El escándalo de presuntas coimas que salpicó al Gobierno previo a las elecciones bonaerenses todavía sigue crujiendo puertas adentro en la Rosada. La Suizo Argentina, epicentro de los contratos millonarios con el Estado, quedó marcada por audios, allanamientos y una trama que la Justicia ahora intenta desentrañar.
El ascenso meteórico de una droguería polémica
La Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker, pasó en pocos años de ser una droguería más del sector a transformarse en una de las principales proveedoras del Estado. Entre 2024 y 2025 firmó, al menos, 250 contratos con nueve provincias: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Río Negro, San Luis, Tierra del Fuego, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires por alrededor de $46.432 millones.
Sólo la provincia de Buenos Aires explica casi $34.000 millones de esos convenios, con 17 contratos firmados durante la gestión de Axel Kicillof. A nivel nacional, los números son aún más impactantes: la empresa pasó de manejar contratos por unos $3.898 millones en 2024 a $108.299 millones en 2025, un crecimiento que superó el 2.600 % en apenas un año. Un argumento esbozado desde despachos oficiales es que 2024 fue un año de bastante parálisis administrativa y que muchas cosas se terminaron acumulando para este año.
Contratos con provincias: un entramado diversificado
Los mecanismos fueron variados: licitaciones públicas, adjudicaciones directas, concursos de precios y procedimientos abreviados. La estrategia se replicó en diferentes jurisdicciones, lo que permitió a la empresa consolidar presencia en distintos programas estatales, en especial los vinculados a salud y discapacidad, las áreas ahora perjudicadas por los audios del ex director ejecutivo de la ANDIS.
Buenos Aires lidera el ranking de más contratos firmados, con unos $34.000 millones en convenios, lo que equivale a casi tres cuartas partes del total provincial. Solo en el último año de gestión de Axel Kicillof se cerraron 17 contratos.
Detrás aparecen Tucumán, Córdoba y Catamarca, con contratos que superan los $3.000 millones cada una, mientras que San Luis, Tierra del Fuego y Río Negro muestran volúmenes menores pero con presencia sistemática de la empresa. En Mendoza, por ejemplo, los contratos superaron los $2.500 millones, en un contexto donde el sistema de salud provincial ya arrastraba deudas con proveedores.
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Chequeado
En algunas provincias los contratos se concentraron en insumos vinculados a programas de discapacidad -sillas de ruedas, prótesis, medicamentos de alto costo-, lo que contrasta con la sospecha instalada por los audios: que parte de esos fondos habrían servido para financiar retornos de hasta un 8 % en coimas.
Este despliegue la convirtió en un actor casi omnipresente en el mapa de compras públicas. La poca claridad en la publicación de algunos contratos y la falta de información detallada sobre los pagos alimentan las sospechas sobre la dimensión real del negocio.
De los audios a la Justicia
El salto exponencial de contratos coincidió con la aparición de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En esas grabaciones, Spagnuolo menciona el presunto esquema de retornos del 8% sobre los contratos, que involucraría a la Suizo Argentina y a funcionarios nacionales. La causa judicial investiga si ese “retorno” era un mecanismo sistemático de coimas en el área de Discapacidad.
La defensa de los Kovalivker
Los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, junto a su padre Eduardo, no solo controlan la Suizo Argentina sino que también se hicieron conocidos por su estilo de vida ostentoso. Autos de lujo, yates, relojes suizos, aviones privados y negocios en hoteles, campos, restaurantes y hasta en el polo alimentaron la imagen de los llamados “excéntricos Kovalivker”. Jonathan, incluso, se autodefine como “filántropo” en redes sociales y suele exhibir viajes internacionales y su pasión por el deporte ecuestre.
La familia también figura vinculada a empresas paralelas en el rubro de medicamentos y logística, que habrían servido para diversificar negocios y captar distintos contratos estatales. En el plano social, se movieron en círculos vinculados al polo y la alta sociedad porteña, algo que reforzó su impronta excéntrica en redes y medios.
Frente al avance de la investigación, la familia salió públicamente a negar cualquier irregularidad. En un comunicado, sostuvieron que las contrataciones fueron “transparentes” y que la empresa “cumple estrictamente la normativa vigente”.
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En paralelo, sus abogados presentaron escritos para pedir el cierre de la causa, alegando “cosa juzgada” y cuestionando la legalidad de los audios filtrados. La estrategia defensiva apunta a frenar el avance judicial y a instalar la idea de una persecución política y mediática.
Expectativa judicial: lo que se juega
La investigación quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi. La Justicia ya rechazó pedidos de nulidad de los Kovalivker y avanza en el análisis de contratos, pagos y vínculos con funcionarios.
En paralelo, la fiscalía solicitó informes bancarios y patrimoniales sobre el propio Diego Spagnuolo, con el objetivo de determinar si existieron movimientos de dinero compatibles con las presuntas coimas mencionadas en los audios. Se esperan esos datos como parte clave de la investigación.
La expectativa ahora está en determinar si puede probarse el nexo entre los contratos millonarios y el presunto sistema de coimas revelado en los audios. Si se confirma, el caso no solo comprometería a la droguería, sino también a la red política y administrativa que permitió este exponencial crecimiento en tan poco tiempo.
Entre el negocio farmacéutico y el poder político
Los “tentáculos” de la Suizo Argentina dejan en evidencia un problema estructural: una trama que se repite cada cierto tiempo en la Argentina. Escándalos previos como los sobreprecios de medicamentos en el PAMI en décadas anteriores, las compras directas bajo sospecha en el plan Remediar o los contratos irregulares de laboratorios con el Estado durante la pandemia son recordatorios de un vínculo frágil y permeable entre salud pública, política y negocios privados.
