Mientras define a qué astillero le encarga la construcción de las patrullas oceánicas para la Armada, el gobierno de Yamandú Orsi le confirmó a Estados Unidos el interés de Uruguay de recibir la donación de un buque de la clase Reliance de la Guardia Costera.
La propuesta había sido realizada en enero al viceministro de Defensa, Joel Rodríguez, por parte de la embajada en una comunicación en la que lo pusieron al corriente de una oferta que había estado a estudio del gobierno uruguayo en 2022.
En ese entonces, la Armada transmitió al ministro de Defensa, Javier García, que no le interesaba porque el buque era muy viejo, de acuerdo con documentos de la época a los que tuvo acceso El Observador.
El 1 de febrero de 2022, el jefe de la Oficina de Cooperación de Defensa, Jared M. Wilhelm, le envió una nota al comandante de la Armada, Jorge Wilson, en la que le informó que al año siguiente la Guardia Costera iba a dar de baja algunos buques por lo que estarían disponibles para la “compra o donación” a países socios como Uruguay.
Wilhelm mencionó que había cuatro patrulleros de la clase Island y uno de la Reliance, por lo que si el país estaba interesado debía comunicarse “lo antes posible”.
La propuesta fue estudiada por la Armada, cuyo comandante envió el 7 de febrero un oficio a García en el que transmitió que la fuerza no estaba “interesada” por “tratarse de plataformas construidas en última instancia en el año 1968, con al menos 54 años desde su botadura, excediendo ampliamente la antigüedad que la Armada Nacional entiende como aceptable”.
Respecto a los de la clase Island, dijo que podían estar interesados siempre y cuando fueran entregadas “en su condición actual, sin entrada a dique previa a su transferencia, desde donde se encuentran estacionadas al día de hoy y con la posibilidad de que su traslado al país se realice navegando bajo pabellón nacional”.
Por último, el comandante expresó que si la oferta era para incorporar los buques bajo un proceso de transferencia similar al establecido para las Protector (con ingreso a dique para reparaciones), no la aceptaban porque no tenían dinero para afrontar los costos.
“La adquisición debería ser sin costo para la Armada Nacional”, concluyó.
Las características
Al estudiar los planteos, la Armada señaló que había 16 buques de esta clase. 11 estaban en el Océano Atlántico y el Golfo de México, 3 en el Océano Pacífico y los 2 restantes habían sido desafectados del servicio. “La misión primaria de estos buques es de control de aguas jurisdiccionales y búsqueda y rescate”, dice el informe.
La marina uruguaya destacó que todos habían sido construidos en astilleros americanos y puestos en el agua en la década del ‘60. “Fueron concebidos específicamente para operaciones de búsqueda y rescate en alta mar, caracterizándose por una alta capacidad de habitabilidad para su tripulación. El puente de mando ofrece visibilidad de 360 grados, además de poseer cubierta para operaciones con aeronaves de ala rotatoria”, agrega.
A su vez, a principios de 1986 se les aplicó un programa de mantenimiento de vida media. Se estandarizaron las plantas propulsoras de todos los buques, hubo un rediseño del sistema de escape de los gases de combustión de los motores, se hicieron actualizaciones y reposición de equipamiento electrónico y se modernizaron las piezas de artillería.
“Habiendo sido el costo de construcción de cada buque de US$ 3,5 millones, las reparaciones y actualizaciones de vida media tuvieron un costo total de US$ 20 millones”, menciona el documento y destaca que uno de los buques fue transferido a la Armada de Sri Lanka mientras que otro a la Armada de Colombia. Ambos permanecen en servicio.
Los riesgos
En una rueda de prensa este jueves, el presidente Yamandú Orsi dijo que había que hacer “una inversión para ponerla a andar” que no era “muy grande” aunque para Uruguay significaba “bastante”.
Fuentes de Defensa estimaron a El Observador que poner a punto la embarcación para que pueda venir navegando hasta Uruguay saldría entre US$ 8 y US$ 14 millones, aunque la cifra final se establecerá luego que la Armada realice una inspección técnica. Hasta el momento, el embajador Daniel Castillos y el agregado naval Daniel Di Bono solo hicieron una visita.
Una de las incógnitas que hay que despejar es si los motores con más de 58 mil horas de uso y unas 40 de vida útil están en condiciones de atravesar el Mar Caribe y el Océano Atlántico por Brasil o deben ser intervenidos previamente. También debe establecerse si soporta los helicópteros Agusta Bell 412 uruguayos o si hay que adaptarla. InfoDefensa informó que en 2003 al buque donado a Colombia tuvieron que realizarle trabajos durante dos años para que pueda soportarlos.
Previamente, al anunciar la rescisión con Cardama, Orsi había dicho que el buque ofrecido por Estados Unidos no llegaba a patrullar todas las aguas territoriales uruguayas pero era una “solución intermedia”.
El buque propuesto para la donación es el USCG Dauntless, que fue dado de baja en junio de 2024. Se desplaza a 1.145 toneladas, tiene 64 metros de eslora y está armado con un cañón de 25mm y dos ametralladoras calibre .50. Puede navegar hasta las 100 millas náuticas pero no está en condiciones de hacerlo a océano abierto, algo que sí pueden hacer las OPV dado que son más grandes (tienen más de 80 metros de eslora y a partir de 1.500 toneladas).
Más allá de la negativa de 2022, ahora las voces de la Armada están divididas respecto a la posibilidad de incorporar el buque, según reconstruyó El Observador. El comandante José Luis Elizondo envió un informe a la ministra Sandra Lazo en el que transmitió su posición en un escenario complejo por la falta de medios para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Una fuente naval señaló que puede ser útil para 7 u 8 años y funcionar como gap filler, ya que mantiene la capacidad de patrulla mientras se resuelve qué OPV comprar. Este informante dijo que Estados Unidos suele exigir un mínimo de reparaciones para que el buque navegue con seguridad cuando sea entregado. Definió ese viaje por el Mar Caribe y la costa Atlántica de Brasil como complejo por los oleajes y pidió una inspección técnica seria para poder cotizar cuánto sale la reparación.
En tanto, otro consultado, planteó una posición distinta. Dijo que incorporar un buque que está a punto de finalizar su vida útil no es una buena opción ya que el tema logístico es crítico -por los repuestos- y puede transformarse en un problema en el corto plazo por lo que era un sacrificio innecesario de recursos.
