5 de marzo 2026 - 9:20hs

Heber, quien también fue ministro del Interior, expresó que el organismo está “herido de muerte” y destacó como “impecable” la argumentación del director en representación de la oposición, Luis Calabria, quien votó en contra de la resolución.

“La Jutep ya viene herida de muerte, con su presidenta (Ana Ferraris) muy cuestionada y con una visión muy partidizada, que no da garantías en el sistema político. Para mí es indignante”, afirmó Heber en diálogo con el programa Doble Click (Del Sol FM).

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El exlegislador subrayó que en el Poder Ejecutivo se firman “una cantidad de cosas” y que muchos de esos asuntos son “meros trámites”. “Se toman decisiones en otros ámbitos. Si le corresponde una exoneración no lo dice el ministro, lo dice una comisión especializada que requiere una serie de datos. No es una decisión especial, es de trámite”, explicó.

Heber también comentó que “tampoco está penalizado el hecho de que por ser marido de la ministra no pueda hacer nada y tenga que ser un paria; tiene su trabajo y su proyección. Presentó una solicitud como cualquier hijo de vecino y le fue aprobada por la comisión especializada; lo que hace es ratificar lo que establece otra comisión. No es una decisión de ella”, agregó.

Por último, Heber calificó la resolución de la Jutep como “traída de los pelos” y con “intencionalidad política”, considerando que se trató de un “ataque” al pasado gobierno y a la exministra, quien finalizó su gestión “muy bien” y “muy prestigiada”.

Además, en redes sociales, el legislador blanco indicó que "el ataque a Azucena es atacar, no solamente a una persona ejemplar y digna de admiración, sino que se lo hace para atacar la esencia del gobierno anterior".

"Así, la Jutep no tiene razón de ser, se disfrazan posiciones políticas del gobierno bajo el título de la ética. ¡Lamentable!", calificó.

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El documento de la Jutep señala que Arbeleche “violentó las normas de conducta en la función pública” al otorgar beneficios a la empresa Lanafil SA y se ampara en el Código de Ética en la Función Pública, que establece que ningún funcionario debe ejecutar decisiones que involucren a empresas con las que tenga vínculos familiares.

En su respuesta, Arbeleche aseguró que actuó siempre “ajustada a derecho”. “Actué en todo momento con estricto apego a la legalidad y a los principios que rigen la función pública. El procedimiento seguido se ajustó plenamente a la normativa vigente en materia de promoción de inversiones, sin apartamiento alguno de los criterios técnicos aplicables”, indicó la exministra.

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