La empresa estatal negocia con Directv un acuerdo y tiene avanzado un plan para ofrecer fibra óptica a los cableros; Presidencia estudia una fusión de los cables de Montevideo
Con una nueva ley de medios a punto de aprobarse, y a nueve meses de terminar la administración de Luis Lacalle Pou, el mercado de las telecomunicaciones vive momentos vertiginosos.
En poco tiempo, más de 50 empresas de televisión para abonados –cables– recibieron licencias clase B del Poder Ejecutivo para ofrecer servicios de banda ancha e internet en los hogares. Tanto en Montevideo como en el interior hay operadores que ya comenzaron a vender productos y otros que tienen sus redes listas o avanzadas.
Los cambios que empiezan a procesarse en el mercado de datos y televisión hacen que las empresas muevan piezas y desplieguen estrategias.
En los últimos días se conoció que Antel tiene avanzado un plan para vender servicios a los cableros, mientras en paralelo negocia con la multinacional Directv un acuerdo de “contraprestación de servicios mutua”.
Otro hecho que destaca es la solicitud presentada por Montecable, Nuevo Siglo y TCC –los cables de los tres canales privados de TV abierta– para fusionarse en una sola empresa que preste el servicio de televisión por cable y transmisión de datos en Montevideo.
El trámite está avanzado a nivel de gobierno y resta el visto bueno de Industria y Presidencia.
La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) sostiene que la conformación de un consorcio “no constituye una operación de concentración” porque “la TV paga y el streaming forman parte del mismo mercado relevante”, según un informe al que accedió El Observador.
El nuevo escenario marca que los cables tienen que contratar con un proveedor de internet el servicio que les permita estar conectados a la red global. En la actualidad hay conversaciones con Antel para poder usar su infraestructura de fibra óptica, aunque también recibieron ofertas de Movistar, Claro y Dedicado.
Como informó El Observador, los equipos técnicos de Antel trabajan en una nueva propuesta comercial que factiblemente será puesta a consideración del Directorio en agosto.
La intención del gobierno, dijeron fuentes políticas, era que fuera votado antes de las internas pero se postergó. El tema iba a considerarse el jueves 11 pero quedó para el próximo mes ante un pedido del vicepresidente Diego Machín (Partido Colorado). Una primera propuesta había sido presentada en marzo e incluía la “última milla” pero se retiró.
Amparándose en una resolución de 2010 de Carolina Cosse, Antel cobraría una “tarifa mayorista especial” de internet que permitiría a los cableoperadores utilizar su infraestructura en dos tramos de la red (conectividad local y salida internacional), con excepción del último tramo de cableado hasta los hogares de los clientes (última milla) que lo deberán completar los cableoperadores.
La ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio afirmó el martes 9 en el Parlamento que con ello la empresa pública “busca tener una oferta competitiva” en un nuevo mercado donde Claro y Movistar ya están comercializando soluciones. Los cables que están analizando alternativas de ingreso al mercado con servicios de la empresa estatal son básicamente del interior.
“La oferta que hacen Claro y Movistar es muy atractiva. Son precios muy buenos y nosotros, con los precios y las velocidades que tenemos aprobadas de hasta 1 giga, no competimos con esos precios. (…) Lo que estamos agregando son las velocidades de 5, 10 y 40 gigas en cada uno de los tres servicios: el LAN to LAN como tramo 1, el Internet Alianza -el internacional- como tramo 2 y el VLAN Hub Service Standard, que es otro tipo de servicio; allí estamos proponiendo 5 y 10 gigas de aumento”, afirmó la presidenta de Antel, Annabela Suburú ante la Comisión de Industria de Diputados.
Hay también firmas de cableoperadores que tienen licencia B y que podría interesarles ser “agentes de venta” como son, por ejemplo, Netgate o Montevideo Comm. Actualmente, los “agentes de venta” de servicios fijos perciben una comisión de 7% mensual y otra comisión por cada alta de cliente. Antel evalúa mejorar estas comisiones para generar condiciones “más atractivas”, según se indicó en el Parlamento.
El representante del Frente Amplio en el Directorio de Antel, Daniel Larrosa, sostiene que la propuesta de nuevos precios mayoristas surge como respuesta a un pedido de los cableoperadores, aun cuando tienen otras alternativas “que deberían probar”. “No necesariamente la estrategia tiene que ser que porque otros les dan (servicios), yo les voy a dar. (…) Me parece que ese es el escenario en el que se tendría que plantar Antel: competir a cara de perro”.
