Primero, porque es una pauta que establece un proceso de cinco años en el que no hay un solo peso de crecimiento, ni general, ni siquiera para los salarios más sumergidos de la administración pública. Por ejemplo, no hay un planteo para la tropa del Ministerio de Defensa, que son los salarios más bajos de todo el Estado. Tampoco para los organismos que tienen niveles salariales muy deprimidos, que en algunos incisos están por debajo de los $ 40.000 nominales y que arrastran una pérdida del gobierno anterior. Eso genera también una dificultad.
Y te plantean que recién en 2030 vas a volver a tener el poder adquisitivo que tenés en 2025. Y eso se suma a lo que pasó en el gobierno anterior, que dijeron que en el 2024 íbamos a tener el poder adquisitivo del 2020. En definitiva, vamos a estar 10 años con el salario congelado, sin poder crecer, cuando ha habido un crecimiento económico en el país, que si bien ha sido muy lento, claramente lo hubo.
Embed - Joselo Lopez: "Para el gobierno los trabajadores estatales somos parte del ajuste fiscal"
¿En la previa a la negociación tenían una mayor expectativa dado el cambio de gobierno?
Sí, claro. Todos teníamos expectativas de que un gobierno de características diferentes al que se fue pudiera contemplar algunas de las aspiraciones que teníamos los trabajadores. El planteo que le hicimos al gobierno fue muy cauto. No fuimos a reclamar incrementos salariales exorbitados. El sector público viene de una pérdida salarial en el período anterior en varios sectores. Lo que pretendemos es que se mantenga el poder adquisitivo de los salarios y que si hay crecimiento de la economía, los salarios acompañen. Y que ese crecimiento se pueda distribuir en una negociación hacia el interior de cada rama de actividad para tratar de incentivar los salarios más sumergidos. Más cauto que eso es imposible. Bueno, nada de eso se contempla en esta propuesta que nos hace el gobierno.
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¿Cuál fue la respuesta del gobierno ante el planteo de COFE?
Que la situación fiscal es compleja, que hay otras prioridades y que en definitiva el objetivo central del gobierno es mantener la inflación en el rango meta. Y que para eso, es necesario ajustar de esta manera los salarios. Claramente, demuestra que los trabajadores estatales para el gobierno actual somos parte del ajuste. Porque en definitiva, con esto que se está planteando, se consolida el ajuste fiscal que viene del gobierno anterior, que se planteó no sólo por el salario de los trabajadores, donde ni siquiera pudimos recuperar lo que se perdió en la pandemia, sino también por la pérdida de puestos de trabajo, que era otro de los planteos que le hicimos a este gobierno.
Si bien dijeron que están dispuestos a derogar el decreto 310 (que repone una vacante cada tres en el Estado) que regula el ingreso a la función pública, cuando uno ve los lineamientos que el Poder Ejecutivo le mandó a los ministerios, en realidad parece ser un mismo perro pero con diferente collar. Porque se establece una restricción en el presupuesto con los niveles ejecutados en el 2024. O sea, ese es el tope. Entonces, es muy difícil que se pueda generar ingreso de personal en todos los lugares que falta, cuando ya tienes una restricción de esa manera.
Con el rechazo de COFE a los lineamientos, ¿cómo sigue la situación para adelante?
Reunimos a toda la delegación del Consejo Superior de Negociación Colectiva en el Sector Público, a integrantes del Secretariado Ejecutivo (del PIT-CNT) y también a técnicos del Instituto Cuesta Duarte para analizar toda la propuesta. Resolvimos rechazarla e informarle al Poder Ejecutivo. También se la trasladó a cada una de las ramas de actividad, a la enseñanza, a la intergremial universitaria, a los judiciales y a las empresas públicas y se convocó al Departamento de (trabajadores) estatales y municipales para el miércoles. Allí vamos a analizar una posición definitiva con respecto a la pauta salarial y también a evaluar la posibilidad de profundizar las medidas para el 12 de agosto en el marco de un paro parcial que convocó el PIT-CNT. Probablemente se discutirá profundizar esas medidas.
