El juicio es por el funcionamiento irregular de un cable de Canelones
El juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo, Carlos Aguirre, rechazó una demanda contra el Estado por más de US$ 5,2 millones realizada por Telecable (Cable Video Uruguay ltda y Bruster SA), una empresa de los hermanos Clarice y Tomás Romay.
El juicio es por el funcionamiento irregular de Visión Canaria (VAL SRL), una empresa que obtuvo en 2004 una licencia para prestar servicios de televisión por cable en La Paz y Las Piedras, pero recién comenzó a hacerlo siete años después incumpliendo la normativa (que da un año de plazo para empezar a cablear y operar).
El año pasado, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) le había dado la razón a Telecable y ordenado el pago –por parte de la Ursec– de más de US$ 4 millones por los “daños y perjuicios” ocasionados por Visión Canaria, competidor en esas ciudades.
Tras esa victoria judicial, los representantes de Telecable impusieron una nueva demanda señalando que el pago abarcaba solamente los daños ocasionados entre agosto de 2011 y diciembre de 2013 pero sus pérdidas se extendieron hasta julio de 2022.
“El daño que se reclama tendrá que ver con la pérdida de abonados por tolerar un competidor ilegítimo, el cual lógicamente absorbió parte de un mercado acotado, como es el de La Paz y Las Piedras del departamento de Canelones, en un período de 8 años, con el agravante de haberse producido cuando la televisión por cable estaba en pleno auge”, dice el escrito que presentaron y al que accedió El Observador.
A partir de un informe elaborado por la consultora Grant Thornton, los demandantes pidieron un resarcimiento de más de US$ 5,2 millones ($209.507.396) además de US$ 27.204 por los honorarios de los abogados.
La Ursec, en representación del Estado, interpuso tres “excepciones previas” que debían resolverse antes de seguir adelante con el proceso. Planteó que era “cosa juzgada”, que había caducado el plazo que Telecable tenía para demandar, y que no tenían “legitimación pasiva”, es decir que quien tenía competencia para resolver lo que pedía era el Poder Ejecutivo y no la Ursec.
En su sentencia, el juez Aguirre entendió que había “cosa juzgada” sobre el monto principal de la demanda (los US$ 5,2 millones), pero no respecto al reclamo de los honorarios de los abogados (los US$ 27.204). A su vez, dejó para la “sentencia definitiva” la resolución sobre la “legitimación pasiva”.
“Solo pervive consecuencia de la nulidad dispuesta la requisitoria relacionada con los gastos y honorarios profesionales para obtener la anulación de dichos actos”, señaló el juez en su argumentación.
Previamente, había expresado que estos daños y perjuicios “pudieron haber” sido reclamados en el juicio anterior.
La decisión del magistrado –emitida el jueves 29 de agosto– fue celebrada por autoridades del gobierno aunque fuentes judiciales confirmaron a El Observador que Telecable apeló la sentencia por lo que habrá una segunda instancia.
En paralelo a la situación judicial, el gobierno de Luis Lacalle Pou revocó la licencia que tenía Visión Canaria (algo que había dispuesto el TCA en 2019) luego de declarar desierto un llamado a interesados en dar el servicio en la zona donde había recibido la autorización.
Ese llamado también había sido impugnado por Telecable, que incluso llegó a mencionar que si le sumaban un nuevo competidor iba a tener que “cerrar la empresa” porque el mercado de cables está en caída.
Debido a que la licencia había sido otorgada en 2004 pero Visión Canaria recién comenzó a cablear en 2011, Telecable recurrió en varias ocasiones a la Justicia para detener su operativa.
En 2013, la Justicia civil le dio –en primera instancia– la razón, pero el gobierno de José Mujica dictó una resolución en la que confirmó la licencia otorgada a Visión Canaria, lo que provocó un nuevo juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Este juicio resultó favorable a los hermanos Romay en 2019, ya que anuló la disposición de Mujica.
El juicio civil, en tanto, continuó su curso debido a que el gobierno uruguayo apeló hasta que en 2015 fue laudado por la Suprema Corte de Justicia, que estuvo de acuerdo con el reclamo de Telecable. Desde entonces, se desarrollaron diversas instancias que terminaron con la sentencia de 2023 de la SCJ que ordenó el pago de la Ursec de más de US$ 4 millones.