El tribunal ordenó la suspensión de los perfiles de Pablo Marçal en Instagram, X, TikTok y YouTube y de su página web personal hasta el final de las elecciones, pero es posible recurrir
BBC News Brasil - El Tribunal Electoral de São Paulo ordenó el viernes (23/8) la eliminación de los perfiles en las redes sociales de Pablo Marçal (PRTB), candidato a la alcaldía de São Paulo .
El recurso responde a la petición del PSB, el partido de Tabata Amaral , también candidato a la alcaldía. La decisión podrá ser apelada.
En la acción, el PSB acusa a Marçal de abuso de poder económico por supuestamente pagar a sus seguidores para editar y difundir recortes de los vídeos del candidato en las redes sociales, en una trama que involucra a más de 5.000 perfiles.
Según la acción, el candidato del PRTB organiza concursos entre sus seguidores, con premios.
En la decisión preliminar, el juez electoral Antonio María Patiño Zorz, de la 1ª Zona Electoral de São Paulo, evalúa que "existe ciertamente un indicio razonable de que el acusado Pablo viene promoviendo desde hace algún tiempo, a través de la red social, un profundo y arquitectura consistente en la capilaridad y alcance de su imagen".
También según el juez, Marçal "fideliza y desafía a los seguidores, que lo siguen en una búsqueda desenfrenada de 'me gusta' a cambio de ventajas económicas".
"'Monetizar recortes' equivale a difundir continuamente una imagen sin respetar el equilibrio que se valora en la disputa electoral", afirma el juez, en la decisión.
Como resultado, el tribunal ordenó la suspensión de los perfiles de Marçal en Instagram, X (antes Twitter), TikTok y YouTube y su página web personal hasta el final de las elecciones.
La decisión también prohíbe a los candidatos volver a numerar los "cortadores" de su contenido hasta el final de las elecciones. También impone la suspensión del canal de Marçal en la plataforma Discord.
El juez rechazó, sin embargo, las solicitudes de PSB de bloquear la monetización de los recortes realizados hasta la fecha de la decisión; romper el secreto bancario y fiscal de las empresas de Marçal; para que se avise a Marçal para que dé detalles de quién hace los recortes; y oficiar plataformas para que informen quiénes son los “cortadores”.
Tras la decisión, Marçal publicó varios vídeos en las redes sociales.
“Cada persecución acelera el proceso”, dijo el candidato en uno de los videos publicados en Instagram y también reproducido en X.
"Por favor cumplan con la decisión (...), quiten mis redes sociales, incluso me verán aparecer dentro de su refrigerador", provocó, indicando también perfiles alternativos a seguir, en caso de que los funcionarios queden inoperantes debido a la investigación preliminar. decisión .
Marçal está técnicamente empatado con el diputado federal Guilherme Boulos (PSOL) y el actual alcalde Ricardo Nunes (MDB) en la disputa electoral de São Paulo, según una encuesta de Datafolha publicada el jueves (22/8).
Para Horacio Neiva, abogado especialista en derecho electoral y doctor en derecho por la Universidad de São Paulo (USP), de confirmarse los hechos señalados por el PSB en la acción inicial, Pablo Marçal podría haber cometido tres posibles delitos.
El primero de ellos sería el abuso de poder económico, dependiendo del volumen de recursos utilizados.
"En este caso, es necesario considerar no sólo el monto gastado por el candidato, sino también el monto gastado por los usuarios con su consentimiento", explica Neiva.
Según él, estos valores deben ser considerados porque el propio candidato estaría incentivando a los usuarios, a través de recortes competitivos.
El segundo delito, en opinión del experto, sería el gasto irregular en campaña (el famoso "fondo para sobornos") por no declarar a los seguidores las cantidades gastadas en premios.
"Incluso si el candidato declara las cantidades gastadas en los premios recortados - lo que también sería un gasto ilícito, ya que no existe autorización legal para el pago de 'premios' durante la campaña - está el hecho de que los competidores también están gastando en el beneficio de la campaña y hay que contabilizarlos", añade Neiva.