¿Se van a tomar medidas de carácter general en todo el sector público?
Esa es una posibilidad real. Algunos sindicatos ya lo habían resuelto, había otros que lo tenían en discusión, pero probablemente ante una situación de esta característica todo el sector público pueda parar a nivel general (24 horas ese mismo día).
COFE ha planteado la necesidad de ingreso de personal en el Estado. ¿Qué diagnóstico tienen de la situación general y dónde están los problemas más importantes?
Problemas de personal hay en todos lados, desde las empresas públicas, la enseñanza y por supuesto la Administración Central y Servicios Descentralizados. Yo te puedo hablar con más criterio de la Administración Central. En el gobierno anterior se perdieron casi 3.000 puestos de trabajo de los cuales se recuperaron menos de 500. Estamos con 2.500 puestos de trabajo menos, más toda la gente que está con proceso jubilatorio.
Hay sectores, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, que hoy ya no está pudiendo cumplir con los servicios que debe cumplir, y además, el 50% del personal está o va a estar con causal jubilatoria en este período de gobierno. Es realmente muy compleja la situación. Hay servicios del Ministerio de Cultura, servicios importantes, como por ejemplo las compraventas en los registros públicos que en algunos departamentos las oficinas cerraron ya. No tienen personal para poder cumplir con la demanda que tiene de todas las compraventas del país.
También en algunas dependencias del Ministerio de Economía, como las aduanas, hay dificultades muy serias. Hay algunas que hoy están liberadas y que por ahí pasa no sólo contrabando, sino narcotráfico, porque no hay gente para cubrir determinados turnos en algunos lugares específicos.
Entonces el tema del personal es realmente muy complejo, y esa falta en algunos lugares la han tratado de suplir con personal tercerizado mediante fundaciones u ONG´s amigas de los gobiernos. En definitiva, los trabajadores que empiezan a cumplir esas funciones están en condiciones que no son las más adecuadas y tienen dificultades porque también desde el punto de vista de la tarea que tienen que hacer no tienen todas las herramientas que se necesitan. Eso que de alguna manera se utiliza para no incrementar el número de funcionarios públicos desde el punto de vista económico a veces termina siendo más caro que contratar trabajadores para cumplir esa tarea.
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Si comparás el comienzo del diálogo con el Poder Ejecutivo con lo que ocurrió durante la pasada administración, ¿creés que a los públicos les fue más fácil negociar con el gobierno anterior que con el actual?
Son situaciones totalmente diferentes porque en el arranque del gobierno anterior a los pocos días se decretó la emergencia sanitaria por la pandemia. A partir de allí hubo una conciencia general y en el avance de los meses terminamos entendiendo la necesidad de que lo que se necesitaba era dar respuesta a toda la gente que se estaba quedando sin laburo. Aceptamos una pérdida salarial en los dos primeros años. Después hicimos un convenio con el gobierno, ya en 2022, que establecía recuperar la pérdida que habíamos tenido en ese período de asunción. Ese convenio, si uno lo compara con lo que nos están ofreciendo ahora, era mejor. El problema que tuvimos después es que el gobierno anterior cambió las reglas de juego y nos hizo perder salario, porque en los últimos dos años cambió la expectativa de inflación. Al bajarla perdimos puntos que ya teníamos establecidos en el convenio. Y si bien tuvimos conflictos fuertes, no pudimos recuperar eso. Pero desde el punto de vista del planteo, lo que acordamos con el gobierno pasado a la salida de la pandemia y lo que nos está ofreciendo el actual, era mejor lo que estaba establecido en el anterior.
¿Qué planteo tienen ustedes respecto a la carrera administrativa dentro del Estado? ¿Hacia dónde debería ir?
