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12 de febrero 2025 - 5:00hs

El gobierno del Frente Amplio que asumirá en marzo próximo tiene en carpeta revisar la ley de Vivienda Promovida (ex Vivienda Social), un régimen creado en 2011 para promover la construcción de unidades de categoría media, y con estímulos a la inversión privada otorgados por el Estado a través de beneficios tributarios.

Desde la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), se ha señalado que cualquier cambio que se proponga sería previamente consultado con los promotores, tanto en Vivienda Promovida como en otro tipo de vivienda. Así se trasmitió por parte de Yamandú Orsi y Gabriel Oddone en una reunión previa a la elección de noviembre de 2024. La gremial valora de manera positiva la voluntad de diálogo que existe en lo previo, sabiendo que la palabra final la tendrá el gobierno.

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“No digo que (la ley) esté en tela de juicio, pero el Frente Amplio por ahí la quiere rever. (…) El presidente Orsi estaría afín a dejarla”, dijo el gerente ejecutivo de Appcu, Aníbal Durán, el martes en una rueda de prensa. Y añadió: “Tocar algo que anda bien sería realmente lastimoso”.

Desde la gremial destacan que la ley ha contribuido a dinamizar la economía en varios rubros, y que además ha posibilitado un aumento sostenido de la mano de obra en la industria de la construcción.

En ese sentido, resaltan que la media de empleo en el sector desde siempre fue de 40 mil obreros, que hace ya años que supera los 50 mil, y que ya se está cerca de los 60 mil. “Y eso es sustancialmente vivienda, y sobre todo, promovida. Y tiende a seguir en este flujo”, sostienen.

"Cuando se dice que el Estado pierde se expresa una media verdad”

También se insiste en que pese a las exenciones que se otorgan, el Estado recauda más de lo que exonera. “En Vivienda Promovida, ningún promotor iba a invertir y construir en los distintos barrios alejados de la costa, que es donde se permite dicha inversión. De esta manera se pobló Montevideo y también en varios departamentos del interior”, escribió Durán en una reciente editorial de la revista En Obra.

Otro documento al que accedió El Observador, dice que “la manida exoneración a los promotores se ve compensada con creces, porque siguen tributando las barracas y los productos que venden, los profesionales vinculados al metier y las empresas constructoras. Se sigue aportando el aporte unificado de la construcción y a ello le agregamos el dinamismo económico. Ergo, concluimos que la exoneración no es tal, sino por el contrario, recuérdese que antes de la ley ningún promotor iba a invertir y construir en los barrios que ahora está aconteciendo. Ergo, nada recaudaba el Estado. Ahora sucede todo lo contrario. Cuando se dice que el Estado pierde se expresa una media verdad”.

En ese sentido, se agrega que una vez en funcionamiento, los edificios construidos siguen demandando mano de obra, porque el inmueble no solo paga la contribución inmobiliaria a la intendencia, sino que paga el Impuesto de Primaria y requiere de administrador, de electricista, de sanitario, de paisajista, de portero y de seguridad, entre otros rubros.

Al cierre del año pasado había unas 22.000 viviendas finalizadas, unas 11.000 en construcción y alrededor de 5.000 en proceso de aprobación. “En 2024 fue el récord de proyectos presentados. Indudablemente si eso sucede, es porque hay demanda o de usuarios finales, la mayoría, o de inversionistas que compran para arrendar. Y eso supone que a mayor oferta de alquileres, bajan los precios, como así lo ha sostenido un conocido portal donde manifiesta que en los últimos años, aquellos han bajado un 12%”, señalan desde la gremial.

También se recordó que el Ministerio de Vivienda creó el Plan Entre Todos para deciles más bajos. “Appcu junto a la cartera hemos trabajado para lograr subir los topes de venta -aquí sí existen con alguna excepción-, a efectos de que el promotor pudiera realizar un emprendimiento. Vivienda digna y promovida en barrios más alejados”, dice el texto.

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Vivienda promovida

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