Finalmente, también existe la posibilidad de abuso derivado del uso de un soporte publicitario prohibido.
"La ley electoral permite la promoción de contenidos, siempre que se utilicen herramientas específicas puestas a disposición por las plataformas", explica Neiva.
En estas herramientas autorizadas durante el período electoral, los datos son públicos, por lo que el Tribunal Electoral puede saber quién los impulsó.
Además, las personas físicas (es decir, no jurídicas) no pueden contratar refuerzos en beneficio de un candidato, afirma el experto.
Según él, si se demuestra que se trató de una acción coordinada con gastos desproporcionados, podría constituir un abuso, aunque esto sólo haya ocurrido en el período preelectoral, ya que los actos de precampaña también pueden afectar el equilibrio del conflicto.
Expertos en derecho electoral discrepan sobre la decisión del juez Antonio María Patiño Zorz de suspender las redes sociales de Marçal por posibles actos ilícitos derivados del pago a seguidores por publicar recortes de sus videos.
Alberto Rollo, especialista en derecho electoral, cree que la decisión preliminar fue correcta.
"El problema es que puedes separar en una misma red social qué es propaganda electoral ilegal y cuál es su red social, ya que él tiene la libertad de mantener su red social", dice Rollo.
"Valoro que, en este momento, por el abuso que ya ha quedado demostrado -no es un hecho aislado que pasó un día, es algo que viene sucediendo desde el inicio de la precampaña y campaña electoral-, que "El Tribunal Electoral actuó correctamente para eliminar la ilegalidad en su conjunto, de raíz", afirma el abogado.
Neiva, por su parte, considera que la decisión puede haber sido exagerada y podría ser revocada en los próximos días, cuando Marçal recurra la decisión preliminar.
"El gran problema de la suspensión de sus páginas es que el esquema de competencia de corte no estaba ocurriendo en la página de Pablo Marçal, era un sistema que estaba ocurriendo en Discord", señala.
"La gente iba allí y reproducía estos recortes en sus páginas personales o en páginas creadas para este fin y quien lograba el mayor alcance recibía una compensación económica".
"Entonces la página oficial de Marçal no era exactamente donde se estaba cometiendo la infracción. El juez entendió que era la fuente de los recortes utilizados posteriormente en la trama, pero me parece que va un poco más allá del significado de la infracción", evalúa el abogado.
Según ambos abogados, lo que debería pasar ahora es que Marçal recurra la decisión ante el Tribunal Electoral Regional (TRE).
Si el juez acepta los argumentos del candidato, podrá obtener un efecto suspensivo sobre la decisión preliminar durante el fin de semana o al inicio de la semana, ya que el Tribunal Electoral tiende a tomar decisiones rápidamente, debido al corto período de campaña.
Si no logra obtener una decisión favorable en la TRE, Marçal aún puede apelar ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Neiva señala que, si la acción del PSB se considera válida, a Marçal se le podría revocar su registro o su diploma, en caso de ser elegido. Pero esta decisión no debería tomarse todavía durante la campaña electoral.
Alberto Rollo recuerda que el propio registro de Marçal está en peligro, debido a acciones que cuestionan el cumplimiento por parte del candidato del período mínimo de afiliación exigido por el estatuto del PRTB para los candidatos a cargos electivos.
"La ley electoral dice que el plazo para ser miembro es seis meses antes de las elecciones, a menos que el partido no tenga un plazo mayor. Y el partido al que se afilió tiene un plazo de nueve meses, no de seis, y no cumplió con ese plazo nueve". meses", afirma Rollo.
"Entonces su registro podría ser rechazado y entonces no importa si insulta a Boulos [como adicto a la cocaína] o paga por recortes en las redes sociales, porque su registro puede no ser aprobado".
Según Rollo, el Tribunal Electoral tiene hasta el 20 de septiembre para juzgar los expedientes de candidaturas en primera instancia y en el TRE, a fin de que haya tiempo para un recurso de apelación, en su caso.
