El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció en la tarde de este miércoles que resolvió rescindir el contrato de Cardama, que se había firmado en el gobierno de Luis Lacalle Pou para la compra de dos patrullas oceánicas por más de US$ 90 millones.
La nueva administración tiene "fuertes indicios" de que hubo una "estafa" o un "fraude" al Estado uruguayo y por eso hará una denuncia penal y civil, además de ordenar investigaciones administrativas en Economía y el BROU, que se suman a la que está en curso en Defensa.
Hasta el momento, el Estado uruguayo hizo tres pagos por unos US$ 30 millones, que ahora intentará recuperar con los proceso judiciales que se iniciarán.
"Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de las dos patrullas oceánicas", dijo Orsi al inicio de la conferencia, acompañado del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz.
La presunción del gobierno es que Cardama presentó una garantía falsa, ya que la empresa que la otorgó está en proceso de liquidación por inactividad.
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Cardama presentó, por fuera del plazo que se había fijado en el contrato, una garantía de fiel cumplimiento a cargo de la firma Eurocommerce, con sede en el Reino Unido.
Sin embargo, una investigación encargada por la administración de Orsi a un estudio jurídico en Londres descubrió una serie de irregularidades.
Por ejemplo, que Eurocommerce estaba en proceso de liquidación, que el único directivo es un ciudadano ruso que reside en Rusia, y que entre 2023 y 2024 no tuvo un solo empleado registrado.
Según detalló Díaz, Eurocommerce tuvo un funcionario registrado en 2022, pero al momento de otorgar la garantía a Cardama no contaba con ninguno.
Además, el embajador uruguayo ante el Reino Unido se presentó en las oficinas para intentar ejecutar la garantía pero en su lugar encontró a una inmobiliaria. "Es más, no funcionó nunca en ese lugar esta empresa, sino que allí funciona una inmobiliaria", señaló el prosecretario de Presidencia.
Por su parte, Sánchez aseguró que la situación es "muy grave" y que ahora lo que se buscará determinar es si hubo "complicidad de funcionarios públicos que no resguardaron la defensa del Estado frente a un contrato millonario".
¿Cómo se inició la investigación que llevó a este descubrimiento? Cuando se firmó el contrato con Cardama, se estableció que el astillero debía presentar una garantía de fiel cumplimiento en un plazo de 45 días.
Ese plazo se venció –de hecho se estiró a 11 meses– pero el gobierno de Luis Lacalle Pou igualmente aceptó una garantía presentada fuera de plazo, a nombre de la empresa Eurocommerce, detallaron las autoridades en la conferencia de prensa.
Aunque el contrato estipulaba que la garantía debía cubrir un total de 42 meses (por la duración del contrato y otro año más), la que presentó Cardama regía solo por un año.
El gobierno anterior, narró Díaz, decidió aceptar la garantía, pero fijó que se renovara 30 días antes del vencimiento del plazo.
"El día lunes, ante la inminencia del vencimiento, porque el 22 de setiembre, 30 días antes, Cardama nos debió decir cuál era la nueva garantía, el presidente de la República resolvió iniciar el proceso de la ejecución de la garantía y dio instrucciones al embajador en Reino Unido", señaló Díaz.
Fue entonces que el embajador descubrió que en la dirección aportaba funcionaba una inmobiliaria y que se sucedieron los otros hallazgos.
