Días después de la irrupción masiva de extranjeros en la ciudad española en el norte de África, cientos de menores no acompañados deambulan por sus calles.
Sucede pocas horas después de la irrupción de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos en Ceuta, ciudad española en el norte de África.
Mientras agentes y militares españoles se afanan por conducir a la multitud de extranjeros a la frontera para que regresen al lado marroquí, un niño se cuelga del cuello de uno de los uniformados y suplica entre llantos que le dejen quedarse.
"No, Marruecos no", dice entre lágrimas en su idioma.
Unas mujeres intervienen y traducen sus palabras.
Hasta que finalmente se pronuncia un oficial superior.
"No se puede ir si no está acompañado", les dice a sus subordinados, y lo conduce hacia unas dependencias cercanas de la Guardia Civil (cuerpo que forma parte de las fuerzas de seguridad de ámbito nacional en España).
La escena resume uno de los desafíos que supone para España la última crisis migratoria en su frontera sur.
El pasado 30 de julio, unas 72.000 personas procedentes de Marruecos entraron ilegalmente en Ceuta, a nado o escalando montes.
Si bien la gran mayoría regresó a Marruecos en menos de 48 horas, centenares de menores permanecen en una ciudad cuyo centro de acogida ha quedado totalmente colapsado.
Las leyes españolas impiden la deportación de los menores extranjeros no acompañados si no hay garantías para su seguridad y desarrollo en el país de origen.
Los menores que siguen en Ceuta deambulan y duermen en sus calles, y comen de la solidaridad de vecinos y cooperantes a la espera de la respuesta de las autoridades locales, una situación que el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y organizaciones de apoyo a la infancia han calificado de "emergencia humanitaria".
Tanto el gobierno español como el marroquí han expresado su intención de devolver a los niños a sus familias en Marruecos.
Pero los expertos y los precedentes indican que en muchos casos eso no es posible por los requisitos legales y la falta de colaboración entre estados, o porque los menores no tienen un entorno seguro y apropiado al que regresar en su país.
Con varios de sus socios europeos, con Italia a la cabeza, cuestionando la política migratoria del presidente socialista Pedro Sánchez, y varias de sus regiones reacias a acoger a los niños de Ceuta, qué hacer con estos menores se ha convertido en un gran dilema para España.
Hasta el martes, las autoridades españolas tenían identificados a 1.527 menores extranjeros en Ceuta.
Pero las ONG que trabajan en el terreno alertan de que hay más en las calles de la ciudad.
"Nadie sabe cuántos son porque nadie los ha contado y muchos esperan cada día en largas filas ante la Comisaría de Policía a que se les identifique y poder iniciar el trámite de acceso al sistema de acogida", le dice a BBC Mundo desde Ceuta Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de la ONG de apoyo a la infancia Save the Children.
Según Zuppiroli, "la mayoría duerme en la calle y la única comida que reciben es la que les dan algunos vecinos u ONG".
Unos pocos tienen el techo que les han prestado algunas asociaciones vecinales, pero la mayoría pasan día y noche en las calles y playas ceutíes.
"Hay muchas niñas y están en peligro; esto es una emergencia", enfatiza Zuppiroli.
Señala que la mayoría son marroquíes, pero también ha encontrado menores de países africanos tan lejanos como Sudán.
"Muchos nos cuentan que huyen de familias maltratadoras, y hemos encontrado niñas que huyen de matrimonios forzosos y de abusos sexuales", cuenta Zuppiroli.
Medios españoles recogen testimonios de menores que expresan sus deseos de quedarse en España y labrarse un futuro para poder ayudar a sus familias.
Y es que muchos menores marroquíes no ven futuro en su país de origen, donde, si bien la economía está en crecimiento, uno de cada cuatro graduados universitarios está desempleado y un 25% de los jóvenes entre 15 y 24 años ni estudia ni trabaja, según el Consejo Económico, Social y Medioambiental de Marruecos, un organismo consultivo del Estado marroquí.
A los que llegaron a su ciudad en la última crisis, los ceutíes los ven estos días corretear por las calles o jugar descalzos al fútbol entre las naves industriales junto a las que muchos se han instalado.
Las promesas de una acogida favorable en España que les llegaron a través de las redes sociales están lejos de la realidad que se han encontrado hasta ahora.
El procedimiento estándar debería ser alojarlos en el centro local de acogida, pero su capacidad (alrededor de 30 plazas) no es suficiente.
La ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, dijo que "ha habido una situación de desborde que ya se está controlando. Es verdad que hay muchos niños y niñas y el procedimiento lleva su tracto".
Madrid y Rabat han mostrado públicamente su voluntad de que los menores sean devueltos a Marruecos.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del gobierno español, indicó: "Estamos trabajando con el gobierno marroquí para que podamos lograr que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marruecos".
El ministro de Justicia marroquí, Abdelatif Uahbi, señaló en una entrevista que su país "mantiene su determinación de recuperar a sus niños y menores que se encuentran en España, incluidos aquellos que han entrado recientemente en la ciudad de Ceuta".
Y el principal partido de la oposición en España, el conservador Partido Popular (PP), coincide con el gobierno español en que la prioridad es repatriar a los menores a Marruecos.
