Uno de los puntos centrales de la discusión, planteados por Alina del Castillo, representante de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU), fue la necesidad de aclarar si la iniciativa se limita al sistema público de vivienda y al régimen de vivienda promovida o si podría entenderse como una restricción para todo el mercado.
Ante ese planteo, el senador frenteamplista Óscar Andrade aclaró que en ningún caso se habla de prohibición, sino de restringir un estímulo fiscal.
“Son dos cosas bien diferentes, vamos a trabajar para que quede claro en el debate y en el texto, de manera que no se preste a interpretaciones diferentes. Pero claramente lo que busca la ley es definir qué tipos de viviendas son las que el Estado tiene que promover, o sea, dónde tenemos que concentrar los recursos para generar estímulos”, sostuvo el legislador.
En la práctica esto haría que si hay un proyecto de vivienda con monoambientes, una parte de ese proyecto no estaría subsidiada.
Sin embargo, para APPCU, eliminarlos de la ley de vivienda promovida implicaría perder superficie construible dentro de los proyectos y reducir su viabilidad económica, lo que derivaría en menos inversión y menor generación de empleo.
"¿Quién va a hacer un monoambiente si con ese metraje construye una vivienda de un dormitorio? Nadie. ¿Se va a hacer un monoambiente de 40 metros cuadrados cuando una vivienda de un dormitorio tiene 35 metros cuadrados? Me parece que los deroga tácitamente", sostuvo Aníbal Durán, representante de la gremial.
Por su parte, Alfredo Kaplan señaló que resulta "curioso" que se pretenda exigir mayores dimensiones para los monoambientes promovidos que para los desarrollos privados en zonas como Punta del Este, Pocitos o Carrasco, donde existen unidades de entre 25 y 28 m².
En este sentido, desde APPCU sostuvieron que la eliminación de los monoambientes dentro de la vivienda promovida afectaría un producto que representa menos del 9% del total de las unidades construidas bajo ese régimen.
"Los monoambientes los compran más inversores que compradores finales. Es un producto que está pensado para invertir y alquilar. La ley de vivienda promovida hablaba de construir para vender y/o alquilar, por lo que este tipo de situaciones estaba dentro de los objetivos", sostuvieron.
Además, en esta instancia, uno de los principales planteos de la gremial de promotores fue que el debate ya comenzó a ralentizar la inversión en el sector.
"Es un tema hasta psicológico. Son aspectos que inciden en ralentizar la inversión, si hay un edificio que empezó, se va mermando, se va aflojando, hasta que se diluciden estos aspectos", sostuvo Durán.
La postura de la academia sobre el rol del Estado
Por su parte, desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Lucía Anzalone sostuvo que el debate trasciende el tamaño de los monoambientes y pone sobre la mesa el tipo de vivienda que el Estado decide promover mediante exoneraciones tributarias.
"Entendemos que la pregunta relevante no es simplemente si los monoambientes deben existir, sino si corresponde que el Estado subsidie mediante importantes beneficios fiscales viviendas de 25 metros cuadrados como solución habitacional permanente, y entendemos que la respuesta es negativa", afirmó.
Una postura similar expresó la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, quienes leyeron un comunicado en el que afirman que consideran pertinente la modificación propuesta al artículo 18 de la Ley N° 13728 para volver a establecer el mínimo habitacional en 35 metros cuadrados y eliminar la posibilidad de la construcción, promoción, financiamiento o subsidio a monoambientes en el marco del sistema público de vivienda.
“Un monoambiente no es una solución habitacional permanente. Es una solución transitoria. O sea que no debería prohibirse en aquellos lugares con más aglomeración o más necesidad de que las soluciones sobre el suelo sean más pequeñas, porque los servicios a su alrededor los complementan. Pero no debería en ningún caso –y en eso quiero ser muy clara– financiarse o subsidiarse –como pasa en el caso de la ley de vivienda promovida– por el Estado”, sostuvo María Jorge, de la SAU.
El cruce por las exoneraciones fiscales y el llamado al consenso
La discusión tuvo además un momento de tensión entre González y representantes de APPCU, luego de que el intercambio derivara hacia diferencias en el impacto de las exoneraciones fiscales.
"Dije que no iba a hablar de plata y usted sigue hablando de plata. ¡Muy bien! Yo tengo las exoneraciones acá, no soy un estúpido y me documento. Para mí es impresentable que el Estado promocione 25 metros cuadrados", respondió el senador frenteamplista.
Hacia el cierre de la sesión, el presidente de la comisión, José Luis Falero, pidió a la APPCU un análisis sobre el impacto de elevar el mínimo de 25 a 35 m² y llamó a seguir dialogando para alcanzar una solución de consenso. En ese sentido, sostuvo que el debate no pasa por eliminar los estímulos fiscales, sino por evaluar bajo qué condiciones deberían mantenerse, dejando abierta la discusión sobre los requisitos que podrían exigirse para acceder a los beneficios de la vivienda promovida.
