Esa Estrategia elaborada por el asesor y experto en temas de lavado contratado por el gobierno pasado Alejandro Montesdeoca aun no fue aprobada y la nueva titular de la Senaclaft, Sandra Libonatti, dijo semanas atrás que se está en un proceso de revisión de esa estrategia y esperan “aprobarla muy pronto”.
20250520 Conferencia: Perspectiva de la prevención de lavado de activos en Uruguay.
Foto: Inés Guimaraens
Pese a estar en el camino correcto en materia legislativa, Buela se refirió a “varias perillas” que que “deben ajustarse y monitorearse continuamente”.
Así observó que “se deberían observar más condenas por lavado”. “Para lograr alimentar ese indicador, quizás no haya margen para seguir cargando más normativa y regulación, pero el camino no parece ser el de aliviarla, como se hizo en el periodo pasado”, señaló.
Si bien la lucha contra el lavado se suele medir por los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Buela indicó que si bien el sistema debe producir ROS, “el desafío también es que estos sean de calidad”.
Opinó que la supervisión "dura" no es el único camino para conseguirlo: “La capacitación y la generación de un ámbito de confianza en los supervisados parecen ser recomendables”.
En ese sentido, consideró que le cabe un rol al Estado ya que “debe desempeñar su papel, proveyendo recursos para una supervisión más efectiva mediante el uso de inteligencia, y lo mismo aplica para el Ministerio Público con las investigaciones”, afirmó.
Cómo le fue a Uruguay en la evaluación de 2019
En las evaluaciones que hace GAFI se analiza si el país cumple con las recomendaciones del organismo en cuanto a su marco normativo y los medios coercitivos aplicados por las autoridades competentes. Buela señaló que este pilar se evalúa con indicadores basados en cada una de las 40 Recomendaciones del GAFI, asignando las siguientes calificaciones: cumplida, mayormente cumplida, parcialmente cumplida o no cumplida.
En su última evaluación de 2019, Uruguay obtuvo 23 calificaciones de "mayormente cumplida" y 16 de "cumplida" (con una "no aplica"). "Esto significa que un 40% de las recomendaciones recibieron la máxima nota posible y el resto fueron satisfactorias, lo que constituyó una evaluación técnica, sin duda, muy positiva”, afirmó el experto.
Por otro lado, el GAFI mide la efectividad a través de 11 indicadores, denominados "resultados inmediatos". De estos, ocho se refieren a la prevención del lavado de activos, dos al financiamiento del terrorismo y uno al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El GAFI asigna cuatro calificaciones a estos indicadores de efectividad: alta, sustancial, moderada o baja.
En este caso, en 2019 Uruguay obtuvo una calificación de "moderado" en los 11 indicadores (aunque nos centraremos en los ocho primeros). “Esta nota se considera no satisfactoria”, explicó.
Las perillas a ajustar para la próxima evaluación
De cara a la próxima evaluación, Buela señaló que las consecuencias de no obtener resultados satisfactorios serán más severas que en la actualidad, incluyendo la posible inclusión del país en las temidas listas de países “bajo mayor monitoreo” o “lista gris”. Esto significa que mantener estos indicadores en “moderado” podría generarnos problemas.
En ese sentido, se refirió a las perillas a ajustar en relación a los ocho indicadores de “resultados inmediatos” en prevención de lavado de activos sobre los que nos mirará GAFI.
Sobre el primero que es el “entendimiento de los riesgos y acciones emprendidas”, Buela consideró que la Ley 19.574 "ha tenido como punto polémico la Ley de Urgente Consideración (LUC) del gobierno anterior, que bajó la percepción de riesgo de las operaciones realizadas a través del sistema financiero, aliviando los requisitos de debida diligencia y subiendo el monto mínimo autorizado de operaciones en efectivo".