Pero no es tan sencillo.
Los convenios internacionales de protección de la infancia a los que España se ha adherido y las propias leyes españolas exigen un procedimiento garantista e individualizado para cada menor, donde prime su interés superior y en el que organismos como la Fiscalía deben tomar parte para garantizar su desarrollo y bienestar.
Y todo eso lleva tiempo.
Además, es frecuente que, ante la falta de garantías en sus países de origen, los menores se queden en España.
Las devoluciones colectivas están totalmente prohibidas, como dejó claro el Tribunal Supremo español cuando declaró ilegal la devolución de un grupo de ocho menores marroquíes que cruzaron a Ceuta en 2021, un precedente que deberá tenerse en cuenta ahora.
La ley exige también que se acredite de manera fehaciente la identidad del menor, lo que con frecuencia requiere largos trámites de colaboración consular que muchas veces no se completan.
Las autoridades españolas tienen también, según las propias leyes de su país, la obligación de realizar un estudio socioeconómico y de seguridad para comprobar que el retorno no va a exponer al menor a situaciones de desamparo, riesgo o vulnerabilidad extrema.
El menor cuenta con derecho a la asistencia jurídica durante el proceso y a que las resoluciones se le notifiquen en un idioma que le resulte comprensible.
Su voz debe ser además escuchada y tenida en cuenta, también si expresa su deseo de no regresar a su país.
Una vez completado el estudio, el retorno solo puede realizarse si se ha localizado a su familia y se acredita que la reagrupación familiar es viable y segura, o si las autoridades del país de origen garantizan su entrega a un centro de protección de menores adecuado en su territorio.
Zuppiroli señala que en la práctica la repatriación resulta muchas veces imposible porque las autoridades españolas no obtienen la colaboración de las de Marruecos u otros países de origen.
"Lo complicado es asegurarse de que su familia está allí para acogerle cuando vuelva. Hay que buscar a la familia en Marruecos, avisarles, y se requiere que el niño esté conforme con regresar y la familia lo acepte", explica la representante de Save the Children.
"En los casos de niños marroquíes es muy difícil conseguir información sobre la familia del lado marroquí", añade la experta.
En los días posteriores a la última crisis en Ceuta, un portavoz de Rabat citado por la agencia Efe dijo que su país recibiría a los menores no acompañados marroquíes si España levantaba "los obstáculos judiciales y administrativos que impiden hacerlo".
Desde Save the Children recuerdan que "esas restricciones son realmente un marco de protección a la infancia, por lo que España no puede levantarlo; lo que hay que hacer es agilizar los procedimientos, no suprimirlos".
BBC Mundo solicitó información al Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí y a la Embajada de Marruecos en Madrid, pero no obtuvo respuesta.
A la espera de que se logre la devolución de los menores a sus familias en Marruecos, el gobierno de Pedro Sánchez prevé que sean repartidos por otros lugares de España, para así aliviar la saturación en Ceuta.
La ministra Rego dijo: "Se trata de conectar con la familia y, lógicamente, coordinarse con Marruecos para poder proceder a la reagrupación familiar. Y luego, aquellos cuyo retorno no sea posible, se integrarán en el sistema de acogida de nuestro país con todas las garantías".
El gobierno español prevé comenzar el traslado "gradual" de los menores a comunidades autónomas con plazas disponibles, pero se ha encontrado con los obstáculos que plantean las coaliciones que las gobiernan.
No es la primera vez que sucede.
Dado que los centros de acogida de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla se encuentran habitualmente desbordados por la presión migratoria, el gobierno de Sánchez impulsó cambios legales para obligar a recibir y atender a los menores a las comunidades que hasta entonces se habían negado.
El Partido Popular suavizó su postura inicial y ahora se muestra abierto a un reparto de los menores de Ceuta "justo, bien dotado y planificado", en cumplimiento de la ley.
Pero el ultraderechista Vox, que gobierna en coalición con el PP en varias comunidades, insiste en su rechazo a aceptar niños extranjeros y cuestiona que realmente se trate de menores.
Queda por ver cuál será la actitud de este partido una vez llegue el momento de acogerlos.
El gobierno español suspendió recientemente los permisos de todos sus militares en Ceuta en medio de rumores y comentarios en redes sociales que hablan de otro próximo intento de irrupción masiva en la ciudad.
Rut Bermejo, investigadora de migraciones en el Real Instituto Elcano, un centro español de análisis internacional, le dice a BBC Mundo que "las llegadas de menores extranjeros no acompañados a España se están multiplicando".
"No podemos pensar que esto vaya a cambiar mucho, por lo que no hay otra opción que mejorar el sistema de acogida", añade.
Pese a que varios países europeos parecen inclinarse más por políticas de restricción que por la acogida, Bermejo recuerda que "España está creciendo y alcanzando cifras récord de afiliación a la Seguridad Social gracias a los trabajadores extranjeros".
Para ella, "todos estos menores son una inversión de futuro en un país que necesita más niños y no podemos dejar de respetar sus derechos humanos".
Sin embargo, la convergencia de factores legales, políticos, sociales y humanos convierte la búsqueda de una solución equilibrada en un desafío complejo para el futuro de estos menores.
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FUENTE: BBC
