El aumento modera el traslado de los precios internacionales, pero aumenta el costo asumido por el Estado
Este miércoles 1° de abril entró a regir un incremento de 7% en las tarifas de los combustibles. El ajuste ocurre en medio de fuertes aumentos en los precios internacionales.
En el caso del supergás envasado, la medida implica un aumento de $ 6,19, por lo que su precio pasó de $ 88,46 a $ 94,65 por kilogramo.
Por lo tanto, la garrafa de 13 kilos sube $ 80,47 y pasa de $ 1.149,98 a $ 1.230,45, sin envío.
En tanto, los hogares de menores ingresos (beneficiarios del Mides) continuarán accediendo a una rebaja del 50% y pagarán $ 615 por una garrafa de 13 kilos.
El esquema actual se compone de un subsidio focalizado en la población de menores recursos, mientras que el resto de los consumidores —sin importar su condición socioeconómica— paga un precio inferior al Precio de Paridad de Importación (PPI).
Tras las últimas decisiones tarifarias, el subsidio se amplió, ya que hasta marzo la brecha era cercana a $ 7 por kilo y ahora pasó a ser de alrededor de $ 13.
Es que para abril el gobierno volvió a ajustar por debajo de lo que indicaba la regla del PPI, que era de alrededor de 21%, por lo que está absorbiendo una mayor parte del costo para amortiguar el impacto en los hogares.
Si la tarifa se acompasara con la metodología basada en PPI, el precio del supergás sería de unos $ 107 por kg, y la garrafa de 13 kg tendría un precio cercano a los $ 1.390.
La nafta Súper 95 sube $ 5,38 y pasa de $ 76,88 a $ 82,26 por litro como precio máximo de venta al público.
El gasoil 50S, en tanto, aumenta $ 3,31 y pasa de $ 47,32 a $ 50,63 por litro como precio máximo en estaciones de servicio.
Si se hubiera aplicado el PPI a tapa cerrada, el incremento debería haber sido mayor. En el caso de la nafta Súper 95, la suba rondaría los $ 10 por litro (alrededor de 13%) sobre el precio previo.
Para el gasoil 50S, en tanto, el aumento estimado hubiera sido de unos $ 20 por litro (cerca de 43%) respecto a los $ 47,32 vigentes antes del ajuste.
El economista de Exante, Pablo Rosselli, señaló que no hay fundamentos para suavizar las variaciones mediante reglas como ajustes cada 60 días o topes de precios.
“La idea de que el Poder Ejecutivo debe (…) suavizar sus fluctuaciones (…) no tiene mayor sustento conceptual”, dijo. En la mayoría de los países, remarcó, los precios se ajustan de forma automática según el mercado internacional del petróleo, sin intervenciones discrecionales.
A su vez, señaló que para los grandes consumidores de gasoil, como el sector agropecuario, es incluso preferible que los precios internos reflejen con rapidez los cambios externos, dado que compiten en mercados internacionales más dinámicos.
Por otro lado, apuntó que en el contexto actual no trasladar toda la suba del mercado internacional implica un costo fiscal elevado.
“Si los precios del petróleo no bajan pronto, serán inevitables nuevos ajustes, porque el costo de no traspasar toda la suba a precios es de US$ 30 millones por mes. Se trata de un valor muy elevado si se mantiene en el tiempo. Mantener ese costo es incompatible con la situación de las finanzas públicas, pero además se trataría de una medida regresiva, porque el consumo de combustibles, y de nafta particularmente, está concentrado en los hogares de mayores ingresos”, dijo Rosselli en el programa En Perspectiva.
Por eso, consideró que hay “pocas razones” para haber topeado el aumento en 7%, un nivel “bajo” y “arbitrario”. Si bien admite que puede haber cierta lógica para amortiguar subas en escenarios de alta incertidumbre, enfatizó que debería tratarse de algo estrictamente transitorio y acotado en el tiempo.