En el penúltimo Congreso Mundial de Ciencia Política, los politólogos uruguayos Antonio Cardarello y Ernesto Nieto mostraron un mapa en el que cerca del 69% del territorio nacional estaba pintado de blanco, como un enorme vacío. Representaba todas aquellas zonas en las que, cuatro períodos electorales después de la creación de los gobiernos locales, sigue sin haber municipios. El público internacional no salía de su asombro. En la mitad del auditorio un señor pidió la palabra y en un español con dejo anglosajón preguntó:
—Y todo lo blanco, que es lo más grande, ¿es anárquico?
Este domingo 2.724.184 ciudadanos uruguayos están habilitados —y conminados— para votar a los gobiernos departamentales. Pero solo 1.972.024 también podrán elegir a su alcalde y los concejales que conforman el municipio. El resto (752.160) carece de ese derecho.
Los datos de la Corte Electoral a los que accedió El Observador evidencian que, más de 15 años después de haberse creado los gobiernos locales, la municipalización sigue siendo incompleta y persiste la inequidad: hay ciudadanos “de primera” y “de segunda”.
Solo en Montevideo, Canelones y Maldonado —donde los municipios abarcan el 100% del territorio del departamento— la totalidad de los habilitados para votar lo puede hacer en el segundo y tercer nivel de gobierno. En Durazno, Flores, Rivera y Salto, en cambio, menos de la quinta parte de los electores tiene la chance de que un alcalde lo represente.
A raíz de este vacío, de ese enorme agujero de representatividad que dejó boquiabiertos a los asistentes al penúltimo Congreso Mundial de Ciencia Política, en el reciente libro Territorios, claves para entender el Uruguay de hoy, los politólogos Cardarello y Nieto reconocen: “Esta disparidad plantea interrogantes sobre la igualdad ciudadana y el acceso equitativo a los servicios públicos, así como sobre la participación ciudadana y el control de las acciones del gobierno local por parte de la ciudadanía”.
“En el interior no hay democracia, hay feudalismo”
El periodista Joaquín Symonds había dado a conocer en su proyecto de fin de carrera el poder que ejerce el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, sobre algunos periodistas locales a quienes contrata para que trabajen en su gobierno. En ese mismo trabajo sobre Vidalingrado –como lo llamó el periodista–, el politólogo Adolfo Garcé dice: “En el interior no hay democracia, hay feudalismo”. Y aunque explica que ese concepto no siempre es visto como un problema para los locales, sí genera “graves problemas”.
Esa misma lógica de concentración del poder es la que, según Cardarello y Nieto hace que en 16 de los 19 departamentos las capitales departamentales (que son donde vive la mayoría de la población) no estén municipalizadas. “El mensaje es claro: el poder central de cada departamento, es decir los intendentes que en Uruguay son los jefes de los ejecutivos departamentales y que son los que tienen la mayor iniciativa y potestad para la creación de nuevos municipios, no quieren divisiones ni eventualmente competencia por el gobierno de esos territorios, porque las capitales departamentales son centrales desde el punto de vista electoral”.
Tanto es así que cuando le preguntaron sobre el tema al intendente de Cerro Largo, José Yurramendi, del Partido Nacional, respondió: “En Melo el alcalde soy yo”.
Entonces, ¿en Montevideo, donde a diferencia de la mayoría del interior existe un alcalde para cada punto del territorio, los municipios son mejor evaluados? Los distintos estudios son contundentes: no. “La aprobación aumenta entre aquellos que residen en localidades muy pequeñas y medianas del interior del país. En los municipios menos poblados la nueva figura del alcalde se ha vuelto un referente político para la comunidad”. Y eso no pasa en la capital del país.
Hay una cuestión de distancia demográfica. En Montevideo hay más de 110.000 habilitados para votar en cada municipio. En Quebracho, en Ramón Trigo o en Tres Islas —los tres son municipios de Cerro Largo— hay menos de 300 habilitados. Allí el alcalde “es uno más”.
