10 de septiembre de 2026 5:00 hs

La polémica por la licitación del Instituto de Alimentación (INDA) para comidas refrigeradas para refugios y comedores de Montevideo continúa luego que el presidente Yamandú Orsi no validara el resultado.

La empresa Delibest (Fedir SA), que venía siendo la principal proveedora, volvió a denunciar este miércoles ante Presidencia que el INDA ha seguido adelante y ahora busca validar mediante compras directas por excepción comidas ya entregadas que fueron adquiridas sin que la licitación fuera adjudicada.

En la denuncia, a la que accedió El Observador, Delibest también cuestionó que el INDA haya realizado un llamado express y luego de presentadas algunas ofertas prorrogado el plazo para presentarse.

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“Vengo a ampliar la denuncia oportunamente radicada, por nuevos actos de carácter arbitrario por parte de la dirección de INDA, en claro y manifiesto perjuicio tanto de la administración como de Fedir SA”, comienza diciendo el texto.

La denuncia se concentra en una convocatoria realizada inicialmente el viernes 4 para una serie de compras directas por excepción. Ese llamado tenía como plazo para presentar ofertas este miércoles 9 a las 11, pero el martes el INDA envió otra solicitud de cotización en la que aumentó la cantidad de platos solicitados (de 59 mil a 200 mil). Y este miércoles cuando se cumplía el plazo lo extendió hasta el viernes a las 12.

“Dispusieron una prórroga fuera de plazo, extemporánea, que deviene ilegítima y pone en jaque las garantías”, agrega en este sentido.

El texto menciona que se está “en “un accionar absolutamente arbitrario, falto de garantías mínimas y poniendo en jaque la transparencia que debe regir su actuación” ya que “se ha resuelto fuera de plazo, prorrogar la fecha límite de presentación, sin asegurar que los competidores no puedan acceder a la cotización ya presentada por Fedir SA (a diferencia de las licitaciones, donde las ofertas no pueden presentarse hasta el cierre precisamente para evitar esto)”.

A juicio de la empresa, el INDA está utilizando “vías oblicuas de excepción para pretender regularizar la ilegítima ejecución de un contrato inexistente, ya que no ha adjudicado la licitación”.

“Desde hace más de un mes se encuentra recibiendo productos por parte de proveedores sin ningún marco legal que le ampare”, subraya.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, dijo este miércoles en el Parlamento que las denuncias eran "cosas normales" en la administración pública cuando se hacen licitaciones y que no correspondía que el Mides hiciera comentarios porque aún no está ajudicada.

A juicio de la empresa, la decisión de hacer compras por una cantidad idéntica a la que había resultado de la licitación para cada una de las empresas contraviene el artículo 32 del Tocaf, el cual considera “grave” fraccionar un gasto “artificialmente para que la operación encuadre en determinados límites”.

Ese texto también señala que el “funcionario que comprometa cualquier erogación sin estar autorizado para ello será responsable de su pago, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponderle”.

La licitación es para la compra de hasta 3,6 millones de comidas refrigeradas por unos US$ 24 millones.

El proceso comenzó en 2025 y luego la Comisión Asesora de Adjudicaciones (Cadea) formuló “solicitudes de aclaraciones” a los participantes, lo que entienden que les habilitó “una nueva oportunidad en la que completaron o modificaron su oferta”.

En febrero, la Cadea sugirió adjudicar la licitación a “todos los oferentes” con diferentes cantidades dejando último a Delibest. A juicio de la empresa esto se generó por una “errónea ponderación de los antecedentes” que impactó en el puntaje global de cada uno. “El orden de prelación quedó viciado por los manifiestos errores en la consideración de los rubros analizados”, señaló.

La empresa aseguró que en agosto el INDA comenzó a ejecutar el procedimiento millonario “sin que existiera ninguna resolución” ni “acto administrativo dictado por ninguna autoridad competente”.

A su vez, denunciaron que algunos oferentes transportaron la comida en “cajones plásticos, apoyándola directamente en el piso”, entregaron viandas que vencían en el mismo día o tenían el rótulo incompleto, que hubo frutas suministradas “directamente desde el cajón del proveedor de frutas, sin una sanitización e higienización previas” y se distribuyó pan “sin fecha de elaboración y producido por otro elaborador”, además de que se están utilizando “vehículos que no fueron declarados en la oferta”.

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