Como todos los jueves, los ediles de Montevideo volverán a verse las caras en una nueva sesión de la Junta Departamental, cuya gestión está bajo la lupa por las contrataciones del nacionalista Gonzalo Gómez descubiertas en la operación Trazador.
El blanco solicitó licencia la semana pasada hasta el 22 de octubre, y prevé renovarla, al menos, hasta el verano, según transmitió en los últimos días a algunos dirigentes del Partido Nacional.
Gómez aprovechará esos meses para definir su futuro político, ya que el directorio blanco lo suspendió por dos años, tiempo en el que también “debería” apartarse del cargo. El condicional en el planteo obedece a que la banca le pertenece al edil, por lo que los nacionalistas no pueden obligarlo sino que deben limitarse a sugerir.
Si bien salió por unanimidad, tal como dijo el presidente blanco Álvaro Delgado en conferencia de prensa, la sugerencia no formó parte del pronunciamiento del comité de ética –que solo promovió la sanción– ni de la resolución de la secretaría de asuntos políticos, que tras una primera discusión, planteó al directorio aprobarlo tal como venía.
Según reconstruyó El Observador con fuentes nacionalistas, el rumbo cambió tras una intervención del director Jorge Larrañaga Vidal, el último anotado para hablar. El dirigente de Paysandú planteó que respetaba a la comisión pero no estaba de acuerdo con lo propuesto. Dijo que la sanción era “muy floja”, que debían ser “más severos” y que la medida tenía que ser “ejemplarizante” porque el caso era “grave”.
A partir de ahí, de acuerdo con los informantes, se abrió una nueva discusión en la que las fichas del dominó se inclinaron hasta llegar a la inclusión –por consenso– de que debía dejar la banca durante el tiempo en que estuviera sancionado.
Entre los que argumentaron en este sentido estuvieron Santiago Gutiérrez Silva, Javier García y Luis Alberto Heber, aunque estos últimos dos venían de avalar lo propuesto por asuntos políticos.
Al cerrar el intercambio, Delgado reflexionó –en línea con lo que había expresado Armando Castaingdebat– que estaban dejando la vara alta y por encima de lo que había sugerido ética, lo que configuraba una nueva realidad que era necesario sostener de cara al futuro.
Durante la sesión, los dirigentes no hablaron únicamente sobre el contenido de la sanción, sino que transmitieron su parecer sobre todo lo ocurrido, lo que derivó en comentarios acerca de que Gómez era “víctima” de un “sistema perverso” en referencia a que los ediles son honorarios pero tienen que administrar partidas que encubren salarios. La coincidencia fue que era necesario avanzar sobre ese punto, tal como señaló el senador Martín Lema en la conferencia.
A su vez, las directoras Gloria Rodríguez y María de Lima cuestionaron a Por la patria –el sector encabezado por Jorge Gandini– porque, a su entender, Gómez fue dejado solo y su actuación no se explica de forma individual sino como parte del grupo.
Previamente, De Lima también había expresado su malestar con el presidente de la juventud, Tomás Casaretto, durante la reunión de asuntos políticos.
La directora le señaló que “nadie la iba a mandar callar”, en referencia a un audio de Casaretto en el que dijo estar "bastante decepcionado" con el "manejo público" de la situación del edil y que algunos dirigentes estuvieron "queriendo cabecear demasiados micrófonos de forma innecesaria".
De Lima fue una de las que realizó declaraciones sobre el tema y se mostró crítica junto a los senadores Sergio Botana y Sebastián da Silva, entre otros. La respuesta en la sesión fue del director de la juventud, Agustín De Mello.