Defendemos la carrera administrativa. En la Administración Central, el anterior director de la Oficina Nacional de Servicios Civiles, Conrado Ramos, impulsó durante bastante tiempo una carrera administrativa que se terminó votando en la última Rendición de Cuentas, pero que no se implementó. No compartimos esa carrera administrativa, porque está asociada a una tabla salarial en las diferentes categorías, escalafones y grados que es inferior a los salarios que se están pagando. Entonces, es muy difícil que alguien se quiera capacitar para concursar por un cargo superior cuando capaz que en el cargo superior gana menos que lo que está ganando hoy. Queremos modificar esa carrera administrativa y tenemos un planteo concreto para elevar en el Presupuesto Nacional.
¿Cuál sería la base?
Una carrera administrativa que tenga el ascenso por concurso, que tenga el ascenso por promoción, que establezca claramente una tabla salarial que contemple el salario promedio que hay en la administración pública y que, de alguna manera, también empiece a generar una corrección de las inequidades salariales que tenemos en la Administración Central, asociado a las partidas discrecionales que tienen los ministerios que son brutales. Hay gente que gana por la vía de la partida adicional dos o tres veces más que el salario que tiene. Esas cosas hay que empezar a corregirlas.
Como dirigente sindical con muchos años, ¿qué opinás de lo que pasó en el sindicato de la construcción (Sunca) con el desvío de fondos, o lo de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) con depósitos en cuentas particulares? ¿Creés que están faltando o fallando controles internos en los sindicatos?
Es difícil meterse en la interna de otros sindicatos cuando uno no participa. Pero tenemos una responsabilidad porque somos dirigentes del PIT-CNT y esto de alguna manera nos involucra, pero sobre todo porque de alguna manera genera una onda expansiva al resto del movimiento sindical. Creo que son situaciones diferentes, pero muy complejas, que generan mucha preocupación. Desde el PIT-CNT estamos limitados a la hora de poder buscar soluciones concretas. En definitiva, ya cuando entra a tallar la justicia lo que hay que esperar es el resultado y entender que cuando está, uno lo podrá compartir o no, pero hay que acatarlo. El proceso de investigación que se viene llevando por parte de la fiscalía y las definiciones que tome el Poder Judicial será lo que habrá que asumir.
Respecto a la situación de la Federación Uruguaya de la Salud el problema es que lo que trasciende públicamente termina informándose mal, porque parece que los fondos de la capacitación de los trabajadores de la salud fueran a la cuenta personal de algunos dirigentes. Y eso no es así. No es una cuenta que esté a nombre del sindicato pero es una cuenta del sindicato donde participan dos personas que tienen que operar en conjunto. Entonces, cuando esto se transmite de una manera equivocada, evidentemente se genera una situación compleja. Pero también me parece que tiene que ver con las internas de los sindicatos, cuando hay conducciones que vienen de muchos años y tienen determinados desprendimientos. La Federación Uruguaya de la Salud, en definitiva, está planteando que va a hacer una auditoría externa. Uno puede estar más o menos de acuerdo con cómo se hacen las auditorías, si tienen que ser internas o externas, pero ellos ya lo definieron y lo importante es que eso arroje luz sobre el manejo de los fondos. Eso tiene que ser muy cuidado, porque son los aportes de los trabajadores. Es importante que los sindicatos manejen con transparencia sus fondos y que tengan también la posibilidad de que las decisiones se manejen lo más reservadamente posible cuando tienen este tipo de implicancias. Pero en esta época todo es mucho más complejo y no sé si por determinados intereses o directamente porque alguien entiende de que esto hay que hacerlo público, termina generando una situación compleja.
¿Temas de este tipo le generan una mala imagen a los sindicatos?
