivos y metas realizables, evaluables y evidenciables. Alternativamente a enfoques de política pública predominantemente sustentados en ciertos grados de voracidad impositiva, y de enfoques puramente incrementales de gastos e inversión, sin un soporte sólido programático, se podría avanzar en propuestas cuyo flujo de recursos esté atada al logro de procesos y resultados tangibles con impactos evidenciables en las poblaciones objetivo de las políticas públicas.
No creemos que el solo incremento de los recursos da cuenta de un compromiso ideológico y político, y más aún, en la medida en que no esté asociado a nuevos modos de gobernanza y de gestión de las políticas públicas, puede de hecho consolidar estructuras y prácticas desacopladas de las prioridades temáticas de las políticas públicas preconizadas, y obstaculizar el logro de los objetivos y las metas planteadas. Se trata de generar círculos virtuosos entre los ingresos y los egresos del estado para plasmar una visión de estado social que efectivamente cambie las condiciones de vida sentidas por la gente y las comunidades. No basta solo con aumentar la carga impositiva e incrementar el gasto y la inversión.
Un séptimo insumo alude a la necesidad de fortalecer la confianza de la ciudadanía, así como su comprensión y toma de posición frente a los diversos temas que conforman el cerno de las políticas públicas a la luz de una visión de desarrollo como emprendimiento de la sociedad en su conjunto. Se trata de estimular debates ciudadanos informados a través de diversos formatos y en base a la triangulación de evidencia que permita dimensionar los desafíos que enfrentamos para gozar de una sociedad de múltiples cercanías, y que, asimismo, la ciudadanía asuma su cuota parte de responsabilidad en su concreción.
Un octavo insumo refiere a la configuración de las tecnologías como un eje transversal de la política pública que atraviese la acción del estado en su conjunto, y orientada a jerarquizar la innovación y la excelencia. Se trata de potenciar la complementariedad entre las inteligencia humana y artificial como socios colaborativos y evolventes que coadyuve en lograr mejoras significativas y sostenidas en cuanto a la inclusión, equidad y calidad de políticas y programas. El rol de la inteligencia artificial yace en poder contribuir a mejorar el alcance e impacto de las políticas públicas bajo el entendido que se trata de un recurso que en modo alguno puede sustituir la singularidad inherente a la inteligencia humana. Se tendría que multiplicar y diversificar la inversión en la inteligencia humana bajo una perspectiva de formación a la largo y ancho de toda la vida, de cara a potenciar los usos de la inteligencia artificial enmarcados en fines humanistas, sociales y educativos.
En síntesis, Uruguay tiene un debe de larga data en cuanto a fortalecer el conjunto de las políticas públicas como una vía fundamental para que la democracia liberal que hoy disfrutamos, avance en hermanar, tal cual se señaló, libertad e igualdad, inclusión y cohesión, excelencia y solidaridad, bienestar y desarrollo, convivencia y seguridad. Más allá de las loables reformas que gobiernos de distintos partidos políticos, han implementado en los últimos cuarenta años, desde el retorno a la democracia, estamos lejos de igualar en oportunidades y de lograr mejores significativas y sostenidas en las condiciones de reproducción, bienestar y desarrollo de la población.
Hay que darle un renovado impulso programático, institucional, de gestión y de recursos direccionados, a la matriz de estado social. La responsabilidad primaria y fundamental le cabe al sistema político. Proponemos 8 insumos que puedan contribuir a repensar el corpus de las políticas públicas, a saber: identificar denominadores comunes sobre la visión de desarrollo del país en base a un proceso inclusivo y componedor de convergencia ideológica, política y programática entre diferentes; forjar y legitimar una visión intergeneracional de las políticas públicas equilibrada, justa y con foco prioritario en la infancia, niñez, adolescencia y juventud; combinar enfoques intersectoriales, interinstitucionales e intergeneracionales localizados en el territorio; alinear los modus de gobernanza y gestión de las políticas públicas a las prioridades programáticas; promover la conformación de equipos sobre temas transversales combinando diversidad de sensibilidades, enfoques y conocimientos; alinear la inversión y el gasto, y atar el flujo de recursos, a impactos evidenciables sobre las poblaciones de referencia; fortalecer la confianza y el entendimiento ciudadano de las políticas públicas como vía de mejorar la calidad de vida de la gente; profundizar en la configuración política de las tecnologías a través de la complementariedad entre las inteligencias humana y artificial como un eje transversal de las políticas públicas.
*Opertti es asesor en proyectos internacionales del Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay
