En diciembre de 2020, el Poder Ejecutivo modificó la ley 18.195 de agrocombustibles con el objetivo de promover la producción de biocombustibles. Sin embargo, a casi cuatro años de ese cambio normativo, aún falta el decreto que reglamente en qué condiciones deberá desarrollarse la producción de los combustibles líquidos renovables, algo que desde el sector privado afirman que genera “incertidumbre” en inversores extranjeros.
En concreto, el cambio en la ley estableció que los aspectos vinculados a la autorización de producción, calidad y comercialización de los agrocombustibles (alcohol carburante y biodiésel), se extendieron a todos los combustibles líquidos renovables, ya sea a partir de materias primas de origen agropecuario o a partir del procesamiento de residuos industriales, agroindustriales o sólidos urbanos.
En esa modificación, la normativa señaló que las plantas de combustibles líquidos renovables que se instalen en el país “no tendrán ningún límite de capacidad instalada o volumen, más allá de aquellos que pueda disponer el Poder Ejecutivo o la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) por razones de seguridad o interés general”.
Asimismo, en ese decreto, se estableció que el Ejecutivo debía reglamentar esa disposición en orden de establecer cuáles son las condiciones a cumplir por parte de las personas físicas o jurídicas que desarrollen esas actividades.
Sin embargo, el gobierno aún no ha emitido ese decreto y por ello, desde el sector privado afirman que actualmente hay un “vacío legal” que genera “incertidumbre” en potenciales inversiones millonarias que analizan llegar al país.
Así lo señaló la abogada de Ferrere y asesora especialista del sector energético, Agustina Pérez Lete quien, en diálogo con El Observador explicó que a los inversores extranjeros les genera “incomodidad e incertidumbre no contar con todos los detalles” normativos.
“Entendemos que el gobierno está trabajando en ese decreto pero desde 2020 hasta ahora no ha salido y a la fecha no existe. Es clara la intención de las autoridades de querer apoyar estos proyectos pero al gobierno le falta afinar la regulación para que el inversor se sienta cien por ciento seguro”, indicó la abogada.
Si bien Pérez Lete descartó que la falta del decreto sea una traba para potenciales proyectos que puedan llegar a Uruguay, sí reconoció que los inversores norteamericanos y europeos “demandan tener todos los detalles”, saber con exactitud cuáles serán las reglas de juego que establecerá el Poder Ejecutivo y así no llevarse “sorpresas” con determinadas cláusulas.
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canola, una materia prima para la producción de biocombustibles
FOTO: ALUR
“La ley actual regula el biodiesel y el alcohol carburante, todos los requisitos de calidad que se exigen son aplicables para estos dos, pero sin el decreto ¿qué pasa con los otros biocombustibles? ¿Qué quiere decir el Ejecutivo cuando dice que por razones de seguridad o de interés general puede limitar estos proyectos? Nosotros tenemos que advertirle a los inversores extranjeros que el gobierno puede limitar el volumen o la capacidad de sus proyectos, el tema es que no sabemos cuándo podrían aplicar esas limitaciones”, detalló la abogada de Ferrere.
Por otra parte, el artículo 18 de la ley 18.195 establece que lo producido en la planta de biocombustibles puede tener como destino la comercialización con Ancap, la exportación, el autoconsumo, o puede ser vendido a un tercero que —acuerdo mediante— se comprometa a utilizar ese biocombustible en sus vehículos y/o maquinaria.
No obstante, en ese artículo se señala que el Ejecutivo también podrá llegar a requerir una autorización especial para la exportación de ese biocombustible y vuelve a hacer alusión a razones de seguridad, interés general y abastecimiento del mercado local.
En su momento, “eso tenía sentido porque tenía que ver con que Ancap estaba obligado a mezclar biodiésel” en el gasoil de uso automotivo, por lo que podía haber una exigencia por parte del Ejecutivo de asegurar el mercado local, dijo Pérez Lete. Sin embargo, esa obligatoriedad fue eliminada en 2021, por lo que la abogada de Ferrere reiteró que ahora “no se entiende en el marco de qué motivo podría aplicar esa autorización especial”, remarcó.
Si bien el análisis de los proyectos de inversión de las empresas interesadas en producir biocombustibles en Uruguay “siguen adelante” pese a esa falta de normativa, Pérez Lete enfatizó que la reglamentación “ayudaría a definir los proyectos y poder ser lo más claros posible con los inversores”.
