El gobierno nacional resolvió rescindir contrato de Cardama por la compra de dos patrullas oceánicas ante presunción de un "fraude" al Estado uruguayo; hará una denuncia penal y civil
Archivo: OPV que proyectaba Cardama
Ministerio de Defensa NacionalDirigentes del Frente Amplio criticaron al gobierno de Luis Lacalle Pou por el contrato con Cardama para la compra de dos patrullas oceánicas por más de US$ 90 millones.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció en la tarde de este miércoles que resolvió rescindir el contrato, bajo la sospecha de que hubo una "estafa" o un "fraude" al Estado uruguayo.
Hasta el momento, el Estado uruguayo hizo tres pagos por unos US$ 30 millones, que ahora intentará recuperar con los proceso judiciales que se iniciarán.
El senador del oficialismo, Sebastián Sabini, calificó "de una irresponsabilidad absoluta por parte de la administración pasada" este contrato.
"Después escuchamos discursos solemnes sobre el manejo de los dineros públicos. Muy bien nuestro gobierno haciendo lo que hay que hacer", escribió Sabini en sus redes sociales.
El diputado del Frente Amplio (FA), Sebastián Valdomir, aseguró que "lo más grave de todo esto es que en noviembre de 2024 el gobierno uruguayo anterior tenía un informe jurídico donde se alertaban los indicios de irregularidades en la garantía".
"¿Que hicieron?", se preguntó el también presidente de la Cámara de Representantes, "siguieron para delante como si nada. Va a ser un largo camino recuperar el dinero perdido", agregó.
La presunción del gobierno es que Cardama presentó una garantía falsa, ya que la empresa que la otorgó está en proceso de liquidación por inactividad.
Cardama presentó, por fuera del plazo que se había fijado en el contrato, una garantía de fiel cumplimiento a cargo de la firma Eurocommerce, con sede en el Reino Unido.
Sin embargo, una investigación encargada por la administración de Orsi a un estudio jurídico en Londres descubrió una serie de irregularidades.
Por ejemplo, que Eurocommerce estaba en proceso de liquidación, que el único directivo es un ciudadano ruso que reside en Rusia, y que entre 2023 y 2024 no tuvo un solo empleado registrado.
La directora del Instituto Nacional de Alimentación del gobierno de Orsi, Micaela Melgar, afirmó que fue "un proceso alertado desde el Parlamento de todas las formas posibles". La jerarca del Ministerio de Desarrollo Social fue diputada en la pasada legislatura.
Para el también senador del FA, Nicolás Viera, fue una "excelente decisión del presidente y del gobierno".
"Es necesario cuidar los intereses del país y de la sociedad, cosa que otros claramente no hicieron. Hay que ir al fondo para conocer todas las responsabilidades", agregó el dirigente en sus redes.