Creo que sí. Normalmente, el movimiento sindical siempre está en los niveles más bajos de aceptación. Creo que también eso tiene una explicación que no es muy científica, pero es una teoría personal. Mide muy mal porque básicamente se pregunta por el PIT-CNT, porque si no, no se entiende los niveles de afiliación que tiene cada sindicato. El trabajador de base tiene sentido de pertenencia con su sindicato. El trabajador de la construcción defiende al Sunca, el público defiende a COFE, el maestro a la FUM. Si vos le preguntás a la gente por el PIT-CNT es una cosa que la ve como media alejada. Porque lo que nuclea son las organizaciones; quienes participamos dentro del PIT-CNT, mayoritariamente, somos los militantes más allegados. Pero también eso nos hace poner permanentemente a la defensiva desde el movimiento sindical.
Sin embargo, cuando intentamos colocar algunos debates, como puede ser el impuesto del 1% a los más ricos para abatir la pobreza infantil, ese tema toma cuerpo. Es una iniciativa del movimiento sindical, a la que se empiezan a plegar determinados sectores de diferentes partidos políticos y la academia comienza a decir claramente que esta propuesta es viable. El movimiento sindical ha sido un factor preponderante en establecer determinados temas que pueden repercutir en la sociedad. Eso es parte de nuestra razón de ser, por supuesto que lo principal es defender el salario y las condiciones de trabajo, pero también queremos incidir en la vida social del país y cuando lo hacemos es con mucha responsabilidad.
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¿Estás de acuerdo, a nivel personal, con el impuesto del 1% a los ricos? Dentro del gobierno hay más de una postura sobre si ese tema forma o no parte de la agenda.
Sí, por supuesto. Es más, creo que se debería ir a una reforma tributaria, porque acá hay grandes exoneraciones que no tienen sentido, que se hicieron en otra época y que la realidad hoy demuestra otra cosa. Hay sectores de la producción que podrían aportar mucho más de lo que aportan. Y esta propuesta (la del impuesto) es concreta, tiene un sentido: abatir la pobreza infantil. Un impuesto del 1% al 1% más rico de la población no es una cosa que le haga temblar la economía a esas personas con grandes cantidades de dinero. Y un aporte de esa característica para abatir la pobreza infantil, que está por arriba del 30%, podría ser una iniciativa que no debería descartarse porque sí. Capaz que estudiando esta idea puede salir otra que sea mejor. Pero descartarla de plano como lo hace el gobierno -o algunos actores del gobierno-, o como la denosta la oposición, me parece que no es de recibo.
Me acuerdo que en el periodo anterior de gobierno, en medio de la pandemia, un día me llamó por teléfono el presidente (Luis Lacalle Pou) y me dijo: "venite por la Torre Ejecutiva". Yo no sabía para qué era. Llegamos y lo que nos dijo fue que en función de la situación que se estaba viviendo le iba a poner un impuesto a los salarios (de los funcionarios públicos) por encima de $ 60.000. Se la peleamos, queríamos que fuera por arriba de los $ 100.000 y al final fue por arriba de los $ 80.000. Tuvo que poner ese impuesto porque con eso se empezó a recaudar para el fondo del covid-19. Sinceramente, no sé qué es más grave. Si el Covid-19 o esta situación que hoy se está viviendo de la pobreza infantil en nuestro país, que realmente es una afrenta. Entonces, si en aquel momento se tomó esa iniciativa y le tuvimos que poner el hombro, más allá de que no nos gustara, me parece que pedirle un 1% a la gente que tiene millones de dólares para que pueda acompañar al gobierno en el combate a la pobreza infantil no es un disparate ni mucho menos.
Un argumento que se maneja es que si se agregan impuestos se puede ahuyentar a potenciales inversores.
Hemos trabajado con economistas que han estudiado este tema en otros países y en realidad puede haber alguna situación, pero es muy residual. No va a cambiar la economía del país que algún sector del capitalismo pueda recoger sus cacharpas e irse a otro lado. Este tipo de situaciones no genera un espanto a los capitales que están ya instalados. Creo que eso es más un “espanta viejas” que otra cosa.
