El astillero español Cardama, a través de un escrito firmado por el empresario y propietario Mario Cardama, envió sus respuestas a la comisión investigadora que funciona en la Asamblea General para indagar sobre el proceso de compra de las patrulleras oceánicas.
Cardama asegura que la administración de Orsi "nunca" comunicó objeciones respecto a las garantías que había presentado la empresa para el contrato. "Jamás se planteó que hubiera mediado incumplimiento alguno (en la construcción) ni tampoco se objetó nada respecto de las garantías", señaló el español.
Foto: Dante Fernandez / FocoUy
El gobierno de Orsi comunicó el 22 de octubre de 2025 —en una conferencia encabezada por Orsi, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz— que rescindiría el contrato y haría una denuncia penal contra Cardama por presuntas irregularidades detectadas en la garantía de fiel cumplimiento de Eurocommerce que el astillero había presentado.
Por ese entonces, el gobierno acusó a Cardama de entregar una garantía emitida por una empresa "de papel" (por Eurocommerce) y de cometer un "fraude" al Estado uruguayo. También aludió a irregularidades en el proceso de construcción y demoras.
Sin embargo, Cardama sostiene que en una reunión previa a esa conferencia —celebrada el 10 de octubre de 2025 en Montevideo y con participación de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo— nadie hizo "comentario alguno" sobre "incumplimiento de contrato ni nada relacionado con la garantía, ni que ya a esa fecha debía haberse renovado, ni similar".
E insistió: "No, en ningún momento, ni antes del 22 de octubre ni después del 22 de octubre, se nos intimó a cambiar la garantía ni similar".
La experiencia de "más de 100 años"
Archivo, astillero Cardama previo a la construcción de las OPV
Cardama Shipyard
Antes de que se firmara el contrato con Cardama (el 15 de diciembre de 2023), el Frente Amplio había cuestionado las credenciales del astillero español, entre otras cosas, alegando que no tenía la experiencia suficiente para construir este tipo de buques.
Sobre esto último, Cardama defendió su historia de "más de 100 años" construyendo barcos y aseguró contar con un equipo de profesionales con "experiencia en construcción de buques de mucho mayor porte que las OPV en otros astilleros".
"Después de haber entregado buques a diferentes Armadas en todo el mundo, y de haber entregado OPVs a otros cuerpos de seguridad de diferentes estados, entendemos que es lógico decir que Cardama tiene experiencia suficiente para construir buques tipo OPV para una Armada como la Uruguaya", señaló Cardama en el escrito.
Y agregó que las patrulleras solicitadas por Uruguay "no iban a ser los buques de más porte ni los más complejos construidos" por el astillero.
En su defensa, además, Cardama aludió al caso Pluna. El empresario recordó que en 2012 "se dijeron todo tipo de cosas sobre los socios privados que tuvo Uruguay en el caso Pluna y la pertinencia de liquidar dicha empresa", pero que, después, en 2025 el Estado uruguayo "tuvo que abonar a esos socios un laudo arbitral millonario".
La reunión con Gonzalo Fernández
El penalista Gonzalo Fernández fue canciller y secretario de la Presidencia
Pocos días después de la conferencia realizada por el gobierno de Orsi para anunciar la decisión de rescindir el contrato, el abogado Gonzalo Fernández (exsecretario de Presidencia durante el gobierno de Tabaré Vázquez y luego ministro) mantuvo una reunión con el presidente Yamandú Orsi y su asesor, el abogado Sergio Pérez (hoy titular de la Oficina Nacional de Servicio Civil).
Allí, Fernández —según lo relatado por Cardama— planteó al gobierno que "aceptara una mediación". De la otra parte, el presidente y Pérez le pidieron que el astillero formulara la petición por escrito, cosa que Cardama asegura haber hecho el 30 de octubre de 2025.
En una segunda reunión, Cardama asegura que "se ofrecieron verbalmente tres posibles alternativas".
Estas eran: ampliar la garantía de otra de las garantías presentadas (en este caso la de Redbridge), realizar un "depósito en dinero en el Banco de la República Oriental del Uruguay, hasta la finalización del contrato" o hacer "un depósito de Bonos del Tesoro en dicho banco, en los mismos términos".
Cardama no detalla cómo se zanjó la discusión entre esas alternativas, pero sí cuenta que en una tercera reunión mantenida por Fernández en Torre Ejecutiva el gobierno pidió introducir modificaciones en el contrato.
En ese encuentro —siempre según lo detallado por el empresario español— participaron Díaz, Lazo, el subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez, el director general de Secretaría, Álvaro Colotta, Pérez y la abogada Cristina Vázquez.
Durante la reunión, fueron Díaz y Lazo "quienes tomaron la palabra y plantearon introducir reformas en el contrato". "No hubo pronunciamiento alguno sobre la garantía alternativa ofrecida, pero en cambio se barajaron múltiples opciones de modificación contractual", entre ellas la rescisión, la cesión del contrato a un tercero, la reducción a una sola patrulla o la modificación de hitos y del sistema automático de pagos.
La empresa asegura que pidió al gobierno que entregara por escrito todas esas peticiones, pero que "nunca se entregó ese listado", pese a que Fernández "urgió reiteradamente" su entrega a Pérez.
Por otra parte, la empresa alega que desde junio de 2025 dejó de tener respuestas por parte del Ministerio de Defensa Nacional y de la Armada, y que, desde ese entonces, las aprobaciones del proyecto se laudaron a instancias de Cardama "por no respuesta del cliente".
"Tanto nuestros interlocutores de la Armada —con los que llevábamos meses teniendo una comunicación muy fluida con respecto a la definición del proyecto— como los del Ministerio de Defensa dejaron de responder a las comunicaciones que les enviábamos, o respondían indicando simplemente que habían recibido la comunicación", sostuvo.
