Camiones de mudanza subidos a la vereda, perros ladrando a todo pulmón, una niña de túnica que se acaba de quedar sin casa sentada sobre una maleta y una directora del Mides anotando números de teléfono de dominicanos en hojas arrancadas de una agenda. En el medio, la actividad normal de la Ciudad Vieja al mediodía: cientos de trabajadores yendo y viniendo en busca de almuerzo y ómnibus que hacen “finitos” a cubanos que cargan una heladera.
Luego de años de ocupación irregular, la Policía tocó -y derribó- las puertas de los cuartos de los decenas de uruguayos, cubanos y dominicanos que vivían en 25 de Mayo 535, entre Ituzaingó y Treinta y Tres.
“Nos despertaron rompiendo las puertas de los cuartos. Nos dijeron que teníamos media hora para irnos o nos tiraban todo por la ventana”, relató a El Observador un joven dominicano. Claro que el desalojo demoró más de 30 minutos y se prolongó por horas, con las veredas a ambos lados tomadas por colchones, electrodomésticos y bolsas de ropa.
El problema tiene larga data. Desde el equipo de abogados de los dueños del edificio explicaron a El Observador que la primera denuncia por ocupación ilegal fue en 2019. En ese momento se procedió a desalojar y tapiar, pero rápidamente se volvió a ocupar.
En 2022 volvieron a presentar una denuncia por usurpación. El caso se demoró y, luego de varias prórrogas, este martes llegó el segundo desalojo.
En el lugar vivían unas 35 familias, con 15 menores de edad incluidos, informó en rueda de prensa Daniel Gerhard, director de Protección Social del Mides. La mayoría eran dominicanos, pero también había una numerosa familia uruguaya -de unas 17 personas- y algunos cubanos.
La forma de acceder a un cuarto era tan sencilla como irregular. “El que habitó primero te vendía la llave”, contó un dominicano, y mostró la llave de su cuarto, que compró hace algunos meses.
Varios residentes apuntan a un grupo de uruguayos como los regenteadores del edificio. Otros mencionan que le compraron su espacio a un cubano.
La dominicana Yani pagó, en 2024, $40.000 para “comprar” dos cuartos. Otro inmigrante que aterrizó desde Santo Domingo en 2022 pagó $60.000 por una habitación y una sala a los falsos dueños uruguayos. Ahora, parado frente al edificio, cuida a su “hija que no es de sangre” que recién salió de la escuela, mientras espera que sea su turno para bajar sus cosas. Mira a los costados y comenta que aún no sabe cómo hará para bajar las cosas solo.
En los últimos meses, como se preveía que se aproximaba el desalojo, había bajado el precio de la habitación y algunos habían ingresado por $25.000. Es el caso de otro dominicano, que ahora deberá irse a vivir a un “ranchito” que tiene en Santa Catalina.
Durante el desalojo el ambiente es confuso. Los uruguayos son los más enojados y, entre los migrantes, la situación es dispar. Solo una mujer amaga con llorar por perder su hogar y un padre parece hacer fuerza para que su hija no lo vea quebrado. A dos metros, un grupo de jóvenes baja bolsas de ropa a los gritos, riéndose, filmándose y pidiéndole a las cámaras de televisión que los tomen.
“Ellos están así porque tienen un lugar a dónde ir”, esgrime el hombre que cuida a la niña, y cuenta que él, posiblemente, irá a una pensión con su familia.
Yani encuentra otra explicación al clima, que no parece ser de abatimiento o desolación, sino de ejecutividad para sacar lo más rápido posible todas las pertenencias: “Estamos acostumbrados y estábamos avisados. Yo ya tuve dos desalojos en Dominicana”.
Según cuentan varios residentes, ya habían sido advertidos que en estos días llegaría el desalojo, pero esperaban que se aceptara el pedido de prórroga que había presentado el Mides por los próximos seis meses. La Justicia no hizo lugar al nuevo pedido.
Gerhard definió como “positivo” el “balance” de la jornada, porque “todas las personas van a tener su respuesta”. Por ejemplo, contó que para las mujeres que tienen hijos a cargo se “abrió una casa específica para atenderlas”. Otras personas irán a refugios 24 horas y, finalmente, quienes pueden ir a vivir a otros lados, serán ayudados con la logística de la mudanza.
Drogas y charcos
El Observador ingresó a las primeras plantas del edificio y constató la situación insalubre en la que vivían los residentes.
Las paredes estaban tomadas por la humedad y los pisos encharcados. El olor era coincidente con el relato de los abogados de los dueños del lugar: “Rompieron todos los caños de saneamiento”.
Según el relato de los profesionales, las aguas residuales de los cuartos terminaban en el sótano y se filtraban a los edificios vecinos, entre ellos la Corte Electoral.
“Yo tenía miedo de que se derrumbara. Que pase como en Dominicana, con el boliche en que murieron cientos de personas. Empezó así, filtrando agua, filtrando, filtrando”, dice Juan Luis, de 20 años, que llegó al país hace un mes. Su miedo responde al caso del colapso del techo de la discoteca Jet Set, que el 8 de abril de 2025 terminó con la muerte de 236 muertos.
En una de las habitaciones, indicaron fuentes policiales, funcionaba una boca de venta de drogas.
Un edificio centenario
El edificio fue construido en el año 1913 por el ingeniero Héctor Guerra y el arquitecto Horacio Acosta y Lara, con destino a apartamentos y una planta baja comercial.
Inventario Ciudad Vieja, Intendencia de Montevideo.
“La fachada, ecléctica, se resuelve con una rigurosa simetría, presentando un cuerpo saliente central que refuerza el acceso a las oficinas. Cabe destacar el tratamiento decorativo: la herrería de balcones, el buñado en todo su desarrollo, así como la decoración aplicada en la transición entre el tercer y cuarto nivel”. La definición del Inventario Patrimonial de Ciudad Vieja que tiene la Intendencia de Montevideo coincide solo en parte con la realidad. La actual fachada está llena de cables que lo cruzan de un lado a otro y varias persianas rotas.
El edificio tiene varios dueños, que deberán ponerse de acuerdo para definir el futuro del inmueble.
Hay un punto a tener en cuenta: si bien está destruido por dentro, cuenta con el nivel 3 de protección patrimonial (el máximo es 4) por lo que cuenta con protección estructural. Esto implica que “debe ser conservado mejorando sus condiciones de habitabilidad o uso, manteniendo su configuración, sus Elementos Significativos y sus características ambientales”.
Claro, esto no fue tenido en cuenta por los ocupantes, que hasta construyeron un “penthouse” en la cima del edificio con bloques, sin respetar su fachada y estructura histórica.
