El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, asistió la semana pasada al Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio para informar sobre la evaluación de su cartera de los resultados de la campaña de exploración sísmica realizada en el mar uruguayo.
Los trabajos, a cargo de Viridien (exCGG Services), fueron a aproximadamente 180 km de la costa uruguaya dentro del denominado bloque offshore 1 que tiene profundidades que van entre los 70 y 3.000 metros.
La primera temporada se extendió por dos meses y si bien se realizó con autorización, los trabajos generaron oposición y controversia, ya que diversas organizaciones junto a investigadores e incluso la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) promovieron recursos –que fueron desestimados– para detener las actividades.
En este contexto, según supo El Observador por fuentes de la izquierda, Ortuño presentó un estudio ante el Frente Amplio que concluye que las “medidas de protección ambiental y controles” establecidos por Ambiente funcionaron y permitieron cumplir los objetivos de prevención y mitigación que se establecieron en un “enfoque precautorio”.
Antes de hacer esta afirmación, el ministro recordó que previo a esta campaña hubo varias exploraciones, las cuales se hicieron con menos o nulos controles. En este sentido, destacó que duplicaron el área de protección a la fauna marina en la que se prohíbe realizar sísmica o se debe detener, pasando de 500 a 1.000 metros.
También hubo un aumento de la observación de la afectación de fauna marina mediante el fortalecimiento del control de varamientos (aparición de animales en la costa uruguaya, casos de decesos y enfermedad), se limitó el tiempo para realizar la actividad a 6 meses (de noviembre a abril) asegurando que “no se realice en períodos de mayor presencia y reproducción de especies”.
En tercer lugar, se impidió realizar más de una prospección en un área, se estableció que donde se realice no se podrá repetir antes de pasados 5 años del estudio anterior, y se aumentó la distancia entre buques a 100 km.
Por último, se impuso una compensación económica a la actividad pesquera, de comprobarse afectación con menor pesca.
También contó que hubo 6 observadores –a costo de la empresa– a bordo del buque durante toda la actividad, cuatro de los cuales eran observadores de fauna marina (OFM) y dos de monitoreo acústico pasivo (PAM), que realizaban controles día y noche durante todos los días, y reportaban a Ambiente.
A su vez, reveló que técnicos del ministerio hicieron dos inspecciones a bordo.
El resultado de los relevamientos permitió corroborar que se aplicaban las medidas de mitigación exigidas y registrar 487 avistamientos de diversas especies: 259 que se encontraban dentro de los 1.000 metros del radio de mitigación, y 228 ubicados fuera de ella.
“No se registraron muertes asociadas a la realización de la actividad sísmica”, consideró y agregó que hasta el momento en la Facultad de Veterinaria realizaron tres necropsias.
Sobre los casos que tomaron estado público, los estudios científicos descartaron la prospección sísmica como causa de las muertes de los animales varados. En el caso del delfín, murió por una infección grave en el cerebro causada por parásitos, mientras que en el caso de la orca, la causa del varamiento y del deceso sería una infección generalizada.
También valoró que todavía no se registró afectación de la actividad pesquera, ya que a la fecha no se ha presentado “ningún reclamo para activar el mecanismo de compensación” establecido por primera vez. La información preliminar “sugeriría que las campañas de pesca de merluza del mes de marzo fueron buenas”, agregó.
Discusión nacional
Ortuño aprovechó la instancia para plantear su posición respecto a lo que tiene que hacer Uruguay en caso que se avizore la posibilidad de extraer petróleo.
El ministro dijo que de registrarse evidencia positiva, debe resolverse su explotación o no “en un proceso de diálogo nacional amplio, con mirada de mediano plazo”.
En este sentido, debe hacerse un análisis de la relevancia energética y económica de un eventual hallazgo.
Dijo que Uruguay transformó su matriz eléctrica, pero mantiene una importante demanda de hidrocarburos, principalmente por la demanda de los sectores productivo y transporte. El sector eléctrico representa un 19%, la biomasa 36% por la forestación, y el petróleo un 35% que representa el 15% de las importaciones del país e insumo entre 1.200 y 1.600 millones de dólares a Ancap.
“Debería establecer regulación y destino de los recursos obtenidos en el marco de una estrategia de transición justa y desarrollo sostenible con justicia social”, sentenció.
Soberanía en 350 millas
El ministro también se refirió al caso del buque noruego que hizo sísmica en aguas uruguayas sin autorización.
Aseguró que la Prefectura les informó que el SW Empress operó en la plataforma continental extendida de Uruguay entre el 4 y el 12 de abril sin contar con AAP ni haberla solicitado, por lo que se le comunicó que es pasible de ser sancionada con una multa de 1000 UR –unos 50 mil dólares– por la infracción cometida, tipificada como grave.
A su vez expresó que la postura de Ambiente es –en línea con la Cancillería– que Uruguay tiene derechos sobre las 350 millas, por lo que todas las empresas que quieran hacer sísmica en esa zona deben pedir la autorización.
