Celulares en las aulas: cómo los regulan Brasil, Argentina, Chile y Paraguay

Las experiencias muestran que no existe una fórmula única: algunos países optaron por regular el uso, otros establecieron prohibiciones generales con excepciones y otros todavía discuten nuevas leyes.

El punto en común es la búsqueda de reglas que protejan el aprendizaje, la convivencia y el bienestar, sin abandonar la educación digital ni el uso pedagógico de la tecnología.

Brasil: uso pedagógico organizado y restricciones durante la jornada

Mariana Filizola, gerente de proyectos de la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Educación de Brasil, explicó que el país comenzó a aplicar en febrero de 2025 una ley nacional que regula el uso de celulares en las escuelas.

La norma permite utilizar los dispositivos cuando son necesarios para una actividad pedagógica y contempla excepciones para estudiantes que los precisan por motivos de salud.

Según Filizola, el principal mensaje fue que regular no significa rechazar la tecnología, sino establecer condiciones para un uso consciente y vinculado con el aprendizaje.

La implementación planteó un desafío debido al carácter descentralizado del sistema educativo brasileño, en el que los estados y municipios tienen autonomía.

El Ministerio de Educación no puede imponer un método único, pero sí orientar a las autoridades a partir de una base común y respetando las diferencias de cada territorio.

La ley se articuló con la Estrategia Nacional de Escuelas Conectadas, destinada a garantizar el acceso a internet, y con la Estrategia Brasileña de Educación Mediática, enfocada en el desarrollo de habilidades digitales.

Filizola reconoció que inicialmente hubo resistencia, sobre todo entre los estudiantes, pero afirmó que se produjo una adaptación gradual con un fuerte apoyo de las familias.

Entre los cambios observados mencionó estudiantes más atentos, participativos y enfocados, un aumento de la escritura y la interacción y una reducción de las fotografías tomadas a la pizarra.

Los cambios más visibles se registraron durante los recreos, con más actividades físicas, juegos, convivencia entre estudiantes y uso de las bibliotecas.

También citó una investigación independiente según la cual el 80% de los estudiantes brasileños manifestó sentirse más enfocado en clase desde la aplicación de las restricciones.

El Ministerio de Educación prepara ahora una investigación propia para medir los efectos de la regulación sobre el aprendizaje, el rendimiento y la convivencia escolar.

Argentina: un mosaico de regulaciones provinciales

Lourdes Morán, asesora en Educación e Inteligencia Artificial de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, explicó que Argentina no cuenta con una ley nacional sobre el uso de celulares en las escuelas.

Debido a su organización federal, cada una de las 24 jurisdicciones regula de manera autónoma y, hasta el momento del conversatorio, 11 habían aprobado leyes o resoluciones.

Las normas difieren según los dispositivos alcanzados, los espacios donde se aplican las restricciones y los niveles educativos involucrados, aunque el criterio dominante es limitar el uso autónomo en el aula y permitirlo con fines pedagógicos.

Santa Fe fue la primera jurisdicción en aprobar una ley que prohibió expresamente el uso de celulares durante el horario escolar, con excepciones por motivos de salud y para actividades pedagógicas autorizadas. La norma, de 2006, alcanzó a instituciones públicas y privadas y sirvió de referencia para otras provincias.

Mendoza actualizó en 2025 una regulación de 2008 que inicialmente estaba centrada en los docentes. La nueva versión incluyó también a los estudiantes, incorporó tablets y computadoras personales y permitió el uso durante los recreos bajo supervisión docente.

Salta combinó una ley con una resolución del Ministerio de Educación provincial que agregó protocolos, orientaciones para los docentes y guías para autorizar usos pedagógicos, con el objetivo de trasladar la norma a la realidad cotidiana de las aulas.

Morán sostuvo que las restricciones mejoraron la percepción docente sobre el clima de aprendizaje, aunque mencionó como dificultades la falta de infraestructura, la aplicación desigual y la baja participación de estudiantes y familias en el diseño de las normas.

“La regulación puede ser el punto de partida, la ciudadanía digital tiene que ser el punto de llegada”, resumió.

Chile: prohibición general durante las actividades curriculares

Denise Hernández, profesional de proyectos del Centro de Innovación de la Subsecretaría de Educación de Chile, presentó la ley 21.801, aprobada en diciembre de 2025 y vigente desde marzo de 2026.

