En el diferendo que el exsenador Charles Carrera mantiene con el Ministerio del Interior para que le entregue la información relativa a las autorizaciones especiales del Hospital Policial, obtuvo un nuevo fallo que obliga a la secretaría de Estado a cumplir con esa solicitud.
La sentencia a la que accedió El Observador, del 7 de setiembre, dictada por la jueza letrada en lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, María Eugenia Ferrer Sugo, aplica las reglas del proceso de ejecución de sentencia e intima al Ministerio del Interior a cumplir formalmente con lo solicitado en un plazo de 60 días.
Actualmente el proceso penal contra Carrera se encuentra en suspenso, a la espera de que un tribunal de apelaciones falle sobre el planteo de prescripción de la defensa del imputado que entiende que los delitos presuntamente cometidos en 2012 prescribieron a los diez años. La jueza de garantías Diovanet Olivera (Crimen Organizado) rechazó la prescripción pero la defensa apeló y el tribunal decretó la suspensión del proceso mientras lo estudia.
Si el Tribunal Penal de 2 Turno confirma el fallo, la jueza podrá redactar el auto de apertura al juicio en el que deberá resumir la acusación de la fiscalía que pide 4 años de prisión por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada, mientras la defensa sostiene que no cometió delitos.
La fiscalía lo responsabiliza por la internacion y tratamiento médico en el Hospital Policial a Víctor Hernández, un vecino de La Paloma que resultó gravemente herido por una bala perdida que se cree salió de la casa del entonces comisario Marcos Martínez en 2012. En ese momento Carrera se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior (gestión de Eduardo Bonomi).
La teoría de la defensa de Carrera apunta a demostrar que las autorizaciones especiales para atender a funcionarios no policiales eran frecuentes y que el propio Bonomi fue uno de ellos, además de que en el caso de Hernández todo indicaba que el Ministerio del Interior sería condenado civilmente a indemnizarlo.
El juicio con el Ministerio del Interior por los datos
La defensa de Carrera, encabezada por el abogado Juan Manuel González Rossi, reclamó ante la justicia civil que la documentacioón que entregó el Ministerio del Interior no daba cabal cumplimiento a la condena impuesta en la sentencia principal (que exigía transparentar el registro, motivos y vínculos de las autorizaciones especiales a personas sin derechos asistenciales propios en Sanidad Policial).
Por su parte, el ministerio argumentó que la exigencia del abogado excedía la pretensión deducida en la demanda. Informó que la atención a personas sin derechos propios se limita a cuatro hipótesis legales: policías en actividad/retiro, pensionistas, cónyuges/hijos solteros menores de 21 años o incapacitados, y padres con ingresos inferiores a un salario mínimo nacional.
El reclamode González estuvo en que al entregar la documentación, en la que incluyó algunos casos con nombre y apellido, no explicitó en cuál de esas cuatro hipótesis encuadra cada usuario autorizado, y no se explicita si esas personas autorizadas encuadran en las situaciones alegadas por el propio ministerio.
Sobre todo, el ministerio afirmó que existían únicamente 4.418 autorizaciones especiales registradas desde el año 2001 a la fecha. Sin embargo, la numeración de los formularios aportados por la propia demandada supera ampliamente ese número (alcanzando cifras superiores a 12.000), lo que genera dudas sobre la veracidad de lo informado.
El abogado de Carrera señaló que la documentación aportada carece de numeración correlativa, lo que constituye una infracción a las garantías de control administrativo e induce a pensar que Interior "habría elegido arbitrariamente, sin asidero legal, y en forma absolutamente unilateral qué información proporcionar y cuál ocultar, intentando sustraerse de susobligaciones legales y constitucionales y de lo condenado por la Sede".
Cuestionó también que la contestación incumplió los principios rectores de disponibilidad, eficiencia, integridad y conservación de los archivos públicos.
Ochs: "No es razonable" la conducta del Estado en este caso
En el transcurso del proceso penal, la defensa de Carrera recurrió a la via administrativa para obtener información y recomponer el caso. Entre esos recursos presentó una petición administrativa al Ministerio del Interior, para la que contrató al profesor de Derecho Administrativo, Daniel Ochs.
Según explicó González Rossi en una de las audiencias del control de acusación que El Observador presenció, en esa petición se le reclama al Ministerio del Interior que informe a cuantos atendió bajo excepción y que diga si va a iniciar un juicio para recuperar el dinero invertidoi. En ese momento el abogado dijoque "si el ministerio tuviera una posición coherente tendría que decirle a Víctor Hernández: ´Le di tode esto pero como finalmente no fui responsable usted me tiene que devolver todo esto´". Y si entiende que no hubo daño, cae el elemento del delito",
Consultado por El Observador, sobre el alcance desde el derecho administrativo del planteo, Ochs explicó que en este caso entran en juego dos principios. El de "igualdad exige que la Administración Pública trate los asuntos que son idénticos de la misma manera. La igualdad no admite tratamientos dispares que no tienen una justificacion razonable".
El segundo principio, afirmó, es el de razonabilidad que "exige de la Administración en un sistema democrático un obrar coherente, uniforme y razonble". "No es razonable que en un caso similar haya decidido hacer una denuncia (penal a Carrera), estimando que hay una evetual configuración de delitos y tolere o admita pacíficamente que haya centenares de casos idénticos que no son objeto de ningun tratamiento represivo respecto de la Administración".
