Luego de la conformación del tribunal, el proceso avanzará con la presentación de pruebas y escritos cruzados
La empresa Neltume Ports S.A. presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por la disputa sobre la operación portuaria en Uruguay, en el marco del Tratado Bilateral de Inversiones entre Uruguay y Chile (2010).
La demanda fue registrada oficialmente el 23 de mayo de 2024, y en ella, la empresa chilena sostiene que el gobierno uruguayo ha incumplido sus obligaciones según dicho tratado, lo que ha afectado sus intereses comerciales. El caso se está resolviendo bajo las normas del Reglamento de Arbitraje del Ciadi y la Convención del Ciadi, lo que le otorga una naturaleza internacional al proceso.
El 25 de mayo de 2024 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) registró dos arbitrajes promovidos por los accionistas de Montecon contra Uruguay. Las empresas, a través de Neltume Ports (accionista mayoritaria de Montecon), impugnaron el acuerdo firmado entre el gobierno y Katoen Natie para la extensión de la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP).
Neltume Ports, controlada por las empresas Ultramar (60%) y ATCO (40%), presentó una solicitud de arbitraje por US$ 600 millones el 23 de mayo. La demanda se basa en la violación del tratado de inversión entre Uruguay y Chile. ATCO ya había iniciado previamente un arbitraje en mayo, invocando el tratado con Canadá.
En ese entonces alegó que las medidas adoptadas por el gobierno uruguayo impidieron a Montecon operar en los muelles públicos del puerto de Montevideo, afectando su derecho a competir con TCP, que obtuvo la extensión de su concesión hasta 2081, junto con beneficios adicionales como la prioridad para el atraque de barcos portacontenedores.
El presidente durante ese período, Luis Lacalle Pou, defendió el acuerdo, considerándolo la "inversión portuaria más grande" en la historia del país y expresó que los empresarios afectados pueden recurrir a organismos de resolución de conflictos, aunque no comparte la postura.
Luego de la conformación del tribunal, el proceso avanzará con la presentación de pruebas y escritos cruzados.
El tribunal encargado de resolver esta disputa fue constituido el pasado 30 de julio de 2025. El presidente del tribunal será Alfredo Bullard (Perú/España), quien fue designado por acuerdo mutuo entre las partes. Los otros dos árbitros designados son Valeria Galíndez (Argentina/Brasil), nombrada por la parte demandante, Neltume Ports, y Loretta Malintoppi (Italia), designada por el gobierno uruguayo.
En cuanto a los representantes legales de las partes, Neltume Ports S.A. está siendo representada por el estudio jurídico Vial y Cía. Abogados de Santiago, Chile. Por su parte, el Estado uruguayo está siendo defendido por los abogados de Arnold & Porter Kaye Scholer con oficinas en Washington D.C., Nueva York y Londres, además de la Secretaría de la Presidencia de la República de Uruguay.
En mayo del año pasado la empresa canadiense ATCO, propietaria de parte de Montecon, inició un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por el acuerdo firmado con Katoen Natie para la extensión de la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP). ATCO, que es socia de Neltume Ports, sostiene que este acuerdo viola el tratado de inversión entre Canadá y Uruguay, y registró el caso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) el 9 de mayo de 2024.
La disputa se originó por la extensión de la concesión a TCP, que recibió dos decretos en abril de 2021 que le otorgaron prioridad en el atraque de barcos, lo que afectó la operativa de Montecon. La empresa denunció que este privilegio otorgado a TCP creaba competencia desleal y perjudicaba sus derechos comerciales, lo que llevó a la posibilidad de arbitraje internacional. Además, Montecon presentó denuncias locales por prácticas anticompetitivas ante la Comisión de Defensa de la Competencia, pero la participación de este organismo fue revocada por el Ministerio de Economía.
El tratado bilateral establece que las disputas pueden ser sometidas al Ciadi si no se resuelven en seis meses. Sin embargo, el proceso podría complicarse si Montecon no renuncia a las acciones locales que mantiene ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), lo que genera incertidumbre sobre cómo se resolverá el litigio. El Ciadi evaluará si la solicitud de arbitraje cumple con las formalidades y decidirá si Uruguay tiene que responder a la demanda.