La norma establece una prohibición general de los dispositivos móviles personales durante las actividades curriculares, acompañada de excepciones específicas.

La restricción alcanza a los equipos propiedad de estudiantes y otros integrantes de la comunidad educativa, pero no regula de la misma manera la tecnología perteneciente al establecimiento y destinada al uso pedagógico.

La ley reconoce la educación digital como un principio del sistema educativo, establece la prohibición general y promueve condiciones de bienestar, convivencia y desarrollo integral.

La regulación alcanza a estudiantes, docentes, asistentes, directivos, madres, padres y apoderados cuando participan de actividades curriculares.

Cada establecimiento debe definir en su reglamento interno cómo aplicará la prohibición y cómo autorizará las excepciones, con plazo hasta el 30 de junio de 2026.

Los dispositivos pueden utilizarse como ayuda técnica para estudiantes con necesidades educativas especiales, ante emergencias o catástrofes, por condiciones de salud que requieren monitoreo, por razones de seguridad y con fines pedagógicos en educación básica y media.

Solo en educación media los establecimientos pueden habilitar horarios o espacios adicionales para el uso autónomo de los celulares.

Hernández señaló que antes de la ley el 87% de los establecimientos chilenos ya tenía algún tipo de regulación, por lo que la norma busca establecer un marco común y evitar decisiones arbitrarias.

La implementación fue diseñada para ser informada, gradual, participativa y adaptada al contexto de cada comunidad educativa.

Hernández sostuvo que regular el celular no significa estar en contra de la tecnología, sino definir su lugar, sus condiciones y su finalidad educativa.

Chile trabaja en una línea base y en mecanismos de seguimiento, y deberá presentar al Congreso en 2030 los resultados de la implementación.

Paraguay: una regulación vigente y dos proyectos en discusión

Margarita Rojas, directora general de Inclusión Digital y TIC en la Educación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación de Paraguay, presentó un escenario todavía en transición.

Una resolución de 2011 permitió el uso de celulares en el aula bajo planificación docente y también durante los recreos y tiempos libres.

En 2019, una ley mantuvo el uso pedagógico supervisado en instituciones públicas y privadas y estableció la necesidad de contar con espacios para almacenar los dispositivos.

En diciembre de 2025, el Poder Ejecutivo presentó un nuevo proyecto que propone prohibir los celulares durante las clases, los recreos y los descansos, aunque mantiene las excepciones pedagógicas.

El proyecto obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados y continuaba su tratamiento legislativo, mientras otro texto presentado por legisladores proponía además sanciones por incumplimientos reiterados.

“No tiene sentido tener dos proyectos de ley”, afirmó Rojas, quien reclamó que las iniciativas se unifiquen y sean discutidas en audiencias públicas.

Uno de los principales elementos del debate paraguayo es la brecha entre la educación pública y la privada.

En algunos colegios privados, los estudiantes dejan sus celulares al inicio y los recuperan al finalizar, ya que disponen de tablets, laptops u otros equipos para trabajar.

En el sistema público, en cambio, el celular puede ser el único dispositivo digital disponible para un estudiante.

Paraguay avanza gradualmente en la entrega de equipos, la instalación de laboratorios y la conectividad, pero todavía no alcanza a todas las instituciones ni dispone de un dispositivo por alumno.

Rojas sostuvo que las políticas deben contemplar esas desigualdades para evitar que las restricciones profundicen la brecha digital.

“Lo importante para nosotros es no esperar toda la parte regulatoria; ya sabemos lo que tenemos que hacer”, afirmó.

La funcionaria también puso el foco en la inteligencia artificial y en la necesidad de formar primero a los docentes para que comprendan sus riesgos, sesgos y mecanismos de funcionamiento.

“Los docentes tienen que entender bien el impacto que genera la inteligencia artificial y de ahí ir permeando hacia los estudiantes”, señaló.

También advirtió sobre el riesgo de aceptar sin cuestionamientos la información obtenida mediante internet o sistemas automatizados.

“Todos creemos lo que nos dicen. Cuando entramos a buscar algo, creemos lo que nos está diciendo. Ese es el mayor riesgo”, concluyó.