Cuando se le consulta a los senadores del Frente Amplio sobre posibles cambios al Presupuesto todos contestan más o menos lo mismo: recién están en un período de análisis recibiendo a las delegaciones y no han conversado formalmente sobre posibles reasignaciones. Pero lo que luego se formaliza en una reunión de bancada comienza a gestarse en intercambios informales durante las cientos de horas que los legisladores pasan en el edificio anexo del Palacio Legislativo mientras dura el tratamiento del proyecto de Presupuesto.
En el cronograma inicial acordado en la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto, los senadores recibirán delegaciones hasta el viernes 21 de noviembre y empezarán a votar en comisión el lunes 24. El plenario, en tanto, empezaría el jueves 24. En otras palabras, queda casi un mes para definir cambios.
“Tenemos que buscar para reasignar dentro de un margen estrechísimo”, dijo a El Observador el senador e integrante de la comisión del Frente Amplio, Eduardo Brenta. “Yo soy partidario de rascar la olla y buscar algunos recursos”, agregó, por su parte, su colega Gustavo González.
Los senadores saben que tienen dos restricciones: por un lado tiene que respetar lo acordado en Diputados para que cuando el proyecto vuelva a la cámara baja, donde el Frente Amplio no tiene mayoría, sea aprobado sin mayores dificultades. Una cosa es segura: lo acordado con Cabildo Abierto –aumento salarial para la tropa y recursos para Sanidad Militar– será respaldado también por el Senado.
La otra restricción es la falta de recursos. El déficit fiscal superior al 4% hace que el margen para asignar recursos sea muy acotado y los legisladores reciben pedidos de todos los organismos. Sin embargo, hay prioridades que se repiten respecto a la Cámara de Diputados: la educación vuelve a ser uno de los objetivos de los senadores.
En la cámara baja la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica recibieron recursos pero la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) no. Ahora, en el Senado, tanto la Udelar como la ANEP están entre los objetivos de algunos legisladores frenteamplistas.
Además, los diputados le habían pedido a los senadores que priorizaran a la violencia de género en sus reasignaciones porque ellos no habían podido avanzar en ese tema.
Otros senadores también reconocen que, tras la comparecencia de la fiscal de Corte Mónica Ferrero de este jueves, deberán reasignar recursos para fortalecer a la Fiscalía General de la Nación. Incluso, analizan aceptar algunos artículos planteados por la Fiscalía que no implican recursos.
En la comparecencia de este jueves, los representantes de la Fiscalía solicitaron modificar el sistema de pases en comisión. Por un lado pretenden que los funcionarios de fiscalía no puedan salir como pase en comisión y por otro duplicar (de 10 a 20) los que el organismo puede recibir.
“Hoy por hoy, como decía la doctora Ferrero, se vive de las economías del cero (salarios), no se pueden llenar vacantes porque se necesita eso para funcionar. El 70% del presupuesto de fiscalía es financiado con el no llenado de vacantes, solamente se tiene el 30% del presupuesto”, explicó en comisión el secretario general de Fiscalía, Pablo Velazco.
El contador agregó que si no se pueden llenar vacantes, los funcionarios pueden salir en comisión y al mismo tiempo los que pueden entrar están limitados a 10 “es muy difícil”.
“Simplemente pedimos que se restrinjan las salientes y se amplíen las entrantes a un cupo de 10 más. Se trata simplemente de eso, y responde básicamente a esta restricción presupuestal. Ninguno de los dos tiene costo presupuestal, pero dan aire en cuanto a la posibilidad de contar con funcionarios”, sentenció.
Secreto bancario
Uno de los temas que quedó por el camino en la Cámara de Diputados fue el de los cambios al proceso de levantamiento del secreto bancario. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, insistió con este asunto cuando compareció el lunes 27 ante la comisión.
“El riesgo que corremos (si no se aprueban cambios al proceso) es que en algunos meses tengamos una rebaja de calificación (de la OCDE) y tengamos que salir a legislar o a introducir cambios de manera apurada”, dijo Oddone según consta en la versión taquigráfica y agregó que sería “altamente frustrante” llegar a fin de año a firmar el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y que Uruguay sea el único país del bloque que no esté calificado como “ampliamente cooperante” con la OCDE, estatus que sí tiene hoy en día.
La propuesta inicial del gobierno eliminaba la intervención judicial y la notificación previa al involucrado. Luego de una serie de planteos de la oposición, el Ministerio de Economía reintrodujo la participación del Poder Judicial pero le puso plazos (10 días hábiles) para expedirse y estableció que si no había una resolución se consideraba como habilitado el levantamiento del secreto bancario.
Pese a los cambios, la oposición en Diputados no acompañó y ese artículo quedó por el camino. Ahora en la discusión en la cámara alta el tema volvió a estar sobre la mesa y el senador colorado Pedro Bordaberry podría ser un aliado. Si bien en el Senado el Frente Amplio no precisaría los votos de la oposición, tiene que asegurarse que el acuerdo se respete en Diputados.
“Recién el senador Bordaberry se aproximó a nosotros y estuvimos discutiendo con Guillermo Nieves, subdirector de la DGI. Eventualmente encontraremos un camino que nos conforme a todos manteniendo el equilibrio entre la garantía para el contribuyente –es algo que el equipo económico de este gobierno pretende defender a rajatabla–, pero al mismo tiempo indicando que no podemos desconocer que si hay advertencias y comentarios de un organismo internacional que establece reglas, que después otros usan para introducir sanciones, no podemos ignorarlas”, expresó Oddone.
El senador Bordaberry ya presentó una redacción alternativa –similar a la que el diputado colorado Conrado Rodríguez había presentado en Diputados– que busca acortar los plazos. A grandes rasgos plantea tiempos similares a los del Poder Ejecutivo pero elimina la parte de silencio positivo –que se concede la autorización si no hay pronunciamiento– y agrega la notificación al involucrado en el mismo momento en el que se pronuncia el juez.
Además, incluye lo que se conoce como “proceso monitorio”, una forma de simplificar y acelerar el trámite judicial respecto al incidental que está vigente en la actualidad. Con el cambio, el juzgado se pronuncia sobre el fondo del asunto antes de notificar al señalado. Esta alternativa aun no fue estudiada en profundidad por los senadores oficialistas pero al menos plantea una alternativa sobre la cual discutir.
