Las oficinas de Ferrere en Uruguay fueron sede del primer Foro Compliance Latam 2024 y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) fue uno de los temas centrales de la jornada. Conocer el efecto extraterritorial de esta norma y el alcance de su aplicación en empresas de la región es crucial para evitar sanciones de los órganos de control de Estados Unidos.
Aprobada en 1977, la FCPA prohíbe a los ciudadanos y entidades estadounidenses sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros para beneficiar sus intereses comerciales. La ley no solamente prohíbe el pago de sobornos mediante efectivo sino que también a través de otros elementos de valor, como pueden ser descuentos o pagos de viajes. Modificaciones introducidas en 1998 hacen que se aplique también a las empresas y personas extranjeras que, ya sea directamente o a través de intermediarios, ayuden a facilitar o llevar a cabo pagos corruptos en territorio estadounidense.
¿A quién alcanza esta norma?
La aplicación de la FCPA por parte de las autoridades estadounidenses ha sido agresiva durante los últimos años, con particular énfasis en Latinoamérica.
“Desde 2015 ha habido alrededor de 350 casos de aplicación de esta ley, tanto a empresas como individuos y de estas aplicaciones, aproximadamente la mitad involucran algún país de Latinoamérica: Brasil, México y Venezuela se encuentran en el top 10 de países con más casos, y Argentina, Ecuador y Colombia dentro del top 25 y las estadísticas demuestran que esta sigue siendo la tendencia”, detalló Carla Arellano, consejera de Ferrere.
Según explicó Facundo Galeano, abogado Miller & Chevalier, firma de abogados con sede en Washington DC que se especializa en áreas que interactúan con el gobierno federal, la FCPA involucra a los emisores, lo que engloba a todas las compañías que emiten en una bolsa de Estados Unidos; a las personas físicas y jurídicas domésticas, es decir dentro del país, y por último a todas las compañías que tienen un nexo suficiente con el país norteamericano.
“Si la reunión en la cual se coordinó el esquema de soborno fue hecha en suelo estadounidense, si la llamada telefónica pasa por una línea en Estados Unidos, o por el sistema bancario estadounidense (en el que los bancos locales tienen cuentas corresponsales) o si los datos, por ejemplo en un mail, pasan por un servidor localizado en el país, se está dentro de este último grupo”, explicó Galeano sobre el alcance de la norma en la región, a la vez que destacó la importancia de poner foco en los intermediarios.
Además, precisó, la definición de funcionario público extranjero es muy amplia, y engloba jueces, partidos políticos y organismos internacionales.
Según destacó Gustavo Papeschi, socio del estudio argentino Beccar Varela, en los últimos años se puede ver un cambio de paradigma que hace que al elegir un socio comercial se ponga foco en por qué vías se llega a la eficiencia económica. En este marco, tener desarrollado un programa de integridad se vuelve una necesidad comercial para mantener la vigencia y ser competitivo.
Las últimas modificaciones y sus alcances
Con 17 casos contra individuos en los últimos tres años, el gobierno estadounidense ha empezado a poner mucho foco en este grupo y no solo en las compañías.
En cuanto a las más recientes modificaciones, el 14 de diciembre de 2023 el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (FEPA por sus siglas en inglés). Esta nueva norma tipifica como delito federal que cualquier funcionario de un gobierno extranjero exija, reciba o acepte recibir un soborno de una empresa o individuo estadounidense.
Esta ley, explicó el abogado Miller & Chevalier, llena un vacío que tenía la FCPA y atiende un tema en el que históricamente el gobierno estadounidense “buscaba no meterse”, por la implicancia política de condenar a funcionarios públicos en el extranjero.
Desde su promulgación, detalló, la ley no ha tenido mucha aplicación, y desde el sector miran atentos qué estrategia tomará al respecto el nuevo gobierno electo en el país norteamericano.
Por otro lado, el experto destacó la política de Puerto Seguro, que busca promover la autodenuncia voluntaria: a partir de esto, las compañías tienen 120 días para revelar casos de soborno.
En cuanto a los nuevos riesgos, el uso de la inteligencia artificial es otro tema que empieza a ser importante monitorear a la interna de las compañías.
Trump: ¿esfuerzos anticorrupción o aplicación política estratégica?
https://www.bbc.com/mundo/articles/cy4g22ekg04o
Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos para el período 2025-2029
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En 2021, el presidente estadounidense Joe Biden emitió un memorándum en el que resaltaba la importancia de la lucha contra la corrupción y el rol fundamental de esto para la seguridad nacional de Estados Unidos. Sin embargo, ante el próximo cambio de gobierno, el sector de compliance espera que puedan haber cambios en la estrategia.
A lo largo de los años, la postura de Donald Trump al respecto de la FCPA, quien asumirá su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero del 2025, ha sido contradictoria.
Si bien en 2012 el republicano calificó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero como una norma “ridícula” y “horrible”, que dificultaba a las empresas estadounidenses competir en el extranjero, durante su primera administración al frente del gobierno estadounidense hubo récord de casos y proporcionó incentivos para que las empresas cumplan con la ley.
Sin embargo, Galeano sostuvo que en este período el gobierno estadounidense utilizó la FCPA para ir principalmente en contra de compañías extranjeras. “Fue una decisión política del gobierno de Trump”, agregó.
Ahora, ante un escenario de “guerra comercial” con China, el abogado de Miller & Chevalier estimó que, a pesar de que Trump es impredecible, el enfoque podría estar en otros temas, como las tarifas o las sanciones económicas. De todos modos, sostuvo, "seguramente se siga usando la normativa del FCPA para ir en contra de compañías extranjeras", entre las que podrían destacar las chinas.
Por el momento el equipo de transición de Trump no ha detallado qué tipos de delitos perseguirá la nueva administración y si los procesos anticorrupción serán una prioridad.
