A 22 años de la salida del último tren de la noche, el engorroso periplo para rescatar a la abandonada Estación Central General Artigas afronta un giro decisivo. Estado y privado se sentaron a negociar para terminar de una vez con las demandas cruzadas. El anterior gobierno avanzó en un “acuerdo transaccional” con Glenby SA, la empresa de Fernando Barboni que en 2013 le inició un juicio millonario al Estado y, al filo de un cambio de signo en las elecciones, solo faltó ratificarlo.
El anterior directorio de esa institución prorrogó una resolución por 180 días, por lo que las nuevas autoridades se aprestan a afinar la propuesta de cara a julio, según reconstruyó El Observador.
“Estamos coordinando con el Ministerio de Vivienda y con el BHU –que estaba llevando buena parte de la negociación judicial– a los efectos de concretar un acuerdo que permita saldar con quien reclama desde hace décadas derechos sobre eso a los efectos de que si tenemos oportunidad se pueda poner en valor la Estación Artigas”, dijo la semana pasada la ministra Etcheverry.
20250516 Entrevista a Lucía Etcheverry.
Foto: Inés Guimaraens
Frugoni, consultado para esta nota, prefirió no adelantarse a los hechos hasta no tener nada concreto, mientras se afirma en el cargo que asumió hace pocas semanas.
No llegó a votarse
El asunto tuvo carácter reservado en el directorio del BHU el período pasado. Por eso, sin actas y habiéndose tratado en más de una ocasión, las versiones tienen pequeñas variaciones en cuanto a las fechas, pero todas coinciden en un punto central: no hubo unanimidad y por eso quedó para la siguiente administración.
“Ante la inminencia del cambio de gobierno, porque ya estaba el resultado del balotaje, y en tanto el que era representante de la oposición hoy es el presidente del banco, nos pareció prudente suspender el proceso y generar un plazo de 180 días para que el nuevo gobierno genere una posición”, declaró a El Observador quien era vicepresidente de la institución, Giacomino Di Matteo.
Este exjerarca por el Partido de la Gente sostuvo que era un tema de “tal envergadura” que argumentó en el directorio que era “prudente” que “no se cerrara ante el cambio de gobierno”, aunque aclaró: “Fue un tema de oportunidad, no de análisis de conveniencia, porque estaba el resultado de la elección”.
Casilda Echeverría, del Partido Nacional y entonces presidenta del directorio, relató que fue pocos meses antes de la elección nacional pero que de todos modos no procedieron a tratarlo porque Frugoni (del Frente Amplio) no estaba convencido. Este último sí transmitió razones de tiempos políticos, pero también adujo otros motivos referidos al detalle fino de la negociación.
La presidenta del BHU venía coordinando de forma directa con el exministro de Transporte, José Luis Falero. Ella iba con el asesor letrado del banco, Héctor Dotta, y el ministro llevaba el caso con la directora de Secretaría de la cartera, Graciela Soler.
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La Estación Central fue una obra del ingeniero Luis Andreoni y se inauguró en 1897 a instancias de la empresa “Central Uruguay Railways, Ltda.”
Diego Battiste
Esa comisión había afinado con Glenby SA un principio de acuerdo para laudar el juicio, que mientras tanto sigue su curso con demandas cruzadas.
US$ 2 millones para expropiar
Con el empresario Fernando Barboni ya entrado en años, desde el anterior gobierno reconocen que hubo un quiebre una vez que su familia comenzó a tener mayor incidencia en el juicio en procura de acelerar su final. Glenby SA ya había perdido su demanda por US$ 1.000 millones iniciada al Estado en 2013 y tiene otras causas abiertas en juzgados.
A pesar de los muchos anuncios de intenciones para la Estación Central, ninguno llegó a materializarse porque la playa de maniobras sigue sujeta a la trama judicial. Son dos padrones de casi cuatro hectáreas, es la parte más extensa del recinto, un coloso abandonado que, salvo desde la Torre de las Telecomunicaciones, desde algún apartamento con vista privilegiada o por contadas visitas, recién quedó a la vista pública con la elevación de la rambla portuaria en el Viaducto.
En el acuerdo logrado en el pasado período el Ministerio de Transporte (MTOP) se comprometía a pagarle a Glenby SA unos US$ 2 millones para expropiar los padrones en cuestión, según confirmó El Observador con fuentes al tanto de las tratativas.
La cifra a ser transferida por la cartera era bastante mayor pero destinada a licuarse entre varias deudas acumuladas por la empresa en estas casi dos décadas de inactividad. Poco más de de US$ 13 millones correspondían al BHU y a Saduf, la sociedad creada por el organismo durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti para apuntalar los desarrollos urbanísticos en el barrio La Aguada en el marco de la apuesta por el Plan Fénix.
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Exministro de Transporte, José Luis Falero, negoció el período pasado con Glenby SA
Foto: Diego Battiste
Otros casi US$ 3 millones serían para liquidar las deudas de Glenby SA con la Intendencia de Montevideo y la Dirección General Impositiva (DGI). Todas las cifras habían sido avaladas en las conversaciones entre gobierno y la defensa de la empresa, a cargo del abogado Andrés Mariño.
La suma total para el MTOP equivalía a US$ 14 millones, en tanto ya tenía otros US$ 4 millones depositados en el juzgado en virtud del proceso expropiatorio.
Otro ingrediente no menor para la negociación es que dentro de los predios a expropiar están ubicados el Centro de Control de Tráfico y el Centro de Monitoreo para la infraestructura del Ferrocarril Central, por lo que al predio podía llegar a aplicársele la exoneración de IRAE tal como al resto de las expropiaciones en el marco de ese proyecto.
Las anteriores autoridades consideraban que era un acuerdo beneficioso para el Estado que el nuevo gobierno está en condiciones de revalidar, aunque la actual gestión no descarta mejorar los términos, incluso con un juicio en paralelo que les está siendo favorable.
Larga historia
Desde el propio Plan Fénix que los gobiernos de todos los colores promueven inversiones inmobiliarias y culturales en la vieja estación de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). La misma Glenby SA había ganado la concesión en 1998 para desarrollar un centro comercial, torres de apartamentos y hasta un hotel lujoso, pero en plena crisis económica los planes se precipitaron al fracaso con sucesivas demoras para tomar posesión de este predio que aún albergaba instalaciones ferroviarias.
A eso se sumó la posterior negativa de la constructora a tomar posesión de la propiedad, envuelta en paralelo en varias polémicas por su influencia en la administración del BHU en tiempos de Salomón Noachas. A Barboni también corresponden, por ejemplo, los esqueletos de viviendas abandonados sobre el kilómetro 28 de Médanos de Solymar.
En el caso de la Estación Central el Estado es defendido desde hace años por el Estudio Ramírez, hoy representado por el abogado Gabriel Valentín. El MTOP paga más de US$ 20 mil mensuales por vigilar este monumento declarado Patrimonio Histórico en 1975, una estación construida por el prestigioso ingeniero Luigi Andreoni a fines del siglo XIX que está abandonada hace más de 20 años.
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Diego Battiste
El anterior gobierno impulsaba destinar una parte de la extensa playa de maniobras a descongestionar la terminal de Río Branco, reubicando a unos cuántos de los ómnibus suburbanos. Se hablaba de una “estación multimodal” que combinara a los buses con la llegada del tren de pasajeros una vez que estuviera consolidado.
Ahora la nueva administración es mano para, al decir de Etcheverry, “poner en valor la Estación Artigas”, un territorio otrora ganado a la ribera del Río de la Plata que hace más de un siglo se erigió como otra emblema de un Uruguay en desarrollo.
