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Radiografía del caso Penadés: las 14 víctimas por las que fue imputado, los vínculos entre sí y las disputas que traerá el juicio

4 de octubre 2025 - 5:00hs

La primera pista que amenazó con romper al Gustavo Penadés que se conocía hasta entonces fue, incluso antes de la militante Romina Papasso, una serie de mensajes de texto en el celular del todavía senador. Este hombre, de un pueblo del interior pero radicado en Maldonado desde jovencito, mantuvo prácticamente un monólogo a través de 134 mensajes en los que le suplicaba al legislador —una, dos, tres veces al día durante todo marzo de 2023— que le consiguiera un trabajo. Era, decía él mismo, el comodín que podía llevar a Penadés a su verdadero fin.

Ese casi monólogo —del que dio cuenta el semanario Brecha en mayo de 2024 y se amplió en el libro sobre el legislador— confirma tres cosas.

La primera: su cédula de identidad muestra que en 1995 tenía 16 años; cuando el legislador tenía 30 y se estrenaba como diputado.

La segunda: conoce a los dos amigos más cercanos de Penadés de esa época, con quienes tenía su vida social.

La tercera: el vínculo que mantenían Penadés y el hombre de los mensajes era estrictamente transaccional. Era envío de fotos sexuales a cambio de dinero.

El hombre de los mensajes, además, daba a entender que esa relación existía desde que él era un adolescente menor de edad, que Penadés le compraba perfumes y que lo presentaba como su pareja.

El último mensaje que apareció en el celular del legislador de parte de este hombre fue después de que Penadés diera una declaración a la prensa en el Parlamento, solo, defendiéndose de la acusación pública de Papasso del día anterior, en la que reconocía públicamente por primera vez en 30 años su homosexualidad y que decía que no era un pedófilo.

El hombre de los mensajes le escribió que lo escuchó y que varias personas lo contactaron para comentar lo que había sucedido, que se estaba sacando un peso de encima, pero que se cuidara. Más tarde, insistió en la súplica por su trabajo, lo que había mantenido ese monólogo durante todo el mes que ahora terminaba.

—Por favor no te olvides de lo mío, que yo sí tengo el comodín.

Pese a todas las señales que dejó en ese celular, el hombre de los mensajes no respondió a ninguno de los llamados periodísticos realizados durante meses, ni siquiera a la insistencia de la fiscal Alicia Ghione, que le envió a la policía para que lo encontrara y le insistiera con declarar.

Ese comodín, entonces, nunca lo usó.

Pero el testimonio en ese celular, sin embargo, será parte de lo que la Fiscalía intentará llevar a juicio con el objetivo de convencer sobre los abusos que Penadés —a días de cumplir dos años preso de forma preventiva— ejercía durante la década de 1990.

Durante estos dos años de investigación —que tiene como fecha límite el viernes 10 de octubre— la fiscalía logró reunir 14 víctimas en el caso, cuyos relatos lo ubican a Penadés en los dos departamentos en los que él ha hecho siempre su vida: Montevideo, donde se desarrolló como político durante casi 30 años, y Maldonado, donde tenía su vida social y de veraneo, y donde organizaba fiestas privadas, sobre todo en sus primeros años como legislador.

Por todas ellas, Penadés fue imputado por más de 30 delitos, en su mayoría de índole sexual —explotación sexual de menores, abuso sexual, violación, atentado violento al pudor, corrupción de menores—, uno por violencia privada —el caso del policía de Punta del Este de 2014— y los vinculados con lo que la fiscal Ghione —hoy alejada del caso y sustituida por Isabel Ithurralde— llamó la estafa procesal que armó un grupo de hombres para intentar dar con los denunciantes de la causa, que tienen identidad reservada. Por esa trama se le imputó desacato, cohecho calificado y asociación para delinquir. Y fueron condenadas otras cinco personas.

Las víctimas, una a una

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Si se miran en conjunto los 14 denunciantes que la fiscalía reunió en su investigación, se puede trazar una línea de tiempo que comienza en la década de 1990 y alcanza hasta 2022, un año antes de que empezara la investigación en su contra.

