La consulta planteada en Perspectivas, el espacio de opinión de lectores de El Observador en su página, se enfocó en el actual dilema: ¿hay que pagarle un sueldo a los ediles para evitar acomodos y contratos oscuros, o la tarea debe seguir siendo honoraria? El relevamiento mostró una inclinación marcada: el 35% de las respuestas respaldó fijarles una remuneración formal para transparentar la función y terminar con los asesores fantasma, mientras que un 22% remarcó que el problema de fondo no es que sean honorarios, sino la impunidad y la falta de ética. A su vez, un 18% se manifestó a favor de mantener el carácter honorario que fija la Constitución sin secretarios pagos por la Junta.
A raíz de estos mensajes, el periodista de El Observador, Agustín Escudero, analizó los argumentos institucionales, presupuestales y de control que rodean la discusión.
El caso Leiva y la falta de fiscalización en la Junta
El detonante del debate fue la condena de Pablo Leiva en el marco de la Operación Trazador, causa que culminó con la incautación de 260 kilos de droga. Leiva, señalado por la Justicia como responsable de lavar dinero para el grupo criminal y enviado a prisión, figuraba formalmente como asesor del edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez.
Tras conocerse la sentencia, el propio curul admitió públicamente haber cometido "errores" al contratarlo por pura confianza personal y reconoció que nunca le asignó tareas concretas. El episodio expuso la facilidad con la que fondos públicos terminan financiando contrataciones sin un destino claro y desprovistas de cualquier tipo de fiscalización real dentro del legislativo departamental.
Honorarios en la norma, sueldos de facto y despachos sobredimensionados
La controversia sacó a la luz, una vez más, el debate estructural sobre el Parlamento de Montevideo. La Constitución de la República establece que el cargo de edil es honorario. Sin embargo, en los hechos cerca de la mitad de los curules cobra un sueldo por parte de su sector político. Esta dinámica genera ediles "clase A" y "clase B": aquellos que cuentan con respaldo partidario para dedicarse enteramente a la actividad legislativa y quienes están obligados a realizar otras tareas laborales para mantenerse.
A esa disparidad se añade el manejo discrecional de recursos estatales. Cada uno de los 31 ediles de Montevideo dispone mensualmente de una "partida de secretaría" de $190.000, además de la potestad reglamentaria de solicitar hasta cuatro funcionarios públicos bajo la modalidad de pases en comisión. A través de este esquema mixto, algunos curules han llegado a conformar un "batallón" de hasta nueve colaboradores.
Los propios ediles reconocen que existen asesores que "no hacen nada" o que operan abiertamente como militantes al servicio exclusivo de sus partidos y no en tareas de la Junta, que es la institución que financia sus salarios. Aunque el procedimiento exige presentar recibos firmados por los contratados, en la práctica no existe ningún mecanismo que verifique si los asesores efectivamente cobraron ese dinero o si reintegraron una parte de la partida al edil o a la agrupación política correspondiente.
El antecedente de 1994 y la traba de la legitimidad
La posibilidad de fijar una remuneración directa a los legisladores comunales cuenta con antecedentes en las urnas. En el año 1994 se realizó un plebiscito que, entre otros puntos, proponía habilitar sueldos para los ediles, pero la ciudadanía no lo aprobó.
En la actualidad, con el descreimiento en el sistema político en aumento, resulta difícil proyectar que la mayoría de la población o del Parlamento esté dispuesta a votar la creación de 31 sueldos fijos por cada departamento del país.
Quienes defienden transparentar la función argumentan que fijar un salario directo permitiría exigir dedicación exclusiva, profesionalizar la tarea comunal y eliminar de raíz la masa de asesores fantasma. No obstante, la propuesta choca con el rechazo popular a convalidar más costos políticos en medio de cuestionamientos éticos a la administración de los fondos públicos.
