El gobierno prepara un decreto para subastar una parte del espectro, según anunció este lunes la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, en un evento de Certal. Fuentes de la cartera explicaron a El Observador que la finalidad de la licitación es “darle toda su potencialidad al despliegue del 5G ”, avanzando sobre las bandas de menor longitud de onda que la administración anterior dejó para una siguiente etapa al abrir en 2022 el llamado para tres bloques de la llamada “banda media” de 100 MHz.
Horas más tarde, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez se limitó a decir en un almuerzo moderado por periodistas que la próxima licitación implica “avanzar en la red 5G y avanzar en otras capacidades que necesitamos”.
La ministra Cardona se había propuesto “no innovar” en algunos temas pendientes en esta área hasta no tener una “política de telecomunicaciones lo más consensuada posible”, según había contado ella misma a El Observador.
En este sentido, el gobierno entiende que el llamado para el espectro será una suerte de “primer paso” para evaluar otro tipo de asuntos a resolver, como por ejemplo la eventual autorización a más cableoperadores e incluso a empresas de TV satelital –Direct TV– para también brindar internet al hogar. De hecho, esa fue una de las interrogantes planteadas este lunes a la propia ministra por el ejecutivo de Direct TV, Pedro dos Santos Bentancourt.
El alcance de la subasta resuelta a fines del 2022 por el gobierno de Luis Lacalle Pou fue motivo de cuestionamientos por parte del Frente Amplio cuando estaba en la oposición.
El propio Alejandro Sánchez, en su calidad de senador, había consultado al entonces ministro Omar Paganini el 19 de abril de 2023 en la Comisión de Industria si el hecho de “restringir” el llamado a las “bandas medias” no implicaba terminar “cerrando la subasta” y “restringiendo las posibilidades reales de desarrollar el 5G en Uruguay” y dejar para más adelante a las llamadas “bandas milimétricas”.
Estas últimas corresponden al bloque de los 26 GHz y tienen una menor longitud de onda en tanto su frecuencia es más alta.
El exministro Paganini fundamentó entonces que “el negocio del 5G milimétrica requiere una demanda fuerte con muchas radiobases y generalmente no son personas; es robótica, parques industriales”. El jerarca nacionalista, ingeniero de profesión, sostuvo en esa línea que el negocio no estaba “maduro” y no se estaba desarrollando salvo para “lugares de élite y muy avanzados tecnológicamente”. Paganini graficó en aquella fecha que las bandas milimétricas suponían una infraestructura mucho más “densa” que para las medias, que eran las que se estaban licitando.
Sánchez, hoy secretario de la Presidencia, contrarrestaba entonces que “no se subasta el 85% del espectro posible”, lo que implicaba que el despliegue del 5G tuviera “una especie de baja intensidad”, al tiempo que defendía que había “informes muy contundentes” sobre las “posibilidades muy amplias” de las bases milimétricas y ejemplos internacionales como el de Brasil.
La polémica por Dedicado
La mayor polémica de aquella licitación tuvo lugar ante el reclamo de Dedicado de que los pliegos lo excluían de participar, razón por la que había anunciado recursos para impugnar el llamado.
Durante aquella sesión de abril de 2023, el exministro Paganini justificó la decisión de su gobierno de solo abrir la subasta para quienes tuvieran licencias de IMT –operadores de telecomunicaciones móviles– de modo de que “quien adquiera la banda no sea solamente alguien que tenga la capacidad financiera y después salga a ver cómo desarrolla el servicio, sino asegurarla a alguien que tenga la experiencia y las credenciales necesarias”.
Paganini alegó entonces que Dedicado no desarrollaba en ningún lado el servicio de IMT y que solo daba un servicio de internet fijo punto a punto con “más o menos 9 mil clientes en Uruguay”, más allá de que tuviera otros bloques asignados para otro tipo de servicios. “Es una empresa que se queja de que se la excluye de una cosa porque pedimos una exigencia de antecedentes, cosa que nos parece sensata requerir como para cualquier cesión o concesión de derechos en algo tan importante como el espectro radioeléctrico”.
El entonces senador Sánchez había consultado sobre ese punto y protagonizó con el oficialismo de la época un cruce en que los blancos –incluido el propio Paganini– acusaron al MPP de estar siendo un portavoz de Dedicado, dada la cercanía de sus empresarios –Eduardo y Arturo Vargas– con José Mujica.
Sánchez planteó que le parecía “raro” que no pudiera participar una “empresa nacional” interesada en adquirir uno de los bloques y que sí pudiera participar una “empresa transnacional” sin licencia de IMT siempre y cuando acreditara experiencia de dos años en el rubro de las telecomunicaciones móviles en al menos otros dos países.
El entonces dirigente opositor cuestionó que esos requisitos “cerraban” la subasta y que por la vía de los hechos –ya que ninguna de las compañías internacionales había adquirido los pliegos– limitaban la participación a Claro y Movistar, los únicos dos privados en el negocio de la telefonía móvil en competencia con Antel –que para ese llamado tenía un espacio reservado–.
Ante las acusaciones de Paganini de que Dedicado le estaba pasando información, Sánchez defendió que se había reunido con “todas las empresas”, incluidas Claro y Movistar, que terminaron adquiriendo sus segmentos por unos US$ 28 millones cada uno, sin más competencia y sin excederse demasiado del monto base establecido para la subasta. Antel también adquirió su parte por el valor promedio ofrecido por los otros dos participantes.
El nuevo decreto se está trabajando en la órbita de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y aún no ha sido remitido a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec). El Observador intentó varias veces obtener más información por parte de su jerarca, Pablo Siris, quien se limitó a contestar que el decreto estaba en proceso de elaboración y que se estaba analizando “cuál sería el espectro necesario”.