“Ya es un anuncio del nuevo gobierno que ambas situaciones serán modificadas. La crítica que hizo GAFILAT, y que se mantuvo en la autoevaluación de riesgos, es la falta de coordinación entre los distintos organismos del Estado, como la Senaclaft y la UIAF, con otros como la DGI, BPS, DNA y AIN, entre otros. Las nuevas autoridades de Senaclaft ya lo han incluido como una meta para su gestión”, señaló Buela.
El segundo indicador es la cooperación internacional que mide el nivel de asistencia legal mutua y otras formas de cooperación que Uruguay brinda a nivel internacional, mientras que el tercero es la evaluación de la supervisión llevada adelante por la Senaclaft a los sujetos obligados del sector no financiero, en el que según Buela, “se aprecia una pronunciada baja en el último periodo de gobierno, aunque las autoridades de Senaclaft de dicho periodo insistieron en que habían elegido una estrategia de supervisión basada en riesgos, supuestamente mejorando la calidad por sobre la cantidad”.
Los números de la propia Senaclaft indican que mientras en el gobierno del Frente Amplio, entre 2015 y 2019, se realizaron 1.700 inspecciones, en el gobierno de la coalición multicolor las inspecciones bajaron a 694 (el dato incluye sólo el primer semestre de 2024).
Según los datos, los sectores más inspeccionados fueron los escibanos en ambos períodos con 560 y 216 inspecciones, seguido de las zonas francas con 429 y 181, inspecciones entre 2015-2019 y 2020-2024.
Buela destacó también que el sector proveedores de servicios, considerado de alto riesgo por el GAFI y por Uruguay en su Autoevaluación de Riesgos, no fue inspeccionado en el periodo anterior.
“Las actuales autoridades han anunciado que sí lo será en el actual periodo. También han resaltado que, para ellas, la cantidad de inspecciones es un factor determinante para una buena supervisión, más allá de aplicar también la supervisión basada en riesgos”, agregó.
En este punto Buela mencionó los casos de estafas de corredores de bolsa intervenidos por el BCU por serias irregularidades, a los casos de los llamados fondos ganaderos y una posible estafa con criptomonedas, "donde aún se discute quién debió haberlos supervisado". Afirmó que esos casos "han puesto tanto a la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) como a la Senaclaft en situaciones incómodas”.
El cuarto indicador que es el cumplimiento de los reportes por parte de los sujetos obligados, Buela señaló que si se comparan los dos últimos períodos de gobierno los reportes del sector no financiero bajaron 23% a 8% del total de ROS pero "si se analiza la calidad de los ROS, cuya medida puede ser la cantidad de ROS que la UIAF remitió a Fiscalía, lo que significa que tenían sustancia para iniciar una investigación más allá de los vaivenes en la cantidad total de ROS presentados, la calidad podría considerarse variable pero, a largo plazo, estable”.
En relación al 5° indicador que es el uso indebido de las personas jurídicas y disponibilidad de la Información de los beneficiarios finales, Buela subrayó que en el proceso de la Evaluación Nacional de Riesgos, se identificó a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) que se constituyen online sin la participación de ningún profesional independiente como de mayor riesgo, y las actuales autoridades de Senaclaft han anunciado que se tomarán medidas para limitar este riesgo.
El experto indicó que otra falencia que debe corregirse a nivel de Estado se encuentra en relación con el 6 indicador que es el uso de inteligencia financiera. “En épocas de inteligencia artificial y uso de big data se precisan recursos y falta más interacción entre los distintos organismos del Estado para compartir información de las diversas bases de datos en su poder”.
Sobre los últimos dos indicadores, que son investigación de delitos de Lavado, procesamientos y sancionados y los decomisos e incautaciones, Buela apuntó a "una tendencia creciente en las personas condenadas por delitos precedentes, y una baja en las personas condenadas por lavado. El delito crece, pero no crecen las condenas por lavado". En tanto, los decomisos se han mantenido en entre US$ 1 millón y US$ 3 millones "sin tendencia de crecminiento; por el contrario, es bastante constante", concluyó el contador.