Según sostuvo ante el Parlamento, la “gran fortaleza” que debe usar la estatal de telecomunicaciones para competir son los millones invertidos en infraestructura. “¿Si Movistar estuviera sentado sobre una infraestructura que vale US$ 1.000 millones lograría Antel acceder fácilmente mediante precios que estableciera Movistar, precios públicos que tiene que dar luego a todos? Yo creo que no. Podríamos llegar a acceder en algunos casos que a ellos les conviniera y a nosotros también, pero nunca sería un precio fijado a nivel público, es decir, una tarifa”, afirmó a modo de ejemplo.
Para el jerarca, “lo más perjudicial” para Antel es haber construido una infraestructura para que después “los demás la usen y terminen vendiendo el mismo servicio que vende el ente”. “No le encuentro a esto un sentido práctico ni racional desde el punto de vista de Antel ni del país”, afirmó Larrosa.
En paralelo, la telefónica estatal y la empresa Directv negocian un acuerdo de “contraprestación de servicios mutua”. De concretarse, Directv comercializaría a través de Antel TV sus contenidos de DGO, y a su vez Directv vendería a sus clientes servicios de Antel bajo una figura similar a un agente.
“Si podemos finalizar y llegar a concretar esta negociación con Directv tendríamos contenidos muy interesantes porque tienen los derechos del mundial de fútbol”, dijo Suburú. También se negocia con otros proveedores de contenido como Netflix y HBO.
Directv solicitó en 2023 una licencia para ofrecer internet que hasta el momento no ha sido otorgada por el Poder Ejecutivo. En el gobierno hay diferentes visiones acerca de si puede dársela porque el artículo 56 de la ley de medios vigente no se lo prohíbe expresamente aunque establece que solo quienes operan “mediante cable” tienen derecho a pedir la licencia. Como se sabe, Directv opera por vía satelital.
“¿Qué va a pasar cuando se le den los permisos? Hemos tenido reuniones con las más altas autoridades de Directv y nos han manifestado esa intención de permanecer (en el país). Creemos que sí, que se puede confiar en eso porque sería una inversión enorme y ellos tienen su fortaleza en el contenido”, afirmó Suburú.
Tres de las empresas de TV cable más grandes del país, Montecable, Nuevo Siglo y TCC, presentaron al Ministerio de Industria su intención de fusionarse en una sola empresa para prestar servicios en Montevideo.
El Directorio de la Ursec, con votos del oficialismo, ya dio su visto bueno, tanto en cuestión de defensa de la competencia como de la regulación del mercado de telecomunicaciones.
El informe al que accedió El Observador señala que en el caso del mercado de servicios de transmisión de datos, “los peticionantes serían un competidor ‘entrante’ en dicho mercado, sin vinculación con empresas que ya actúen en el mismo; por lo que no correspondería negar la autorización de la operación solicitada”.
Para el caso del mercado de televisión paga –el cable–, las tres empresas tenían en conjunto una participación de 53%, según cifras a diciembre de 2023. La Ursec considera que los solicitantes compiten con otros prestadores en la capital, que a su vez tienen autorizaciones para prestar servicio de televisión paga en otras localidades e incluso alguno de ellos –como Directv– cuenta con autorización para operar en todo el territorio nacional.
Según el regulador, si se considera el mercado nacional de televisión para abonados, la sumatoria de market share de Montecable, Nuevo Siglo y TCC asciende a 19% con 94.222 suscriptores, sobre un universo de 496.127 suscriptores.
Además, el reporte cita un informe de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel), donde se concluye que “el mercado de la tv paga ya no existe dado que el streaming compite con la prestación de servicios de tv paga”.
“Se puede inferir que las conclusiones arribadas en el mercado de Brasil pueden ser trasladadas al mercado uruguayo, interpretando a este mercado relevante como la sumatoria de la tv paga y el streaming, y concluyendo que con esta nueva definición, los operadores de tv paga dejan de ser considerados operadores con poder de mercado significativo”, dice el texto de la Ursec.
El documento agrega que la solicitud para operar de forma consorciada “no constituye una operación de concentración en el mercado del entretenimiento que consagre un poder de mercado significativo al nuevo consorcio. (…) Por consiguiente no correspondería negar la autorización solicitada”.
La decisión de las tres empresas, que son propiedad de Canal 10 (TCC), Canal 12 (Nuevo Siglo) y Canal 4 (Montecable) se produce un contexto de transformación del mercado de cableoperadores, que viene sufriendo una fuerte caída de los usuarios en los últimos años, producto del crecimiento de los servicios de streaming: el último año el mercado perdió 77 mil clientes, un 13% del total.