El BSE alertó en febrero de 2024 una "marcada incertidumbre" sobre el futuro de Cardama ante el contrato de las patrullas oceánicas
El Banco de Seguros del Estado (BSE) rechazó en febrero de 2024 un reaseguro presentado por Cardama porque no alcanzaba la calificación exigida por el BCU para esas operaciones; la compañía rechazada constituye hoy la segunda garantía del contrato por las patrullas oceánicas
En las vísperas de la firma del contrato con el Ministerio de Defensa, el astillero Cardama acudió al Banco de Seguros del Estado (BSE) para gestionar una fianza y solicitar cotizaciones. A partir del 15 de diciembre de 2023, tenía 45 días para constituir dos garantías: una de fiel cumplimiento por 4,1 millones de euros (un 5% del valor de las dos patrullas oceánicas a construir) y otra de reembolso o anticipo financiero por 8,2 millones de euros (equivalente al 10% del monto).
Al final, los plazos no terminarían corriendo con tanta celeridad, mientras que el BSE se convertiría en el primero de los intentos frustrados del astillero gallego por conseguir los avales. El caso nunca llegó a votarse en el directorio, pero sí fue informado por los servicios técnicos al presidente José Amorín Batlle (Partido Colorado) y al director por la oposición, Marcos Otheguy (hoy presidente de la institución): Cardama no cumplía las condiciones para brindar el servicio.
Tras pedirle al astillero información de balances, estatutos y otras documentaciones, como es de estilo en estos casos, el Área Contable del BSE sugirió el 4 de diciembre “no operar con la empresa excepto que constituya contra garantías a total satisfacción”, según la información sumaria del BSE a la que accedió El Observador.
Empezó a partir de allí el estudio de la realidad financiera de la compañía. Los servicios del BSE advirtieron que en 2021 y en 2022 el astillero había declarado más créditos por ventas que volumen de ventas efectivos, aunque aclararon que eso no representaba “inconvenientes a largo plazo”. De un año al otro, Cardama pasó de tener el 17% de sus créditos originados en España –el restante 83% en negocios en el exterior– a acreditar un 79% de ellos en su país de origen.
Los informes del BSE consignaron que Cardama firmó en 2022 un contrato por dos buques pesqueros de 34 millones euros y que se hablaba de un acuerdo por 30 millones de euros con el astillero egipcio Alexandria Shipyard para la construcción de dos remolcadores para el Canal de Suez. Este último, si bien su inminencia fue informada por medios españoles –Faro de Vigo escribió que para Cardama podía “poner fin a casi seis años de sequía” en cuanto a nuevas construcciones– no terminaría por concretarse.
Astillero español Cardama
Instagram Cardama
En base a los balances del astillero para esa fecha, los servicios del BSE apuntaron que el volumen de ventas anuales de Cardama representaba “el 11,4% del monto adjudicado” por el Ministerio de Defensa con los 82 millones de euros para la construcción de las patrullas. La institución también dio cuenta de la auditoría de la consultora Dun & Bradstreet –sobre la que informó El Observador en noviembre– sobre que el astillero tenía riesgo de quiebra.
El BSE consignó en base al informe que eran “altas” las posibilidades y que le otorgaba la calificación de riesgo “más negativa”. “Todo da cuenta de una marcada incertidumbre sobre el futuro de la empresa”, advirtió el contador del organismo.
Casi a finales de enero de 2024, Cardama se anticipó a los plazos y envió un correo al entonces director de Secretaría del Ministerio de Defensa, Fabián Martínez, para pedirle una prórroga de 30 días para constituir las garantías requeridas. El astillero fundamentó que ya estaba en gestiones con el Banco de Seguros y con Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar), la sociedad española a la que ya habían acudido para otros contratos.
Ya en febrero, con Cardama representado por la corredora de seguros MyN De Freitas, el BSE le planteó dos alternativas: o retener un 100% con un porcentaje alto de contragarantías reales por parte de la compañía –es decir, propiedades o derechos a su nombre–; o sino que la operación estuviera respaldado por un reasegurador que tuviera vínculo frecuente con el BSE de modo de asumir el 90% del riesgo, mientras que el 10% restante sería con garantías reales.
Fue en ese punto en el que Cardama presentó como reasegurador a Redbridge, una institución creada en Barbados y con sedes en varios países del mundo con especial foco en seguros vinculados a la salud.
Sin embargo, cuando el Área Contable analizó la información, determinó que no era posible mantener ningún tipo de relación comercial con Redbridge, dado que no tenía la calificación internacional que exige la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central para ese tipo de operaciones, de acuerdo a la documentación a la que accedió El Observador.
La autoridad monetaria establece en su normativa que “las empresas reaseguradoras deberán contar con una calificación de riesgo internacional igual o superior a A- o su equivalente”. Se trata del escalón mínimo en base a las calificadoras más prestigiosas a partir del que el BCU considera que una compañía tiene “fuerte capacidad de pago”.
Sin embargo, Redbridge muestra desde hace años una calificación B++ (buena) de fortaleza financiera y bbb (buena) en su calificación crediticia de emisor a largo plazo, según la valoración de AM Best.
Los servicios del BSE laudaron el caso sin tener que elevarlo a directorio para resolución: “No es aceptable por el Banco la opción formulada”.
El 24 de febrero Cardama confirmó al Ministerio de Defensa –a través de su corredora de seguros MyN de Freitas– que no había sido posible gestionar la garantía ante el BSE. Por eso habían recurrido a la empresa Soms.us, así como luego presentarían borradores de Euro Exim Bank, Abitab y, finalmente, desde el 6 de setiembre de 2024 y hasta su versión definitiva, de EuroCommerce Bank, la aparente empresa británica denunciada por el gobierno y a la que ahora también Cardama acusa de “estafa”.
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Banco de Seguros del Estado
La garantía de Redbridge
La aparición de Redbridge Insurance Company LTD tiene especial importancia en el contrato de las patrullas oceánicas: tras una serie de borradores, terminó siendo aceptada como garantía de anticipo financiero –o de reembolso– de 82 millones de euros. Ese aval sigue vigente y debería estarlo durante toda la etapa de la construcción y hasta los 12 meses posteriores a la entrega del segundo buque.
Después de una segunda prórroga para gestionar las garantías, Cardama envió por mail el 6 de marzo borradores de ambos tipos de avales proporcionados por Redbridge. Cinco días después, el Ministerio de Defensa recabó ante el Banco Central los antecedentes de esta compañía, que respondió que no disponía de ninguna información financiera sobre ella y que no podía informar si estaba habilitada para emitir ese tipo de pólizas.
El BCU también sugirió allí que Defensa contratara asesoramiento jurídico y a un corredor de seguros, algo –esto último– que no sucedió y que el actual gobierno le ha reprochado a las anteriores autoridades.
A raíz del requerimiento del BCU, el astillero presentó un certificado por parte de Redbridge para justificar que estaba en condiciones de emitir seguros.
Tras el sucesivo intercambio de correos electrónicos entre ambas partes, el 9 de abril el Ministerio de Defensa recibió el informe del estudio Delpiazzo que informó que objeto, forma, vigencia y valor de la garantía de anticipo financiero de Redbridge eran conformes al contrato. El estudio jurídico, no obstante, aclaró en sus correos electrónicos al Ministerio de Defensa que no hacía “análisis de solvencia”, ni de “reputación”, ni si “la empresa tiene autorización en su país de origen para emitir” los avales.
Meses después, el 7 de octubre, Delpiazzo reafirmó que Redbridge y su aval se ajustaban jurídicamente al contrato.
