La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha calificado la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como un "punto de inflexión" en la relación entre los poderes del Estado, al considerar que con esta decisión el poder judicial ha dejado de cumplir su función constitucional de ser imparcial y se ha involucrado activamente en la política, actuando en contra del Gobierno progresista.
En su intervención durante la inauguración de la conferencia política del Movimiento Sumar, celebrada en Madrid, Díaz subrayó que este fallo representa un "gigantesco descrédito" para el poder judicial, que, según su perspectiva, está más fracturado que nunca a raíz de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo.
La condena a Álvaro García Ortiz, que el pasado jueves fue sentenciado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados, está relacionada con la filtración de un correo que contenía la admisión de un fraude fiscal en relación con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Según el Tribunal Supremo, García Ortiz habría revelado información confidencial en ese caso, lo que ha llevado a su condena. Sin embargo, para Yolanda Díaz, esta resolución refleja mucho más que un simple caso judicial: es un indicio de una intervención del poder judicial en la política que pone en peligro la separación de poderes, un principio fundamental del sistema democrático español.
Una condena que cuestiona la independencia del poder judicial
Díaz afirmó que la decisión del Tribunal Supremo ha provocado una fractura en la credibilidad y la independencia del poder judicial, y que la condena a García Ortiz es un ejemplo claro de cómo la justicia está siendo politizada.
Según la vicepresidenta, esta condena constituye una intervención "injusta" contra un "hombre inocente", quien, en su opinión, solo actuaba en defensa de la transparencia y de la lucha contra el fraude fiscal.
La vicepresidenta también criticó que, tras la condena, no se haya dado a conocer de manera detallada ni los hechos probatorios ni los fundamentos de derecho en los que se basa esta decisión, lo que, según ella, genera aún más dudas sobre la imparcialidad de la sentencia.
Además, Yolanda Díaz vinculó esta situación a un contexto más amplio, donde sectores del poder económico, los medios de comunicación, el poder político y una parte del poder judicial estarían actuando de manera coordinada para "derrocar al mejor Gobierno de coalición progresista" que, según su análisis, es el que lidera el Ejecutivo actual.
Díaz remarcó que el poder judicial está siendo utilizado, en su opinión, como una herramienta política para desestabilizar al Gobierno y eliminar la agenda progresista que han defendido el presidente Pedro Sánchez y su equipo.
La crítica a la politización del poder judicial
La vicepresidenta no se limitó a denunciar la condena al fiscal, sino que extendió su crítica a una parte de la judicatura que, en su juicio, está "entregada" a intereses políticos que buscan "hacer caer" al Gobierno progresista. Díaz aseguró que el fallo del Tribunal Supremo no es solo un incidente aislado, sino un síntoma de un problema más profundo: la falta de independencia judicial y la politización de la justicia en España.
Para Díaz, este tipo de decisiones judiciales, que no solo afectan a la credibilidad del sistema judicial, sino también al funcionamiento democrático del país, son una amenaza directa a la separación de poderes, un principio fundamental que garantiza que los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, actúen de manera independiente y no se interfirieran mutuamente.
La vicepresidenta subrayó la importancia de defender la transparencia en las instituciones públicas, y señaló que la condena al fiscal general del Estado es una respuesta a su esfuerzo por luchar contra el fraude fiscal y por promover la transparencia dentro de la administración pública.
Díaz también lamentó que, con este tipo de resoluciones, se envíe un mensaje peligroso a la sociedad: que quienes intenten defender principios como la justicia fiscal y la transparencia pueden ser objeto de ataques por parte de sectores del poder judicial, económico o mediático que no desean que se actúe en esa dirección.
El papel de los sectores políticos y mediáticos en la crisis
En su intervención, Díaz hizo referencia a los sectores del poder económico y de los medios de comunicación, que, según ella, estarían concentrados desde las elecciones generales de 2023 con el objetivo de derrocar al Gobierno de coalición progresista.
A su juicio, la condena al fiscal general del Estado forma parte de una estrategia más amplia para deslegitimar al Gobierno y desviar la atención de los logros alcanzados durante el mandato de Sánchez.
En este sentido, la vicepresidenta también aludió a cómo los medios de comunicación han jugado un papel crucial en la creación de un ambiente de desconfianza hacia el Gobierno, alimentando una narrativa negativa sobre las acciones del Ejecutivo y favoreciendo los intereses de aquellos que se oponen a las políticas progresistas.
