La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) expresó su preocupación por los cambios en la Ley de Salud Mental aprobados en el Presupuesto Nacional y pidió "a la mayor brevedad revertir este cambio legislativo" debido a que, a su entender, implicaría "un retroceso" en la temática.
La ley presupuestal "introdujo modificaciones al artículo 38" de la Ley de Salud Mental aprobada en 2017, articulado que establecía que quedaban prohibidas "la creación de nuevos establecimientos asilares y monovalentes, públicos y privados desde la entrada en vigencia de la presente ley", además afirmaba que "queda igualmente prohibida, a partir de la vigencia de la presente ley, la internación de personas en los establecimientos asilares existentes".
Sin embargo, la Inddhh denunció que "este párrafo fue eliminado en la nueva redacción aprobada". En la nueva redacción "se extendió el plazo para el cierre de los establecimientos asilares y estructuras monovalentes hasta el año 2029", cuando la legislación de 2017 proponía que el Poder Ejecutivo establecería una reglamentación con el cronograma de cierre, cuyo cumplimiento definitivo no podría "exceder temporalmente el año 2025".
Un comunicado de la institución afirmó que "las modificaciones introducidas, al suprimir la prohibición expresa de internación en establecimientos asilares es una alteración estructural del sentido de la ley y del modelo de atención que ella estableció".
"Cabe recordar que el texto ahora eliminado fue el resultado de un amplio proceso de discusión social, técnica y legislativa que acompañó la aprobación de la Ley de Salud Mental en 2017", agregó la institución, que entiende que "la Ley N.º 19.529 constituyó un avance significativo en términos de derechos humanos y de consenso democrático".
"Por ello, preocupa no sólo el contenido de la modificación aprobada, sino también la forma en que fue incorporada. Una decisión de esta magnitud, que afecta aspectos centrales del modelo de atención, requería niveles de transparencia, fundamentación y debate público acordes a su relevancia", según la organización.
Por último, llamó a "revertir este cambio legislativo que de sostenerse podría significar un retroceso en la ruta que el país se ha fijado para transformar su sistema de salud mental" y recordó que "la transformación del modelo de atención en salud mental constituye un compromiso asumido por representantes de todo el espectro político".
