El prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz convocó a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, tras la condena por lavado de activos del narcotráfico de Pablo Leiva, asesor de un edil del Partido Nacional de Montevideo.
La instancia será el próximo martes y tendrá como fin "analizar los riesgos asociados a operaciones de lavado de activos vinculadas al narcotráfico y la corrupción pública", según escribió Díaz en sus redes sociales. Dicha comisión es dependiente de Presidencia de la República y presidida por el propio prosecretario, además de estar integrada por otras autoridades del gobierno.
Mediante la "Operación Trazador" la Policía incautó 260 kilos de pasta base, más de $ 3 millones en efectivo (que estaban en la casa de Leiva), varios miles de dólares, vehículos de alta gama, armas y municiones.
Entre los ya condenados está Pablo Leiva, exasesor del edil blanco Gonzalo Gómez (fue desvinculado cuando se conoció su participación en el caso), pero también el líder de la banda que traficaba droga y su pareja. La operativa se centraba en la venta de drogas en los barrios Marconi, Villa Española y Pérez Castellanos. Y Leiva se encargaba de blanquear el dinero.
Durante la investigación policial surgió que Leiva, además, realizaba operaciones en un local de cobranzas de la cadena Abitab propiedad de Jorge Gandini y su esposa. Esto, sin embargo, no fue objeto de investigación en la órbita de Fiscalía cuando se llegó a la condena.
Gandini convocó días atrás a una conferencia de prensa para explicar que no conocía a Leiva —sí a su hijo, militante de Por la Patria y también contratado (y luego desvinculado) como asesor del edil Gómez— y que no tenía ningún tipo de vínculo con la actividad ilícita de esta persona.
Dijo que era cliente habitual del Abitab porque vivía cerca y que allí había pagado un par de facturas del BPS vinculadas a dos empresas constructoras y también alguna del DGI. Según el exsenador blanco, Leiva padre no utilizaba la ventanilla del Abitab destinada al cambio de moneda.
Esta semana se conoció que el edil Gómez pedirá licencia a su banca en la Junta Departamental de Montevideo hasta que la Comisión de Ética de su colectividad se expida sobre su caso. El representante además dio una conferencia de prensa en la que dijo no tener conocimiento de las actividades ilícitas en las que estaba involucrado su asesor.
El edil (del sector liderado por Gandini) también tenía contratado como asesor a Lucio Leiva, hijo del hoy condenado, que renunció el domingo a su cargo como colaborador. Leiva hijo también fue detenido en el operativo, pero luego liberado por la Justicia.
Padre e hijo cobraban sueldos nominales de $52 mil por sus tareas en la junta y formaban parte del equipo de cinco asesores que tenía Gómez, quien sostuvo en la conferencia que no veía "mérito" para renunciar a su banca, porque él no podía saber qué hacía Leiva en su intimidad.
