Nacional > TELECOMUNICACIONES
Tras ganar juicio millonario y asesorado por Jorge Díaz, esposo de Carolina Ache pide al gobierno cancelar llamado de TV por cable en Canelones
El último día de junio, siguiendo un mandato del Poder Ejecutivo, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) lanzó un llamado a empresas que estuvieran interesadas en brindar un servicio de televisión por cable en las ciudades de La Paz y Las Piedras en el departamento de Canelones.
La convocatoria, cuyo plazo para participar se vence el viernes 28, no pasó desapercibida en el ambiente y es rechazada por Telecable, una empresa que opera en la zona y es propiedad de los hermanos Clarice y Tomás Romay, el esposo de la exvicecanciller Carolina Ache.
Los representantes de la empresa enviaron en los últimos días un escrito a las autoridades de la Ursec y el Ministerio de Industria en el que solicitan “suspender el llamado o dejarlo sin efecto”, y advierten que, en caso de que esto no ocurra, deberán “cerrar la empresa” ya que desde hace varios años que vienen siendo perjudicados por Visión Canaria (otro cable que opera en la zona).
En la comunicación, los hermanos adjuntaron –a su vez– una consulta realizada al exfiscal de Corte, Jorge Díaz, que concluye que el comportamiento de las autoridades “encaja con plasticidad” en la figura típica de “abuso de funciones” prevista por el artículo 162 del Código Penal.
Recientemente, tal como informó el consultor en telecomunicaciones Gustavo Gómez en su cuenta de Twitter, el Estado pagó a los representantes de Telecable más de US$ 4 millones por un juicio iniciado años atrás.
Viejos reclamos
El caso se remonta al año 2004, cuando Visión Canaria obtuvo una licencia para prestar servicios de televisión por cable en La Paz y Las Piedras. El llamado exigía que el ganador se instalara en un plazo no mayor a un año, algo que no ocurrió hasta 2011 cuando empezó a cablear la zona y comenzó a operar.
Esa situación motivó que Telecable comenzara una serie de reclamos dado que el Reglamento de Licencias de Telecomunicaciones establece que el incumplimiento debe ser sancionado con la “revocación de la licencia”, algo que no ocurrió.
Asesorados por el abogado Carlos Delpiazzo, los hermanos Romay iniciaron un juicio contra el Estado por los “daños y perjuicios” que les estaba ocasionando la “omisión en revocar la licencia” de Visión Canaria, es decir que la empresa siguiera operando pese a que había incumplido la normativa.
En 2013, la Justicia civil le dio –en primera instancia– la razón a Telecable, pero el gobierno de José Mujica dictó una resolución en la que confirmó la licencia otorgada a Visión Canaria, lo que provocó un nuevo juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Este juicio resultó favorable a los hermanos Romay en 2019, ya que anuló la disposición de Mujica.
El juicio civil, en tanto, continuó su curso debido a que el gobierno uruguayo apeló hasta que en 2015 fue laudado por la Suprema Corte de Justicia, que estuvo de acuerdo con el reclamo de Telecable.
Desde entonces, se desarrollaron diversas instancias que volvieron a llegar a la Suprema Corte de Justicia y terminaron el 10 de julio de este año con el pago por parte de la Ursec de más de US$ 4 millones ($155.210.499) por los “daños y perjuicios”.
Autorización provisoria y posible cierre
Tomando como punto de partida los cuatro fallos judiciales en contra, en julio del año pasado el presidente Luis Lacalle Pou revocó la autorización a Visión Canaria, aunque le permitió seguir operando de forma provisoria hasta que la Ursec eligiera a un nuevo operador mediante un llamado público.
Esa decisión del gobierno también es cuestionada por los hermanos Romay, que señalan que Visión Canaria ha seguido “prestando servicios consciente de que es intocable”.
En el escrito, los representantes de Telecable anunciaron que impugnarán el llamado y que promoverán un nuevo reclamo judicial por el “prolongado incumplimiento” de la sentencia del TCA y la “pérdida de abonados sufrida a partir de enero de 2014 hasta la revocación de la licencia” de Visión Canaria.
A su vez, plantearon como solución para terminar con las controversias, quedarse con los abonados de Visión Canaria, ya que en la “coyuntura actual” del negocio de televisión por cable en el país, el llamado “no tiene sentido” porque las cableras vienen perdiendo abonados y algunas incluso están cerrando.
“Hace veinte años que no se hace un llamado de estas características porque sencillamente carece de sentido”, expresaron y agregaron que “todo indica” que “lo que se persigue en realidad es que Visión Canaria –a través de interpuesta persona– pueda continuar su negocio como si nada o al menos salvar parte de él”.
Fuentes del gobierno dijeron que los representantes de Visión Canaria no pueden participar debido a que la ley de medios vigente les prohíbe hacerlo dado que su licencia fue revocada.
El escrito finaliza diciendo que si no se suspende o deja sin efecto el llamado, solicitan a la Ursec la autorización para “cerrar la empresa”, algo que ya habían planteado hace años.
El abuso de funciones
Junto al escrito, Tomás y Clarice Romay adjuntaron una consulta que le realizaron al exfiscal de Corte Jorge Díaz, que actualmente se desempeña como abogado del estudio Brum & Costa.
El objeto de la consulta es determinar si los hechos ocurridos tienen “relevancia penal”.
Tras analizar el caso, el exfiscal señala que la “inacción de la administración” y el “posterior accionar tardío e ilegal” de sus funcionarios tienen “relevancia penal” y se ajustan al abuso de funciones.
El escrito concluye diciendo que al “cumplir tardíamente" con el "dictado del acto que la Justicia indicó como debido en cuatro oportunidades”, en referencia a la revocación de la licencia de Visión Canaria, y los “millonarios perjuicios que su omisión generó”, sumados a la autorización "de forma ilegal, inmotivada y arbitraria” de una licencia provisoria para seguir funcionando, perpetraron por parte de los funcionarios de la administración una “situación fáctica millonariamente dañosa” que “encaja con plasticidad en la figura típica prevista por el artículo 162 del Código Penal (abuso de funciones)”.