En el pedido de desafuero, la fiscalía había hecho referencia a una víctima que describía un caso de abuso sexual en 1980, cuando la víctima era un niño y Penadés tenía apenas unos años más. El hombre declaró en fiscalía que Penadés organizaba partidos de fútbol en el barrio y que en “máximo tres” ocasiones el ahora imputado abusó de él en un dormitorio de su casa.

—Nunca había visto a nadie masturbándose, fue la primera vez. Y con esa edad tenía la percepción de que estaba mal, pero yo pensaba: tendré que hacer esto para jugar al fútbol —contó el denunciante ante la fiscalía.

Por esta víctima en el caso la fiscalía no pidió imputaciones, debido a que según lo que se describe los dos eran muy chicos y por tanto no eran alcanzados por la ley penal.

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Si se toman en su conjunto, de esas 14 víctimas por las que se imputó a Penadés, hay once que sostienen haber estado con el legislador siendo menores de edad y tres (Viana, MID2 y el policía) que relatan abusos sufridos como mayores de edad.

Las denuncias, por otra parte, se pueden dividir en tres grupos, en función de la temporalidad.

Por un lado están los casos más antiguos, de la década de 1990 y principios de los 2000. Por otro, los casos más recientes, que relatan abusos por parte de Penadés entre 2018 y 2022, y que alguno de ellos todavía era menor al momento de que empezara la investigación. En los últimos cuatro casos —D, E, G y H— es que está vinculado el profesor de historia y militante del Herrerismo Sebastián Mauvezín. Mauvezín, al igual que Penadés, está a punto de cumplir dos años de prisión preventiva a la espera del juicio. En un tercer grupo están los casos sin identidad reservada: el de Romina Papasso, el de Jonathan Mastropierro, y el del policía de Maldonado por el que se le imputó a Penadés un delito de violencia privada.

La época en la que el primer grupo de denunciantes enmarca los abusos era una en la que la comunidad homosexual solía socializar en la calle, a partir del levante en auto por la ciudad. Había pocos boliches, a los que Penadés también iba poco porque no le gustaba exponerse: eran los primeros años de su carrera política y sabía que en el Herrerismo, donde prevalecía cierto conservadurismo, no iba a llegar mucho más allá si se conocía su vida privada.

Por eso, Penadés centraba su vida social en Punta del Este, donde organizaba sus propias fiestas en las casas de veraneo que alquilaba.

De las cinco víctimas que ubican los hechos en la década de 1990 y principios de los 2000, tres dicen que estuvieron con Penadés en Maldonado, y una más dice que sabía de las fiestas de Penadés Punta del Este, aunque no asistía. Además, cuatro víctimas también relatan que Penadés los levantó en auto mientras iban por la calle.

El único disonante es el caso de MID2, que en ese entonces se identificaba como varón y se contactó con Penadés a través de una agencia. Javier Viana, otro de los denunciantes que ubica los hechos en esa época, también relata que Penadés conseguía chicos a través de una agencia.

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Sobre el grupo de denunciantes más jóvenes y que ubican las denuncias en años recientes, el modo en que se ponen en contacto cambia: en plataformas digitales, a través de mensajes por celular, y con un intermediario. Es sobre ello que versará la estrategia de los acusados —para derribar el caso— y el de la fiscalía.

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Quién se conoce con quién: lo que se sabe de los vínculos entre las víctimas

Los vínculos entre algunos de los denunciantes ha sido el principal argumento de Penadés sobre el que fue construyendo su propia teoría del caso. Tan así, que él junto con el exdirector del Comcar Carlos Taroco armaron un grupo de trabajo para intentar identificar a las víctimas en la causa e intentar demostrar que todo estaba armado.

En entrevista al semanario Búsqueda días atrás —la única que aceptó desde la cárcel— los periodistas Federico Castillo y Macarena Saavedra le preguntaron si no cometió ninguno de los delitos por los que se lo imputó dos años antes.

—Ninguno. Y entiendo que es difícil de creer —insistió el exsenador, que no ha variado su postura de ir hasta el final del juicio, incluso pese a varias propuestas de la fiscalía de optar por un juicio abreviado y una pena más suave a cambio de que acepte los hechos.

