La legalización de las drogas es una alternativa nefasta. No somos un laboratorio y no podemos pensar en usar a los uruguayos como conejillo de indias.
Cuando el Estado renuncia a su poder de imperio y a ejercer sus funciones primordiales, sus roles lo ocupan otras organizaciones. Lamentablemente en América Latina esos espacios vacíos los ha ocupado el crimen organizado y el narcotráfico.
En algunas regiones de México el narcotráfico domina el territorio y llevó al Estado a celebrar contubernios por los cuales los narcos mandan y “garantizan” cierta “paz”. A eso se denomina “Pax Narca” que, como puede imaginarse, no tiene ni parámetros legales ni morales. Pero ocurre. Hace un par de años el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apuntaba que “hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios”, poniendo como ejemplos los casos de Sinaloa y Durango, lugares donde impera el cruento Cártel de Sinaloa. Como es de imaginar, la concentración de plata genera concentración de poder y esos acuerdos terminan produciendo corrupción y más violencia. El retiro del Estado es el principio de la debacle social.
Puede ser una tentación de algunos gobernantes acudir a estos pactos para remediar situaciones de violencia extrema o ante la asunción de la incapacidad de luchar eficientemente contra la delincuencia organizada. Esa abdicación estatal no es inocua y esa pretendida “paz” no es otra cosa que una bomba de tiempo, porque como reza una frase popular en Centroamérica: “en los pactos con el diablo quien suele poner las condiciones es el diablo”.
No solo regiones de México son ejemplos de estos acuerdos. El investigador ecuatoriano Arduino Tomasi realizó un estudio analizando diversos datos y cruzando la información de homicidios con las rutas del narcotráfico y alcanzó la conclusión que era posible sostener la existencia de una “pax narca” durante los gobiernos de Rafael Correa y que servirían para explicar el aumento de violencia que vive actualmente Ecuador. También es conocido como en Brasil algunas favelas son controladas por sectores criminales.
En nuestro país no ha surgido explícitamente esta “propuesta”, más allá que se maneje en algunos foros, que por suerte no pasan de ser ejercicios teóricos -por ahora- inofensivos.
La lógica subyacente en la “pax narca” es que como no es posible enfrentarse en condiciones de igualdad y en vista a verse “superados” por los grupos criminales, las autoridades “conceden” y delegan su autoridad. Pero en realidad no es más que una renuncia a luchar. Una penosa rendición.
La misma lógica es la que sustenta la legalización de las drogas. Como habría fracasado el “prohibicionismo” no quedaría otro camino que legalizarlas, descociendo los enormes riesgos asociados a una decisión de esa magnitud. Una suerte de pacto con el mal, y ningún pacto con el mal puede terminar bien.
Quienes abogan por la legalización suelen desconocer el enfoque sanitario. Podría aumentar significativamente la disponibilidad y accesibilidad a las drogas bajando la percepción del riesgo principalmente entre los jóvenes. Tampoco es cierto que se elimine el mercado ilegal, el contrabando es la prueba.
Además, desde el punto de vista de las señales que se envían, hay mensajes que son peligrosos de transmitir. ¿Acaso le vamos a decir a las familias que tienen un integrante en el consumo que vamos a legalizar las drogas? ¿Le vamos a decir a los policías que a diario arriesgan su vida en la lucha contra el narcotráfico que vamos legalizar las drogas?
Hace algunos meses algunos académicos discutieron acerca de la pertinencia de legalizar la pasta base. Ahora surge otro frente. En su página 54 el programa del Frente Amplio plantea bajo el título “Revisar la legislación de las políticas sobre drogas”, su punto “c”: “Analizar y promover estrategias de regulación de los mercados, como instrumentos para la lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta las experiencias fallidas de la guerra a las drogas. Promover a nivel regional e internacional, la revisión de políticas de drogas, a efectos de consolidar el paradigma de regulación de mercados y de derechos humanos”.
El punto fue ampliado por el coordinador programático, Diego Olivera, en una entrevista en La Diaria publicada el pasado 6 de mayo. Allí sostuvo que esto refiere a “promover estrategias de regulación de los mercados” para la luchar contra el narcotráfico “teniendo en cuenta las experiencias fallidas de la guerra a las drogas” y que se evalúa “eventualmente la incorporación de otras sustancias, o la regulación legal de otras sustancias” donde ven “todo el campo de los psicodélicos como un segundo escalón regulatorio que se podría transitar”. La nota de La Diaria consigna, además, que en el FA creen “que son sustancias (las psicodélicas) que se podrían regular, más allá de que no constituyen en sí mercados que hoy sean violentos, o que expliquen un monto importante de criminalidad”. Si bien no está explícito en el programa, Olivera aseguró que “es algo que se conversó y que es aceptado en el contexto de quienes pensamos la reforma de la política de drogas”. Queda explicitado y reconocido, por tanto, que el Frente Amplio pretende un nuevo experimento con los uruguayos transitando el camino de la legalización de drogas en lugar de enfrentar con decisión al narcotráfico.
La legalización es una alternativa nefasta. No somos un laboratorio y no podemos pensar en usar a los uruguayos como conejillo de indias.