La Cámara de Diputados ratificó el veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía un aumento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, en una votación que se definió por un margen mínimo. El oficialismo obtuvo 160 votos, mientras que la oposición alcanzó 83 sufragios, quedando a solo dos votos de los 166 necesarios para los dos tercios que exige la Constitución Nacional para insistir con una ley vetada por el Ejecutivo.
Las seis abstenciones registradas fueron cruciales para el triunfo oficialista, ya que al estar presentes en el recinto aumentaron el umbral necesario para alcanzar los dos tercios. Si esos seis diputados hubieran votado a favor de la insistencia, la oposición habría alcanzado exactamente los 166 votos requeridos para voltear el veto presidencial.
Entre los legisladores que optaron por la abstención se destacaron cuatro diputados de Misiones que responden al líder renovador Carlos Rovira, María Eugenia Vidal del PRO y Marcela Antola, quien trabaja en coordinación con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
La ley vetada contemplaba un incremento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones y la actualización del bono que cobran los jubilados de la mínima, elevándolo de $70.000 a $110.000 mensuales. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida habría implicado un costo fiscal de 0,32 punto del PBI en lo que resta del año, cifra que anualizada se elevaría a 0,78 punto del PBI.
Gobernadores jugaron un papel clave
Durante el debate surgieron denuncias sobre presión de gobernadores a sus respectivos diputados para que modificaran su posición. El radical disidente Fernando Carbajal fue contundente: "Quiero denunciar que algunos gobernadores están presionando a sus diputados. No sean crápulas. Es una forma de corrupción cambiar ATN por jubilados".
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, influyó para que Francisco Morchio del bloque Encuentro Federal votara en contra de la insistencia. Por su parte, el mendocino Alfredo Cornejo aportó los votos negativos de Lisandro Nieri y Pamela Verasay, mientras que el santacruceño Claudio Vidal logró que José Garrido se sumara a las filas oficialistas, pese a que había votado a favor de la media sanción en junio.
Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, expresó su malestar por los cambios de posición: "Hay algunos que colaboraron con la media sanción de esta ley y ahora están mirando para otro lado; hay algunos que hoy colaboraron con los dos tercios para habilitar el tratamiento de este tema y están mirando para otro lado. Más que nunca hay que ser serios y responsables y tener convicciones".
La crítica apuntó a una paradoja evidente: varios diputados habían votado a favor de habilitar el debate del tema -logrando los 159 votos necesarios para los dos tercios- pero luego no acompañaron la insistencia en la votación final.
El impacto económico de la decisión
Con la ratificación del veto, los jubilados mantienen el haber mínimo actual de $314.305 más el bono de $70.000, totalizando $384.305. Si la ley hubiera prosperado, ese monto se habría elevado a $446.928 ($336.928 de haber básico más $110.000 de bono).
Ricardo López Murphy, del bloque Republicanos, justificó su voto negativo: "No lo voy a acompañar porque esta ley no resuelve el problema, está mal diseñada". El economista había levantado la mano para habilitar el debate, pero anticipó que no acompañaría el proyecto original.
La votación también incluyó la defección de cinco diputados oficialistas que faltaron a la sesión: Alberto Arancibia, Carlos D'Alessandro, Florencia Klipauka, Alida Ferreyra y Gerardo González. Marcela Pagano, en tanto, votó contra el Gobierno. Tres de estos legisladores -D'Alessandro, Pagano y González- anunciaron que conformarán junto a Lourdes Arrieta una nueva bancada denominada "Coherencia".
Miguel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal, cuestionó la estrategia gubernamental: "¿Quién va a venir a invertir en un país con un gobierno que solo piensa en gobernar por medio del veto y del DNU y pierde en institucionalidad? Nadie".
Al final del debate, Rodrigo De Loredo (UCR) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) propusieron como alternativa la insistencia parcial de algunos artículos para lograr adhesiones de legisladores dudosos, pero el resto de los bloques opositores rechazaron la moción.
Con este resultado, el Senado queda fuera de juego para tratar el tema, ya que se necesita que ambas Cámaras rechacen el veto presidencial para que una ley mantenga su vigencia.
