El año pasado el gobierno consideró que era necesario introducir algunos cambios al régimen. El punto de partida había sido la Ley de Inversiones de 1998 que estableció el otorgamiento de beneficios fiscales a empresas con proyectos que fueran promovidos por el Poder Ejecutivo a través de la Comisión de Aplicación (Comap). Décadas después se intenta -con las modificaciones previstas- acelerar el crecimiento de la economía impulsando la actividad productiva y la inversión privada, según señala el decreto reglamentado la semana pasada.
Un informe de CPA Ferrere indica que el nuevo régimen revierte el proceso de la inflación de la matriz de beneficios acumulado de decretos anteriores, lo que implica -en la práctica- una mayor exigencia para acceder a los beneficios, salvo para proyectos de gran inversión y parcialmente para propuestas de empleo que contemplen la contratación de colectivos vulnerables.
Uno de los cambios refiere a los indicadores que se deben tomar en cuenta en los proyectos para acceder a los beneficios. El decreto reduce la ponderación global de 150 a 130 puntos, lo que en la práctica genera mayor dificultad para llegar al puntaje máximo, y, por ende, alcanzar beneficios de hasta 100% de la inversión en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).
Además, propone una disminución de la ponderación de los indicadores de generación de empleo, descentralización y aumento de las exportaciones, lo que puede suponer una restricción para los proyectos que opten únicamente por ellos.
Sobre las modificaciones de las inversiones elegibles, el documento expresa que deberán destinarse directamente a las actividades que generen ingresos gravados por el IRAE. Además no se considerarán elegibles los bienes de cambio ni los que por sus características, tipología o valor excedan notoriamente la actividad declarada en el proyecto.
Respecto a las ampliaciones de los proyectos, CPA Ferrere explica que se habilitan hasta tres durante el plazo de ejecución de la inversión fijado en la declaratoria promocional o hasta el segundo ejercicio económico siguiente a la declaratoria. También especifica que si la ampliación es menor o igual al 10% de la inversión original no requiere incremento de indicadores; si es entre 10% y 50% exige un aumento proporcional y si supera el 50% se considera un nuevo proyecto.
Micro, pequeñas y medianas empresas
El documento señala que el decreto anterior de 2020 otorgaba un beneficio adicional al obtenido de 10%, además de un ejercicio adicional de plazo para su utilización. El nuevo texto asigna a las micro y pequeñas empresas un incremento de 15 puntos porcentuales al beneficio del IRAE obtenido en la matriz de indicadores y dos ejercicios de plazo adicionales.
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Para las medianas compañías, de hasta 50 empleados, brinda un aumento de 10 puntos porcentuales y un ejercicio de plazo de utilización.
En ningún caso la exoneración final del IRAE podrá superar el 100% de la inversión elegible.
Proyectos con grandes inversiones
El estudio expone que el nuevo decreto incorpora la categoría de “gran inversión”, que tendrán mayor facilidad para obtener mayores beneficios en caso de cumplir con determinadas condiciones.
Los proyectos con inversión elegible mayor a 180 millones de Unidades Indexadas (UI), equivalentes a US$ 29,9 millones, pueden alcanzar el 100% de exoneración de IRAE sobre la inversión si se presentan antes del 31 de diciembre de 2027 y ejecutan la totalidad de la propuesta en los dos años siguientes.
A su vez, los proyectos con un capital mayor a 300 millones de UI (US$ 49,8 millones) acceden al mismo beneficio si se presentan antes del 31 de diciembre de 2028 y cumplen con la inversión en un plazo de tres años (2031).
Ejemplos de inversiones y comparaciones
El estudio presenta dos casos en los que muestra las diferencias entre el decreto de 2020 y la actualización de días atrás.
El primer ejemplo es de una empresa con un proyecto de inversión por US$ 500.000, que implica un incremento promedio de 10 personas y se desarrollará en Montevideo. Con el criterio anterior, tomando en cuenta los indicadores de empleo y descentralización, alcanza una exoneración de IRAE equivalente al 53,72% de la inversión efectuada (unos US$ 286.600), a utilizarse en un plazo de ocho ejercicios.
Para el análisis del caso con el nuevo decreto, el estudio asume que las 10 personas consideradas en el incremento promedio de empleo pertenecen a los colectivos con dificultades de acceso al empleo y también que el proyecto no sumará puntaje en el indicador de descentralización por estar ubicado en Montevideo. Con esas características, el proyecto tendrá una exoneración en el IRAE equivalente al 53,33% de la inversión realizada (US$ 266.650), a utilizarse en ocho ejercicios.
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“Pese a que el indicador de empleo logró una mejor puntuación dada la marcada inclinación hacia la contratación de colectivos con dificultades de acceso al empleo, la menor ponderación del empleo sobre el puntaje total, así como la eliminación en la puntuación de Montevideo, implicó que el proyecto bajo el nuevo régimen obtuviera ligeramente menos beneficios”, concluye el estudio.
El segundo ejemplo es con una propuesta de US$ 50 millones (también Montevideo), que supera los 300 millones de UI. Además, la empresa tiene pensado presentarla en los próximos meses y tiene un cronograma de inversiones que finalizará antes del 31 de diciembre de 2031.
El plan consiste en la modernización integral y ampliación de una planta industrial, con la adquisición de maquinaria y obras destinadas a la automatización de líneas de producción, digitalización del proceso productivo y sistemas de optimización de energía e insumos. El monto destinado equivale al 23% del total a invertir (70 millones de UI). La idea es que con la expansión se logre un incremento promedio de 34 empleos de tiempo completo y se estima un aumento de las exportaciones por US$ 2 millones.
Con el anterior decreto, el porcentaje de exoneración del IRAE es de 61,73% sobre la inversión total, aproximadamente US$ 30.865.000 de beneficio a ser utilizados en un plazo de 13 ejercicios. Con el nuevo régimen, las características del proyecto permiten a la empresa recibir los incentivos destinados a las grandes inversiones. Allí pesan los 70 millones de UI asociados a la modernización de la planta que son asignados al indicador de adecuación tecnológica, innovación y desarrollo (I+) y destinados a la mejora significativa de la producción.
Por eso, la compañía logra un porcentaje de exoneración de IRAE de 100% sobre la inversión total, pudiendo utilizar el beneficio en un plazo de 24 ejercicios. “Esto demuestra la priorización del nuevo decreto a los proyectos de gran inversión”, finaliza CPA Ferrere.
