Cada vez que una obra se detiene por denuncias que luego no se comprueban, el perjuicio no recae únicamente sobre un desarrollador. Se afecta la confianza de quienes invierten, se frenan puestos de trabajo y se envía un mensaje de inseguridad jurídica que afecta a todo Maldonado y que termina por perjudicar al Uruguay todo.
8 de julio de 2026 10:40 hs
En el caso de Delamar Lofts, las propias fotografías documentan una realidad objetiva.
Primero se ejecutó el muro perimetral, cuya ubicación fue previamente explicada a las autoridades competentes y luego autorizada en las actuaciones correspondientes. El edificio fue proyectado y construido aproximadamente cuatro metros hacia el interior del predio, justamente para respetar la zona de seguridad determinada por las autoridades, cuyas indicaciones se respetaron en su totalidad.
También existen fotografías de la propia ANCAP, tomadas durante las inspecciones técnicas, en las que puede observarse a sus funcionarios marcando el recorrido del oleoducto varios metros por fuera del muro, antes del inicio de la construcción. Es decir, la ubicación del ducto era conocida, fue señalizada y considerada durante el desarrollo de la obra.
Los últimos comunicados de ANCAP, además, informan que no se constató ninguna rotura del oleoducto y que la hipótesis actual es la existencia de una acumulación antigua de hidrocarburos aflorada por movimientos de suelo, mientras continúan los análisis.
Frente a estos hechos objetivos, resulta preocupante que continúe una campaña basada en denuncias reiteradas y afirmaciones cuya veracidad aún debe ser demostrada. Las diferencias jurídicas deben resolverse en los ámbitos correspondientes, pero no pueden transformarse en herramientas para paralizar inversiones ni generar condenas públicas anticipadas.
La Intendencia de Maldonado tiene la responsabilidad de proteger el interés general. Ello implica investigar toda denuncia seria, pero también evitar que denuncias infundadas o malintencionadas produzcan daños irreparables sobre proyectos, trabajadores, compradores y sobre la imagen del departamento como destino confiable para invertir.
Por nuestra parte, como desarrolladores hemos decidido poner fin a esta campaña de desprestigio que desde hace ya tiempo viene soportando nuestra empresa y el proyecto. Por ello, hemos instruido a nuestros abogados a documentar cada ataque infundado a nuestro desarrollo, a fin de llamar a responsabilidad por daños y perjuicios a quienes afectan la construcción y la reputación de un proyecto del que Maldonado puede y debe estar orgulloso.
La seguridad jurídica se construye con hechos, pruebas y decisiones objetivas, no con campañas de desprestigio. Porque cuando se perjudica una inversión legítima, pierde todo Maldonado.
Dr. Ricardo Basso
MELTONY S.A.
Maldonado, julio de 2026
