El gobierno decidió el viernes declarar servicios mínimos en Terminal Cuenca del Plata (TCP) con la intención de descomprimir el conflicto en el puerto de Montevideo. Pese a eso, todavía no se alcanzaron acuerdos entre la empresa y el sindicato para la firma del nuevo convenio colectivo. La negociación, que comenzó hace meses, incluyó más de 30 días de paro de actividad, diálogos tripartitos frustrados y reuniones nocturnas de alto nivel.
El convenio colectivo en Terminal Cuenca del Plata (propiedad mayoritaria de la belga Katoen Natie) venció en octubre del año pasado y por acuerdo de partes se acordó una extensión hasta mayo. A partir de ese momento el convenio terminó y el cierre también marcó el fin del pago de compensaciones y bonos que estaban sujetos a una cláusula de paz. Los intercambios y conversaciones entre la empresa y los trabajadores comenzaron en enero; sin embargo, fuentes al tanto de las negociaciones comentaron a El Observador que nueve meses después es difícil identificar la principal aspiración que la dirigencia sindical pretende para poder cerrar el acuerdo.
En un principio, el sindicato planteó la exigencia de obtener 25 jornales asegurados al mes para todos los trabajadores de la terminal y si la condición no era aceptada se debería pagar una partida mensual de $ 50.000 a cada uno mientras durara la negociación. Pero en algunas reuniones también se propuso la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial.
Con la cláusula de paz vencida comenzaron las medidas que afectaron la operativa de la terminal. En total se realizaron 36 días de paro. Pero Katoen Natie tiene otra cuenta: la distorsión de la actividad fue más extensa y se prolongó por 45 días, al incluir paralizaciones parciales o asambleas.
Diálogos y reuniones
Un primer punto de acercamiento se produjo el lunes 13 de julio: ese día (luego de varios medidas y denuncias cruzadas), la empresa y el sindicato pactaron una especie de tregua y acordaron iniciar un nuevo proceso de diálogo hasta el martes 22. Katoen Natie dejó clara su postura: para conseguir un acuerdo era necesario restablecer la cláusula de paz durante las negociaciones, que hubiera una guardia gremial los días de paro en la terminal para atender una parte de la actividad y que el nuevo convenio colectivo tuviera un plazo de cinco años.
Pero el resultado fue peor: vencida la tregua no hubo avances y el sábado 8 de agosto el sindicato comenzó un paro de 72 horas hasta el lunes 10.
A partir de ese momento se siguieron manejando propuestas sin resultados ciertos, pero sobre fines de mes apareció una posibilidad. Para el sábado 22 de agosto estaba prevista una nueva asamblea de trabajadores de TCP, pero la noche anterior hubo una reunión de alto nivel entre representantes del gobierno, el PIT-CNT y el sindicato. En ese encuentro, que duró horas, participaron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; los ministros de Transporte y de Trabajo, Lucía Etcheverry y Juan Castillo, el dirigente sindical del PIT-CNT y director del instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano y una delegación del sindicato de TCP, encabezada por el presidente Álvaro Reinaldo.
La propuesta sindical fue que si habían mejoras salariales para trabajadores de algunos sectores de la terminal y se buscaba un acercamiento sobre la cantidad de jornales asegurados se podía avanzar en la firma de un convenio. Sobre esa base, la asamblea del sábado resolvió que los delegados continuaran intercambiando posiciones con la empresa en una reunión tripartita que se efectuó el lunes 24 en el Ministerio de Trabajo. En esa instancia, el sindicato planteó que hubiera 22 jornales asegurados, un aumento de 10% para todos los empleados de TCP y el pago de bonos extra.
Luego del feriado, el miércoles 26 la compañía presentó su propuesta final, en la que incluyó los puntos que se habían manejado el viernes por la noche y en la reunión del lunes. Sin embargo, horas después, el sindicato rechazó la propuesta a través de un comunicado. Y con la negociación otra vez en punto muerto, el fantasma de la esencialidad comenzó a sobrevolar el puerto de Montevideo, posibilidad que el Ministerio de Trabajo nunca quiso validar. Incluso, Castillo mencionó que en el puerto de Montevideo no había conflicto y el subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, afirmó que se debía “tomar con naturalidad la perturbación que genera la huelga".
Esencialidad o servicios mínimos
Sin soluciones a la vista y con gremiales empresariales y oposición reclamando la vuelta a la normalidad en la terminal de contenedores, Katoen Natie solicitó al Ministerio de Trabajo el jueves pasado que se asegurara el mantenimiento de actividades cuya interrupción comprometía bienes jurídicos y esenciales y que, por ese motivo, debían brindarse mediante un servicio mínimo, adecuado, necesario y proporcional.
El texto resaltó que los contenedores refrigerados y las cargas perecederas o sanitariamente sensibles necesitaban de cuidados especiales y, por tanto, la interrupción de las tareas necesarias para mantener su alimentación eléctrica, monitoreo, inspección o manipulación podía comprometer la cadena de frío, la aptitud sanitaria de alimentos y otras mercaderías y generar riesgos para la salud.
La respuesta llegó el viernes con una resolución de los ministerios de Trabajo y Transporte. El documento indicó que con carácter transitorio y limitado debían garantizarse servicios mínimos para asegurar, al menos, el funcionamiento de actividades portuarias indispensables.
Entre ellas mencionó los servicios de muelles de carga y descarga de buques, la recepción de contenedores llenos y vacíos de importación y exportación que lleguen en camiones. El servicio mínimo en este caso debe garantizar 25 contenedores por hora.
Para cumplir con esas tareas se deberá asegurar una plantilla mínima de trabajadores, que incluye personal de mantenimiento, administrativos y personal de logística y operarios de grúas.
Tras la decisión llegaron las críticas. El PIT-CNT consideró excesivo el alcance de la decisión gubernamental, ya que los trabajos que deben realizarse “se acercan a una situación de normalidad en el trabajo”.
A su vez, el secretario general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) y presidente del sindicato de TCP, Álvaro Reinaldo, dijo que el gremio evaluará denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la resolución adoptada por Trabajo y Transporte.
De todas formas reconoció que habrá que respetar lo dispuesto por las autoridades.
Más allá de las reacciones, la decisión oficial le bajó la espuma al conflicto, ya que descomprime la situación en la terminal de contenedores.
La postura sindical
Reinaldo tiene clara su posición: la presión tiene rédito. Fuentes al tanto de la interna sindical señalaron que más allá de ser un dirigente de izquierda no responde a ninguno de los sectores del Frente Amplio y por tanto no acepta mensajes o condicionamientos políticos.
Su postura respecto a las negociaciones es clara e incluso la ha transmitido en diferentes oportunidades. “La metodología de la empresa es no negociar de manera amistosa. Se genera un conflicto, una olla de presión y cuando está a punto de reventar o revienta, ahí aparecen las soluciones mágicas y terminamos acordando”, dijo el dirigente en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado en julio.