Insiste con que todo está armado en su contra, que los protagonistas de esa trama son Romina Papasso y Jonathan Mastropierro y que la fiscal Alicia Ghione tiene algo que ver, al haber ido a buscar víctimas para la causa.

Sin embargo, no todas las víctimas se conocen entre sí, como muestra el siguiente mapa interactivo.

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De ninguna de las víctimas que denunciaron hechos de las décadas de 1990 y 2000 surgieron indicios que demostraran vinculaciones entre sí.

A ellas se agrega otra, la víctima C.

En total, son siete los denunciantes que hasta ahora no se les ha conocido más vínculos en la causa que el que denuncian con Penadés.

El caso se enreda, sin embargo, con algunas de las denuncias más cercanas en el tiempo. Mastropierro es el que, además de Penadés, suma en la vinculación al profesor Mauvezín y a Romina Papasso, con quien dice que se puso en contacto para darle su apoyo y acercarle más posibles denunciantes. Después esgrimió que, de sus amigos, al final, ninguno se animó a denunciar. A Papasso, en tanto, ya la conocía del ambiente de la noche aunque asegura que no tenían un vínculo cercano.

Después está Papasso, la que dio el puntapié que dio inicio a la investigación fiscal. Además de Penadés y Mastropierro, estuvo en contacto por Instagram con la víctima J. Fue él quien le escribió una vez que la denuncia se hizo pública, y ella lo puso en contacto con el Consultorio Jurídico de la Udelar.

Después vienen los cuatro amigos: D, E, G y H, que se contactaron con Papasso para que los llevara con la fiscal Ghione. También se juntaron alguna vez a comer pizza. Ellos aseguran no tener vínculo previo con ella. Papasso dijo a El Observador que los conoce de cruzárselos en la noche.

Las víctimas sobre las que versará el debate en el juicio

Hasta ahora la estrategia de Gustavo Penadés y la de sus abogados ha sido desagregar a cada uno de los denunciantes y tratarlos de manera individual, bajo el argumento de que son solo relatos inverificables.

Sin embargo, la acumulación de denunciantes le ha permitido a la fiscalía trazar una línea de tiempo de manera casi ininterrumpida desde la década de 1990, y que ha hecho que los plazos de prescripción de los delitos se pusieran en pausa una y otra vez. Esto, porque en Uruguay, cuando una persona comete un delito, el plazo de prescripción deja de correr si durante la vigencia del primero la persona vuelve a cometer otro. Esto significa que si en esa línea de tiempo hay baches, algunas víctimas más antiguas correrían el riesgo de haber denunciado un delito que, por el tiempo transcurrido, ya caducó.

Generar esos baches, entonces, será una de las posibles estrategias de la defensa de Penadés.

Para eso, hay dos denunciantes que se prestan de blanco: Papasso y Mastropierro, que tienen un historial delictivo ya conocido en otras causas, serán los más atacados durante el juicio, como también lo fueron durante la etapa de investigación. Porque su prontuario no es la única debilidad: han mentido, tergiversado o cambiado de versión en esta causa. Papasso, por ejemplo, intentó crear pruebas falsas, y también inventó una denuncia falsa contra el entonces precandidato a la República Yamandú Orsi, por la que fue condenada.

Eso, sumado a una fiscal que ha sido señalada por numerosas desprolijidades durante este proceso así como en otro caso anterior, son algunas de las armas con las que los abogados de Penadés intentarán desacreditar buena parte de la investigación, incluso ahora que Ghione ya no está en el caso por licencia médica y quien lidera esta instancia sea una nueva fiscal.

Otro eslabón que será flanco de ataques durante el juicio será la víctima D, porque es quien conectó a otros tres denunciantes con Mauvezín y con Penadés. Si esta víctima cae hace tambalear a sus tres amigos.

El viernes 10 de octubre vence el pazo y horas antes la fiscalía ya habrá presentado su acusación, pedirá una pena y empezará, entonces, la última batalla judicial.

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